La filtración de un chat entre jueces y fiscales viajantes por un viaje a Lago Escondido, incluyendo altos directivos del grupo que lidera Héctor Magnetto, expuso una coordinación para tapar el escándalo del vínculo directo entre los ejecutores del lawfare y el Grupo Clarín.
La revelación de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche más una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis, abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.
La conducta de los implicados quedó expuesta este domingo en sendos artículos del diario Tiempo Argentino y del portal El Cohete a la Luna, medios que en base a una filtración realizada por un hacker a una línea de celular accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro -propietario de la línea- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.
Los integrantes de este supuesto grupo de chat son casi los mismos que figuran en la planilla del vuelo a Bariloche que ya había publicado publicó El Destape. Los que fueron por su cuenta fueron los jerarcas de Clarín, Rendo y Casey. Por su especialidades, este grupo cubre todas las aristas del juicio a Cristina. Todo lo necesario para un equipo de trabajo con un objetivo: Cristina, a quien llaman despectivamente “la mina”.
Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos este domingo por El Cohete a la Luna y en el sitio web Patagonianfacts.com, son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes,según se desprende de los mensajes de voz difundidos, habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.
El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por Página 12 en su edición del 17 de octubre, el mismo día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.
Según se supo por Tiempo Argentino, el grupo se llama “Operación de Página/12” porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia indubitable de promiscuidad. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las últimas horas y son un escándalo. Todos aseguran no haber hecho “nada malo”, pero se empecinan en prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Y prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa “reunión de amigos”: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
El hecho curioso de que cuatro jueces, un ministro de CABA, un empresario especializado en campañas digitales y un exmiembro de la AFI de Cambiemos llegaran todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón circuló enseguida en las redes sociales de los pobladores de la zona, y dos concejalas del Frente de Todos se hicieron eco de la novedad, Roxana Ferreyra (Bariloche) y Rosa Monsalve (El Bolsón).
Tras la difusión por Página 12 de la lista de pasajeros del vuelo 26.917 confeccionada según la disposición 366/2018 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el Consejo de la Magistratura ingresó una denuncia del penalista Luciano Almonacid por “mal desempeño de sus funciones” contra Ercolini, Mahiques, Cayssials y Yadarola, a quienes el letrado acusó de incumplir normas constitucionales, legales y reglamentarias e incurrir en “graves desórdenes” de conducta en tanto magistrados.
Los chats completos pueden encontrarse directamente en la página patagonianfacts.com
La filtración de los supuestos chats apareció a pocas horas de que se conozca la sentencia en la causa Vialidad, cuya instrucción estuvo a cargo justamente del juez Ercolini, uno de los involucrados en este escándalo. Tampoco es algo novedoso la implicación del Grupo Clarín en el escándalo. Que Ercolini compartiera andanzas y presuntos chats grupales con Rendo y Casey, dos pesos pesados del medio que comanda Héctor Magnetto, es otra prueba más de la promiscuidad del lawfare, quizás con una tapa que ya tienen escrita.
En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.
En otros audios queda a la vista cómo jueces, fiscales y directivos de Clarín comparten ideas para fijar una coartada que parezca creíble, proponen y desechan la versión de que habían llegado a Bariloche para un viaje de pesca con “mosca”, al no ser temporada, y además aceptan adulterar pruebas al proponer comprar recibos o facturas antedatados para argüir que los pasajes en avión y la estadía en la estancia no eran regalos.
En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la PSA, José Glinski, a quien el ministro porteño D’Alessandro dice que meterá preso si Juntos por el Cambio llega a la Presidencia (“Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida”). También hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del FdT, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques..
La sentencia a Cristina en este panorama
La causa de Vialidad, que se inicia por una denuncia de dirigentes de Juntos por el Cambio en 2016, es decir, en pleno gobierno de Cambiemos, versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. El impulsor fue Javier Iguacel, quien entonces era director de Vialidad nacional. Al día siguiente de asumir al frente de ese organismo, Iguacel ordenó una auditoría solo para las obras viales de la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director de Vialidad.
El caso fue recepcionado por Comodoro Py, donde se terminó instruyendo en el juzgado que comanda Julián Ercolini, uno de los jueces emblemáticos del Lawfare, que este fin de semana tras la filtración de chats quedó envuelto en el viaje de Lago Escondido.
La filtración que expone cómo Clarín invitó a jueces del Lawfare a la estancia patagónica del magnate inglés Joe Lewis y cómo los protagonistas, magistrados, ejecutivos del multimedios, funcionarios porteños y hasta exespía, buscaron encubrir su estadía gratuita con facturas truchas y el direccionamiento de una causa judicial, es clave a un día de que la vicepresidenta reciba su sentencia.
¿De qué se la acusa a Cristina? De ser la jefa de una asociación ilícita que asignó supuestamente de forma irregular recursos para solventar esas obras adjudicadas a Báez en Santa Cruz. Es decir, se considera que los gobiernos kirchneristas fueron una asociación ilícita. Clarín fue protagonista en esta operación, difundiendo la causa hasta en programas de televisión, ya condenándola como culpable.
Cristina habló este lunes con el medio Falho de Brasil, y se refirió al juicio. Se manifestó segura de que los jueces que la juzgan en el marco de la causa Vialidad la van a condenar y eso será “una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto”, el CEO del Grupo Clarín. “El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir”, dijo la expresidenta. En ese marco, añadió: “La tapa de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto”.
Asimismo, la Vicepresidenta advirtió que “los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno”. Sostuvo que “el neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces”.
Por otra parte, aseveró que “acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder”. En ese marco, apuntó: “Ricardo Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte, se tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadio, que era un juez que perseguía a mí y a mi familia, del otro”.
Lo publicado por Tiempo Argentino y El Cohete en la Luna:
“Del intercambio surge clara la presencia del Grupo Clarín en el viaje. Mientras todos discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: «Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad», a lo que Yadarola, magistrado, le responde: «Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación».
Jorge Rendo fue quien recibió a los viajeros en el Aeropuerto de Bariloche el 13 de octubre pasado. Se mostró preocupado por eso, ante la posible difusión de imágenes. «El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque también podría ser Casey) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas». El juez Pablo Yadarola le responde: «Cierto, Jorge. Ahí podemos estar juntos en imágenes».
Rendo fue también el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo. Y quien operó para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abrió la ronda de chat con una evaluación: «Yo no vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún ‘hecho nuevo’ el tema está terminado mediáticamente».
Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los más activos en buscar cómo afrontar la situación dando apariencia de normalidad y legalidad. «Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos», reconoció Ercolini. Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: «Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó». Y propone fabricar otra realidad: «De paso si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo». Ercolini parece entusiasmado: «Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más».
Todos aseguran que el expresidente Macri no tuvo nada que ver con el viaje. Se burlan de las especulaciones en ese sentido y Casey incluso dice que «Macri no debe entender nada!!!! Jajaja». Pero hablan de otros viajes anteriores, con los mismos y otros personajes. Siempre invitados por el poder real, siempre en secreto. Hasta que trascendió.
El juez Yadarola le apuntó directamente al jefe de la PSA. «Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable». A Glinski le prometen de todo, menos justicia. El ministro porteño D’Alessandro le anunció al grupo: Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA». Yadarola anuncia: «Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento», ante lo que D’Alessandro le formula un pedido por anticipado: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».
«Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia!», anuncia el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques. Bergroth cumple: «Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia». Pero Mahiques está desatado: «Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más».
Tarde. El directivo de Clarín Pablo Casey anuncia al grupo: «Ya se lo hice llegar». Y D’Alessandro saca pecho: «A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él… Le dije q no hacía falta q en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida».
El juez Yadarola se ufana de ser quién más conoce a Glinski por razones de su trabajo como juez en lo Penal Económico. «No debe estar tampoco nada tranquilo. Según dicen este Glinski es de la Cámpora y de Cristina. Habla con ella directo, y más aún desde la causa de los copitos, cuando se desplazó a la PFA y entró la PSA en escena». Más aun; ante señales que indican que Glinski no tuvo nada que ver con la filtración, el juez Yadarola especula levantando la apuesta: «si no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es él. Para un jefe de una fuerza es más o menos verse preso».
En los diálogos, el juez Mahiques reconoce tácitamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a tribunales denuncias por encargo. «Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (…) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero». Ercolini se sincericida en la respuesta: «Eso después sí. (…) Después vemos el tercero».
El grupo también muestra su desprecio por periodistas identificados con nombre y apellido y desnuda cómo negocia y presiona a dueños de medios para frenar la publicación de la información.
El desprecio es extensivo al gobierno. El juez Yadarola reaccionó a los tuits de funcionarios y dirigentes oficialistas sobre el viaje inexplicable: «que se dediquen a twittear todo lo que quieran. Tienen fecha de vencimiento, se van a ir». Al ministro de Justicia, Martín Soria, lo llaman «payaso»; a Rodolfo Tailhade, «burro» o «idiota»; a Cristina Kirchner, «la mina».
El chat es un intento permanente de ocultar qué fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Tan patético es todo que incluso se les ocurrió justificar que se trató de «dos días intensivos de clases de pesca con mosca»“.
El Destape puntualizó sobre quiénes son los implicados en los chats:
- Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarin respectivamente, que según se desprende de los chats financiaron el viaje, organizaron el grupo y aportan la pata mediática.
- El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
- Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y actual nexo con Horacio Rodríguez Larreta, que en el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros.
- Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la clave Cámara de Casación que revisará las causas contra Cristina y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido.
- El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, que por entonces ya tenía en sus manos la causa por el atentado contra la Vicepresidenta.
- Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
- El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
- El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
- Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, otro vínculo de este viaje con Rodríguez Larreta.
