Cobertura: Bautista Monferato / Fotos: Prensa Aires
Organizaciones sociales y políticas marcharon ayer desde el Obelisco hacia el Congreso de la Nación, en reclamo de la sanción de seis leyes prioritarias.
Trabajadores de la economía popular, personas sin techo, militantes y pueblos originarios formaron parte de la movilización que comenzó este jueves a mediodía para reclamar que se sancionen seis leyes populares de manera urgente. La convocatoria fue numerosa, aunque dividida con la legislatura porteña. “Tierra, Techo y Trabajo, leyes para el pueblo”, era el lema que acompañaba
¿Qué leyes se piden?
El Movimiento de Trabajadores Excluidos se encargó de publicar una explicación acerca de cada una de estas leyes, de la siguiente manera:
- La Ley de Envases con Inclusión Social: basada en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) servirá para crear y dignificar puestos de trabajo y reducir la contaminación causada por los envases que las empresas colocan en el mercado.
- La Ley de Acceso a la Tierra: es indispensable facilitar el acceso a la tierra a través del otorgamiento de créditos para agricultores/as familiares, promover el reordenamiento del uso de tierras fiscales rurales y proteger los cinturones verdes periurbanos, valles y oasis productivos del avance indiscriminado de actividades que los dañan.
- La Ley para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo: permitirá realizar el primer censo nacional de personas en situación de calle y avanzar con la creación de una red de centros de integración para que las personas puedan salir de la calle.
- La Prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160: Una nueva prórroga es fundamental para evitar desalojos y violencias mientras se avanza en soluciones definitivas que garanticen la propiedad comunitaria de la tierra.
- Ley de Tierra, Techo y Trabajo: propone la creación de tres millones de puestos de trabajo en la construcción dando respuesta a la emergencia habitacional.
- Ley Bety Quispe: Crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, como parte de los equipos de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) de CABA.
“Es responsabilidad de las y los diputados y senadores legislar en favor del pueblo y estas leyes no son más que garantizar derechos para los y las últimas. Recicladores, agricultoras familiares, familias sin techo, comunidades originarias y las generaciones que vienen dependen de estas resoluciones. Volvemos a las calles porque sin poder popular, no hay justicia social”, concluía el mensaje de la organización.
Red Informativa dialogó en el lugar de los hechos con Nahuel Baldi, referente del MTE de Berazategui, quien expresó: “la Ley para Personas en Situación de Calle ya está en el senado, pero necesitamos que se apruebe para poder atender como corresponde a las personas que no tienen a donde estar, y que las mismas puedan vivir mejor. En caso de aprobarse, sería la primera a nivel latinoamericano”.
Con respecto al tratamiento de la Ley de Envases, afirmó: “También es urgente que se apruebe para que las empresas se hagan cargo de los descartables que tiran, permitiendo que los mismos sean recuperados”.
“Hoy en día Argentina importa basura, la compramos del exterior porque la industria necesita abastecerse y no da abasto, al mismo tiempo que generamos toneladas de residuos por día”, continuó.
“Berazategui, por ejemplo, cuenta con el presupuesto más grande en cuanto a recolección de residuos, aunque pertenezca a un sistema municipal. Lleva alrededor de un millón de pesos por día levantar la basura de la ciudad. Allí, con las 70 toneladas que reciclamos , se recuperan alrededor de $100.000 al mes, dado que cada kilo de basura que ingresa al CEAMSE cuesta $1,50. Esto, además del valor agregado de devolución a la industria “, ejemplificó.
“Si en lugar de gastar dólares en importar basura de afuera, contáramos con una ley que nos permita recuperar los descartables que generamos dentro de nuestro propio país, no solo ahorraríamos grandes porcentajes en gasto, sino que también se cuidaría mucho más el medio ambiente, y sobre todo mejoraríamos la calidad de vida de los cartoneros y cartoneras”, explicó.
En referencia a las condiciones en las que trabajan los cartoneros, aseguró que “son muy malas en general, con obstáculos diarios que tienen que esquivar a cambio de nada, y una estigmatización que los bloquea”.
“A raíz de la organización hemos podido conseguir mejoras, como lo fue Potenciar Trabajo, que fue fundamental para que puedan llegar a tener una obra social y el monotributo que les conceda la posibilidad de jubilarse”, expandió, agregando: “Sin embargo, siguen teniendo sueldo muy bajos, ya que entre la venta colectiva y el salario promedian los $50.000 pesos mensuales, a cambio de eternas jornadas laborales”.
“Cabe destacar que, además, muchas de nuestras familias cartoneras son familias numerosas, por lo que no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, a partir de una Ley de Envases, se podría recuperar la cantidad de material suficiente como para garantizar una mejora clara en la calidad de vida”, advirtió.
El proyecto venía avanzando y estaba listo para ser llevado a votación en el recinto, pero apareció en escena la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que se opuso públicamente a su sanción. Así, la ley que propone gravar hasta el 3 por ciento del precio mayorista del producto envasado para generar un fondo que apoye las políticas de reciclado, desapareció de la agenda parlamentaria.
Luego, informó sobre el pedido de la Ley de Protección a los Cinturones Verdes (o Ley de Acceso a la Tierra): “El pedido principal nace desde los quinteros rurales que se organizan con nosotros, y es el resultado de que la producción de alimentos se lleva a cabo en sitios cada vez más ínfimos, porque los countrys avanzan”.
“Por eso mismo, precisamos de una ley que proteja esa zona productiva para que los barrios privados no sigan avanzando sobre esos terrenos, arremetiendo contra el alimento y el trabajo de los quinteros. No pedimos que se frenen, sino que avancen en otros lados”, prosiguió.
“No obstante, las personas que trabajan en esos campos no son dueños de los mismos, sino que los alquilan. Este hecho trae diversas problemáticas, porque lso alquileres son, con suerte, a tres años, lo que impide que compañeros y compañeras puedan hacer inversiones para mejorar las técnicas de cultivo”, explayó.
“Es increíble que quienes se encargan de darle de comer a todo el país, vivan en casitas de chapa y pisos de tierra por no tener el permiso para edificar. La condición de los productores es muy mala, por eso la implementación de una ley que autorice el poder comenzar con el trabajo de un acceso a la tierra, ya sea comprándola, o repartiendo terrenos fiscales de manera más productiva”, relato.
“Es obligatorio que se tomen enserio el tratamiento de estas leyes, porque son las que van a cambiarle la vida a la gente en profundidad, y van a permitir que exista una Argentina productiva, que puede salir adelante equitativamente”, sentenció.
En cuanto a la prórroga de la Ley de la Emergencia Territorial Indígena, el Senado le dio media sanción el 28 de octubre pasado; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, que puedan implicar desalojos o desocupación de tierras en las que estén emplazadas comunidades indígenas. Esta medida se formalizó hace diez días desde el Ejecutivo a través del decreto presidencial 805/21, pero los manifestantes reclaman que se convalide definitivamente desde el Parlamento.
Asimismo, se demandó la aprobación del proyecto de ley “Bety Quispe”, que lleva el nombre de una mujer inmigrante de Bolivia que vivía en la villa 1-11-14, de Bajo Flores, donde actuaba como promotora de género y en la militancia por la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dicha ley propone establecer la figura de “promotores y promotoras de género y diversidad” para que pasen a actuar dentro de los equipos de los Centros Integrales de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los convocantes que formaron parte de la marcha se encuentran Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Popular Nuestra América, el Frente Popular Darío Santillán, Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), el movimiento popular Los Pibes y el Espacio Político Aires.
