El desplazamiento se vincula a la participación que tuvieron los efectivos en la sedición del año pasado frente a la Quinta de Olivos los días 8, 9 y 10 de septiembre.
Este martes por la mañana notificaron a 400 policías por el uso indebido de armas reglamentarias y patrulleros en las protestas exigiendo mejoras salariales, entre otras medidas. Las notificaciones enviadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se hicieron efectivas de forma inmediata.
La sanción tiene lugar anticipando lo que serían nuevas revueltas posibles en distintos puntos de la Provincia, como ya sucedió el pasado año. En aquel entonces, Olivos, la sede del Ministerio de Seguridad de Puente 12 y la Casa de Gobierno, fueron los principales sitios escogidos.
Se especulaba con que las nuevas movilizaciones se localizarían también en partidos de la costa como Pinamar y Mar del Plata, y en otros municipios bonaerenses como La Matanza. Igualmente, la desvinculación no desecha que esto no suceda, pero sí se entrelaza con ponerle un freno.
El Gobierno negó que la inhabilitación provenga de estas posibles manifestaciones futuras ligadas también a ciertos intereses.
La medida fue tomada por el auditor sumarial de Asuntos Internos de la Policía, Joaquín María García, quien señala a modo de acusación a los agentes por incumplir normas administrativas al utilizar elementos reglamentarios y solo de uso estrictamente necesario. Ninguno de estos componentes le pertenecían a los efectivos.
La nota recibida por distintas comisarías de la Provincia detallaba: “Joaquín María García, en mi carácter de auditor sumarial de la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por presunta infracción del decreto 1050/09, solicito tenga a notificar a los siguientes efectivos”, concluyendo con el nombre y el apellido de cada uno, e informando la desafectación.
Los policías desafectados son separados del servicio por lo que deberán entregar sus armas y declarar en sede administrativa.
El ministro de Seguridad, Sergio Berni, mencionó que lo más probable es que los sancionados sean dados definitivamente de baja cuando finalice el proceso. No obstante, mientras éste continúe, los agentes percibirán la mitad de sus salarios.
Semanas atrás, Axel Kicillof se refirió al reclamo de un grupo menor de efectivos que pedían la equiparación de los sueldos con la policía de Capital Federal o de Nación y el aumento de las Horas Cores, convocando a una marcha este viernes 12 de febrero. Allí, el mandatario había señalado que, “de momento no tengo ningún comentario” y evitó generar cualquier tipo de polémica.
Desde el Gobierno anticipan que hay por lo menos mil policías mas que podrían ser sancionados por los episodios del año pasado, mientras que algunos grupos de policías afirman que la medida se trató de un “manotazo de ahogado”, y que Berni está “generando más malestar y queriendo meter miedo”.
