Se trata de un responsable de Vialidad en Santa Cruz que presenta su defensa en la causa que involucra a Cristina Kirchner.
La defensa de un ex responsable del Distrito 23 “Santa Cruz” de Vialidad Nacional, Raúl Daruich, comenzó esta mañana su alegato en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia en lo que se conoce como la Causa Vialidad y sostuvo que el acusado no tuvo manejo de la administración o cuidado de bienes.
Daruich “no tuvo en ningún momento la posibilidad de tener a su cargo el manejo de la administración o cuidado de bienes” desde su puesto, afirmó su abogado Mario Ganora ante el Tribunal Oral Federal 2. La audiencia comenzó a las 8.30 a través de la plataforma Zoom en el debate en el que también está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya defensa está en sexto lugar para alegar en el listado de 13 imputados.
Ganora advirtió que en el juicio no se “profundizó” sobre “cómo está organizada la Dirección Nacional de Vialidad” y además instó al Tribunal “a que prescinda de los argumentos que tienen que ver con que esto ha sido una máscara, una cáscara, para considerar lo que es estrictamente propio de un delito consistente en un abuso de confianza como es la administración fraudulenta”.
El abogado cuestionó las alusiones a la existencia de una matriz de corrupción hechas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una condena de 5 años de prisión para Daruich. En su alegato final y sobre los ex directivos de Vialidad Nacional en Santa Cruz, los fiscales sostuvieron que “lejos de velar por los intereses que les fueron confiados, la administración eficiente de los recursos del Estado, quebrantaron su deber de fidelidad e hicieron prevalecer el interés personal de los expresidentes de la Nación y, consecuentemente, beneficiaron ilegítimamente a Lázaro Báez, garantizándole un lucro indebido a costa del Estado Nacional”.
En este proceso son juzgados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Planificación Julio de Vido, el empresario Lázaro Báez y otras diez personas acusadas de conformar una supuesta asociación ilícita que supuestamente habría direccionado la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Los alegatos de las partes defensoras comenzaron esta semana. El lunes, la defensa del imputado Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, aseguró que la fiscalía “violó la Constitución” al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados.
El martes, la defensa del exfuncionario de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016, Mauricio Collareda, pidió su absolución y negó que el también acusado empresario Báez haya tenido “injerencia” en decisiones del organismo, en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia.
“Es escandaloso e inaceptable” el pedido de seis años de prisión de la fiscalía para Collareda, ex responsable del distrito 23, Santa Cruz, de Vialidad Nacional, sostuvo su defensor oficial Luis Alonso Martínez en el alegato.
En el marco del juicio, la fiscalía pidió 12 años de prisión para Fernández de Kirchner y el empresario Báez y diez años para el exministro de Planificación. Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros acusados.
La defensa de la Vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones. Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.
En esta etapa de los alegatos, la expresidenta, al igual que los demás acusados, también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo. El mes pasado el Tribunal rechazó un pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para ampliar su declaración indagatoria, planteado luego del alegato pronunciado por la Fiscalía y tras la incorporación de nuevas pruebas en el tramo final del juicio.
