La Corte Suprema consideró que Castillo incurrió, al menos, en el delito de rebelión y por eso ratificó la detención preventiva que vence este miércoles al mediodía. Boluarte, mientras tanto, instaló un “gabinete de crisis”.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó este martes la detención del ex presidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y eventual conspiración, tras declarar infundado el recurso de apelación que había presentado su defensa para que se anule su detención preventiva. El Juez César San Martín consideró que Castillo incurrió, al menos, en el delito de rebelión y por eso ratificó la detención preventiva que vence este miércoles al mediodía.
El magistrado dijo que Castillo afronta un delito penado con entre 5 y 10 años de cárcel, y que lo planteado por la Fiscalía es “suficiente” para ser procesado por tentativa del delito de rebelión o conspiración. Durante la lectura, San Martín indicó que el delito de rebelión no implica “necesariamente” el alzamiento en armas sino que también alcanza a la intención de “despojar” del cargo a personajes que ejercen representación en el poder o impedir que ejerzan las facultades que constitucionalmente tienen. El juez agregó que Castillo “estableció un gobierno de emergencia Nacional y efectuó un llamamiento a los rodenos y sociedad civil a respaldar sus medidas”.
El ex presidente Pedro Castillo participó este martes en una audiencia judicial virtual en la que planteó su defensa. Allí aseguró que “jamás” renunciará a su cargo, a la vez que instó a la policía y militares a frenar la represión contra los manifestantes que exigen elecciones generales y su liberación. En la misma audiencia responsabilizó a su vice y actual mandataria, Dina Boluarte, por el “feroz ataque” a los ciudadanos.
“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo y agregó: “Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón”. En un claro mensaje al juez San Martín, Castillo le respondió: “Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”. San Martín fue también quien en 2009 condenó al expresidente Alberto Fujimori. Durante el cuarto intermedio de la audiencia, Castillo volvió a usar sus redes sociales para insistir en su reclamo a las fuerzas de seguridad y embestir contra Boluarte, a quien ayer ya había llamado “usurpadora”.
Boluarte asumió la jefatura de Estado, como prevé la Constitución, lo que desató una ola de violentas manifestaciones en su contra, con rutas bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según un balance de la policía. Los ciudadanos exigen elecciones lo antes posible y el cierre del Congreso, aunque algunos grupos reclaman además la libertad de Castillo. La nueva mandataria anunció el lunes que “interpretando la voluntad de la ciudadanía” buscará un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024. Siete personas murieron y 32 civiles y 24 policías resultaron heridos en todo el país en el marco de las protestas, según datos del lunes de la Defensoría del Pueblo.
Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco y Arequipa, segunda ciudad del país, y en la región natal de Boluarte, Apurímac, convertida en epicentro de las protestas.
En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal callejera donde unos usan armas artesanales y piedras, mientras que los agentes apelan a armas de fuego y gases lacrimógenos. Las clases fueron suspendidas. Varios gremios agrarios e indígenas convocaron a un “paro indefinido” en demanda de elecciones generales.
Su repercusión se desconoce todavía porque afecta principalmente a zonas rurales de Perú, pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano. El aeropuerto de Cusco fue cerrado la noche del lunes luego de que manifestantes intentaran tomarlo, dejando a centenares de pasajeros varados.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, instaló un “gabinete de crisis” con el objeto de “promover la paz social” en el contexto de las sostenidas protestas iniciadas hace seis días tras la destitución de Castillo, y no descartaba decretar para todo el país el estado de sitio que ya regía en la región de Apurímac y hoy se extendió a la de Arequipa.
Boluarte precisó que el gabinete de crisis está integrado por el jefe del gabinete, Pedro Angulo; los ministros de Interior, de Defensa, de Transportes y Comunicaciones y de Desarrollo e Inclusión Social, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La jefa del Estado decretó ayer el estado de emergencia (sitio) por 60 días en el departamento Apurímac -donde se registraron cinco de las seis víctimas fatales- y hoy lo extendió a la región de Arequipa, en este caso por 30 días, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
El estado de emergencia implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
