En su resolución, la jueza Capuchetti argumentó que “no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad”.
La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó este martes apartarse de la causa, a partir del pedido de recusación que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que investiga el intento de magnicidio del pasado del 1° de septiembre.
La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.
En la resolución judicial, Capuchetti alegó que “la causal invocada por esa parte no guarda correlato con lo actuado en la causa”. La ex mandataria había acusado a la magistrada de diversas “irregularidades y arbitrariedades” desde el inicio de la investigación.
Además, la jueza señaló que no se exhibe en su actuar “una afectación real y concreta de la objetividad que en todo proceso penal debe imperar”. De los cuestionamientos realizados por la defensa de Fernández de Kirchner, la magistrada señaló que “no se logran vislumbrar las razones por las cuales se funda su temor de pérdida de objetividad, en la medida que sus expresiones vinculadas a la causal de mi apartamiento, se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas en autos”.
Según agregó Capuchetti, “la intensa labor investigativa” de su juzgado, “neutraliza de plano el supuesto temor de parcialidad propuesto por la querella y, más aún, hecha por tierra las subjetivas argumentaciones por las cuales se pretende habilitar mi apartamiento del expediente”.
Luego, sostuvo que “debe ponderarse que la producción de una medida probatoria, su resultado, evaluación de utilidad, pertinencia y oportunidad, resultan ser facultades jurisdiccionales otorgadas al juez por el ordenamiento ritual vigente (art. 199 del CPPN)”.
En ese sentido, sostuvo que “bajo esos parámetros, las controversias vinculadas con las decisiones que se adopten en torno a aquéllas, deben ser, en caso de así considerarlo, objetadas, discutidas y dilucidadas a través del catálogo de herramientas que prevé la normativa procesal, dentro de las cuales, claro está, no se encuentra el instituto de la recusación tal como lo plantea la parte querellante”.
La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, sostuvieron en el pedido de recusaación que Capuchetti “rompió la cadena de custodia” del celular de Sabag Montiel, que finalmente fue reseteado. También consideraron que demoró en ordenar la detención de Brenda Uliarte, que no siguió la pista vinculada a la agrupación “Nuevo Centro Derecha” y que no hizo lugar a los pedidos de la querella en general.
También cuestionaron a la jueza por no investigar la posible vinculación del diputado del PRO Gerardo Milman con el atentado ni la línea del financiamiento a los autores materiales. Además, levantaron sospechas sobre el perfil político y personal de la magistrada al señalar, por ejemplo, sus contactos con la AFI, incluso a nivel familiar a través de su hermana.
La resolución de Capuchetti se encargó de especificar las acciones realizadas por el Tribunal sobre distintas lineas de investigación: la conversación de Brenda Uliarte con “David”, un supuesto agente de la DEA; una conversación de Nicolás Carrizo con Joana Colman; con la empresa Marcodina S.A; la aparición del dirigente de Nuevo Centro Derecha Hernán Carrol, que pago por los abogados de Fernando Sabag Montiel; y la vinculación de Milman.
Capuchetti sostuvo en el escrito que “las elucubraciones ensayada por la querella en las presentaciones a despacho, solo tienden a crear una convicción de supuesta parcialidad por parte de la suscripta que en modo alguno encuentran correlato con las constancias de la encuesta, sino, más bien, hallan único fundamento en su disconformidad con la investigación, según cada una de las hipótesis que fueron abordadas a lo largo de su instrucción”.
Además, afirmó que su “imparcialidad se mantiene indemne y jamás se ha visto siquiera potencialmente afectada, ni en los hechos ni en el ánimo de la suscripta, por el manto de sospecha que la querella ha intentado deslizar en torno a mi rectitud en la función de jueza que ejerzo y seguiré cumpliendo”
