El jefe de Gobierno porteño estableció la regularidad escolar como uno de los nuevos requisitos para que los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña puedan seguir percibiéndolo. Será controlado cada dos meses.
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires controlará cada dos meses meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña y, en función de eso, determinará si esas familias continuarán recibiendo el 100% de la ayuda social o si le restan el monto que perciben dentro de ese beneficio en concepto de “adicional por hijo”.
Así lo precisó esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al anunciar nuevos requisitos para sostener la continuidad de este programa con el que llegan, según indicó, a 40.000 familias beneficiarias en el distrito, con un universo de 23.686 niños y niñas involucrados.
“A partir de esto también vamos a hacer un cambio en la política social, porque la ayuda del Estado tiene que ser un puente para los chicos que tienen que estar en la escuela, y la política social tiene que promoverlo”, argumentó el jefe de Gobierno porteño en el marco de la presentación.
Acompañado por las ministras de Educación, Soledad Acuña, y de Desarrollo Humano, María Migliore, Rodríguez Larreta anunció esta mañana desde la sede de la cartera de Educación porteña -ubicada en el Barrio 31 de Retiro- que esta nueva política se implementará junto con una redefinición del concepto de regularidad escolar.
En este sentido, explicó que, desde ahora, se considerará alumno regular a aquel que tenga un 85 por ciento de asistencia a clases, indicó que esta evaluación de regularidad será cada dos meses y que nunca se van a poder superar las 25 faltas totales para seguir conservando esta condición.
Así, anunció que, “quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña, que hoy asiste a más de 40.000 hogares en situación de pobreza e indigencia”.
Rodríguez Larreta informó que dentro de este universo de beneficiarios de esta ayuda social hay 23.686 chicos “que tienen que ir todos los días a la escuela para que los padres cobren ese adicional”.
“Desde septiembre vamos a notificar a las familias que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses, no vamos a esperar a fin de año”, precisó. Asimismo, dijo que el Gobierno porteño contactará a cada familia que tenga problemas para enviar a sus chicos a la escuela para regularizar la situación y ver cuál es el motivo de la inasistencia.
“Ahora bien, si después de contactarlos la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a clases, después de tres meses de dará de baja el componente adicional, y, si a los seis meses tampoco se reincorpora, (el alumno o la alumna) se va a suspender la totalidad del plan”, afirmó Rodríguez Larreta. Expresó asimismo que “si incluso después de la baja (del beneficio social) los chicos vuelven a la escuela se recupera la asistencia y se recupera el plan (social)”.
Rechazan el anuncio de Larreta
Funcionarios, dirigentes y legisladores criticaron la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de quitar la ayuda social a los beneficiarios del programa de ayuda social Ciudadanía Porteña si sus hijos e hijas pierden la regularidad escolar, al considerar que se trata de una medida “estigmatizante, electoralista y punitiva” destinada a “generar un efecto” en la opinión pública.
“A los chicos que no van a la escuela en vez de estigmatizarlos tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo”, planteó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, a través de su cuenta de Twitter.
Zabaleta dijo que la medida “estigmatiza” y “castiga” a las “familias vulnerables”, y señaló: “No importa quiénes ni cómo sean sus padres, queremos a los niños y adolescentes en la escuela. Todos tenemos derecho a ser mejores que nuestros padres, a tener más herramientas y oportunidades, y en este caso estos chicos y chicas también”.
Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmó que “si sabemos que un chico no va a la escuela tenemos que invitarlo, abrazarlo y decirle que en la escuela tiene su lugar. Que le queremos enseñar y que lo vamos a querer”. El titular de la cartera educativa se refirió a este tema en una entrevista con Radio La Red: “Los chicos no tienen planes sociales, los chicos tiene que ir a la escuela”. Si no asisten “no perdieron un beneficio, perdieron un derecho. Hay que garantizar ese derecho buscándolos uno por uno”, subrayó. Asimismo pidió no “mezclar” a los niños en esta polémica porque “los chicos no tienen un plan, sino que hay adultos que no cumplen su responsabilidad con los chicos. Si el padre no cumple la responsabilidad es del padre”.
De esta manera, los funcionarios cuestionaron la medida anunciada en las últimas horas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien determinó que las familias beneficiarias del plan Ciudadanía Porteña perderán el “adicional por hijo” que perciben en esa ayuda social si sus hijos e hijas no sostienen la regularidad escolar, un aspecto que será controlado de manera trimestralmente para, en caso de no alcanzar durante dos de esos períodos el 85 por ciento de asistencia, proceder a la baja del beneficio.
Desde el sindicalismo, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) afirmó que se trata de un “nuevo anuncio de marketing y discriminación” y remarcó que esta medida “despliega odio de clase” y, al mismo tiempo, “omite la responsabilidad de la gestión de la falta de vacantes, principalmente para las familias más vulneradas” como así también “la baja sistemática del presupuesto que hacen desde que gobiernan esta jurisdicción”.
Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que la variable de la asistencia escolar “no puede ser usada como un castigo, una doble estigmatización y una herramienta fiscal para bajar la ayuda”.
“Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud y no que la castigue por no hacerlo”, aseveró en una serie de mensajes que publicó en Twitter.
En la misma línea, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, dijo a Télam que la decisión del jefe de Gobierno porteño tiene “un tinte represivo y punitivo”, y que la medida termina “castigando a las familias más pobres”.
