Mujeres campesinas denuncian el poco acceso a la propiedad de la tierra

Una encuesta realizada en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador mostró que siete de cada diez mujeres campesinas trabajan tierras para producir alimentos, pero apenas tres tienen el título de propiedad de esos campos.

Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en cinco países de América Latina trabajan tierras para producir alimentos, pero apenas tres tienen el título de propiedad de esos campos y terrenos, según un informe de una ONG y un medio feminista.

El estudio publicado esta semana, realizado a lo largo de este año por las periodistas del portal LatFem María Paz Tibiletti y Azul Cordo, se basa en testimonios de 1.994 mujeres encuestadas de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, entrevistas a defensoras ambientales y especialistas de la ONG We Effect y cuatro grupos focales.

“La investigación confirmó algo que intuíamos: teníamos la certeza de que son ellas quienes alimentan al mundo pero desconocíamos cómo producen, acceden a la tierra y se organizan en defensa de sus derechos”, dijo Tibiletti sobre el trabajo, que invita a cuestionar la actualidad de mujeres que trabajan la tierra en la región.

En este sentido, Cordo exhortó a los Gobiernos a elaborar políticas públicas integrales y con perspectiva de género. “Hay que empezar a buscar respuestas en la falta de políticas públicas concretas de facilitación de acceso a la tierra a mujeres”, explicó.

De acuerdo con el informe, tres de cada 10 campesinas que tienen la tierra a su nombre, lo consiguen mayormente a través de la herencia de parcelas, si se quedan viudas o si sus padres fallecieron y no tienen hermanos, y en menor medida por préstamos o alquiler.

Cordo remarcó la existencia de “una dependencia que tiene que ver con los roles de género que persisten en torno a cómo las mujeres acceden a la tierra”.

“Las tierras que se pueden alquilar en general son improductivas, están ubicadas en laderas, lugares muy secos o que tuvieron impacto ambiental. Cuando acceden, las transforman mediante técnicas agroecológicas. Y lo paradójico es que una vez mejorada esa tierra, el dueño no se la vuelve a alquilar”, agregó.

El informe afirma que la violencia ejercida sobre las mujeres campesinas por la falta de titularidad también incide en las posibilidades de acceder a créditos y servicios financieros, ya que la tierra suele ser utilizada como garantía, y esta falta de acceso las empuja a vivir en situación de pobreza, una situación que Tibiletti tildó de “alarmante”.

“El acceso a la tierra (….) también funciona como un derecho multiplicador de otros derechos sociales, económicos y ambientales como la alimentación, la vivienda digna y, particularmente, la autonomía económica de las mujeres campesinas”, señaló.

La pandemia de coronavirus agravó aún más las condiciones en las que viven las mujeres rurales y provocó una sobrecarga de tareas de cuidado sin remuneración.

Según el informe de LatFem y We Effect, el 57% de las personas consultadas dijo haber tenido dificultades en el acceso a alimentos y lo resolvió por cuenta propia o junto a su comunidad -lo que evidencia la relevancia de redes de cooperación-, mientras que el 7% acudió a autoridades para solicitar apoyo y un 17% aún continúa sin resolverlo.

“Frente a esta marcada desigualdad, es fundamental que los países de la región implementen (…) políticas públicas y programas que promuevan el acceso y titularidad equitativa a la tierra, especialmente para las mujeres”, dijo Tibiletti.