Por Roberto Feletti
Las proyecciones del ministro de Economía van en sintonía con una reestructuración que permita crecer y empezar a pagar. Los riesgos que enfrenta.
En cumplimiento del apretado cronograma de reestructuración de la deuda pública con tenedores en el exterior, el ministro de Economía Martín Guzmán concurrió a la Cámara de Diputados de la Nación a presentar los “lineamientos económicos generales del plan de deuda pública”. En una exposición de poco más de una hora, conceptualizó con precisión la grave crisis de sector externo que vive la Argentina, desatada a partir del vertiginoso y voluminoso endeudamiento que padeció el país en el lapso 2016-2019, sin contraprestación productiva. Dejó en claro que el proceso de negociación en curso no implicará nuevas penurias y sufrimientos para los argentinos sino que, por el contrario, se instalará un modelo de producción y consumo que permita afrontar con éxito la cancelación de los pasivos contraídos.
El propio ministro calificó de “realista” su exposición en cuanto a las proyecciones concretas sobre el futuro inmediato. En esa dirección, definió las siguientes metas:
- Un crecimiento del PIB en torno al 2% anual.
- Un incremento de las exportaciones que permita sustentar la mayor demanda de insumos importados, resultante de la expansión económica, que deberá ser próximo al 5%.
El objetivo de equilibrio fiscal se alcanzará al final del mandato del actual gobierno en el año 2023, y procurará desenvolverse con un superávit fiscal primario entre el 0,6 y el 0,8% del PIB, señalando la preocupación por evitar programas de austeridad.
Los números esbozados sin duda reflejan una moderación realista del devenir económico en los próximos años, y están teñidos por las tensiones que provocará la inminente reestructuración de la deuda pública.
El universo de deuda sujeto a negociación oscila en U$S66 mil millones con el sector privado y U$S 44 mil millones con el FMI. Correlacionando este stock de U$S 110 mil millones con las producciones macroeconómicas efectuadas en el Congreso, se puede anticipar una serie de encuentros poco amigables con ambas categorías de acreedores (bonistas y multilaterales), porque los márgenes de autonomía para las políticas de estímulo a la demanda e impulso al mercado interno emergen acotados.
Tal vez eso explica el realismo de los pronósticos del ministro Guzmán.
Decíamos en columnas anteriores que, en las experiencias peronistas previas, las reestructuraciones de deuda surgidas de la crisis de 1989 y de 2001 condicionaron las décadas de ambos gobiernos, el de Carlos Menem en los ’90 y el de Néstor y Cristina, en la primera década y media de este siglo.
Ambos ciclos post-reestructuración de deuda tuvieron períodos de crecimientos altos y prolongados, si bien de características y financiamientos distintos: la venta de activos públicos fue el sostén inicial del gobierno de Menem, y la fuerte quita del stock de deuda aunado a los derechos de exportación sostuvo la década larga de Néstor y Cristina.
En ambos períodos se logró una rebaja del peso del endeudamiento en relación al PIB, y también eso abrió las puertas de un nuevo ciclo de ingreso de préstamos del exterior que concluyó en sendas crisis. En las dos oportunidades, la Argentina volvió a colocar bonos en el exterior; en la primera, a partir de 1996, y en la segunda, a partir del 2016.
La reseña histórica permite establecer las diferencias entre esas experiencias y el abordaje presente del problema que ensaya un nuevo gobierno peronista, centrado no en negociar desde la cesación de pagos de los servicios de deuda, sino en apretar un cronograma de cierre del proceso de reestructuración en el bimestre febrero-marzo, y lograr un desahogo financiero a lo largo del mandato de gobierno.
Las proyecciones de crecimiento y equilibrio comercial y fiscal que expuso el ministro Guzmán implican aceptar un acuerdo amigable pero, como él mismo señaló, sostenido en el tiempo.
El comportamiento de los fondos de inversión acreedores de la Argentina, tenedores de distintas especies de bonos, en dólares, en pesos, nacionales y provinciales, no ha sido precisamente amigable, obligando, en el caso concreto del título dual AF20, a una reprogramación compulsiva por parte del gobierno nacional.
El realismo del planteo del ministro de Economía se apoya en ese escenario y anticipa tensiones que tal vez no permitan cumplir las metas del cronograma de negociación.
En las próximas semanas se desplegarán estos conflictos planteados por la dureza de los agentes financieros internacionales y el comportamiento de un FMI negado a asumir la responsabilidad que le cabe por un financiamiento displicente al anterior gobierno argentino. Realismo frente a la incertidumbre, pareciera ser la tónica del gobierno en este trance.
