Impuestos a corporaciones y grandes fortunas: ¿giro hacia la igualdad o solución circunstancial?

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Por: Roberto Candelaresi

Introducción

La distribución de la riqueza es uno de los temas más controvertidos que se debaten en la actualidad.

Si bien el crecimiento moderno y la difusión del conocimiento evitaron el ‘apocalipsis marxista’, no cambiaron las estructuras profundas del capital y la desigualdad, al menos no tanto como se imaginó en las optimistas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Cuando el rendimiento del capital supera sistemáticamente la tasa de crecimiento de la producción y la renta, el capitalismo produce automáticamente desigualdades insostenibles y arbitrarias que desafían radicalmente los valores en los que se basan nuestras sociedades democráticas. Sin embargo, hay formas para que la democracia y el interés general recuperen el control del capitalismo.

El célebre economista francés Thomas Piketty, eminente experto en desigualdad, plantea la tesis principal de que existe una fuerza divergente en la que la rentabilidad del capital supera el crecimiento de la economía y permite que los más ricos recuperen su capital reinvirtiendo sólo una parte de sus ingresos

Entonces, si las grandes fortunas crecen del 6% al 8% anual, un impuesto del 1% no será una confiscación, ni mucho menos. Las iniciativas en debate (algunas ya efectivizadas en leyes) en el “primer mundo”, demuestra que hay una tendencia en EE. UU. o Alemania – como países líderes – a introducir impuestos más progresivos. y hacia la imposición eventualmente de más tasas sobre el patrimonio (riqueza) en el futuro, lo que se conoce como fiscalidad progresiva.

Por otra parte, acotemos que el cambio climático y la desigualdad son dos de los temas más apremiantes de nuestro tiempo y creo que están íntimamente relacionados, porque no podemos resolver el problema del cambio climático si no somos capaces de reducir la desigualdad.

La desigualdad, un signo que marca nuestros tiempos.

Vientos de cambio

Como decíamos más arriba, el impuesto universal a las empresas multinacionales, que, con motivo de la pandemia, se oficializó en gran parte de Europa Occidental, también está siendo impulsado por el presidente estadounidense Joseph Biden, ahora con otras motivaciones, pero lo importante a destacar, es que, con estos avances, se resquebraja el mito de que las multinacionales estaban por encima de las leyes, y en definitiva son sujetos de derecho.

Hasta ahora, aquella sentencia final del párrafo precedente, que parece una perogrullada, no lo era en razón de que las grandes o mega empresas, mediante ardides de triangulación en su facturación declarada entre filiales y, con el cambio de sedes legales a paraísos fiscales, los gigantes (servicios de comunicaciones, logística, entretenimientos, energía, etc.) que venden por miles de millones de dólares/euros esquivan el pago de impuestos federales sobre la renta en sus países de origen.

A su vez, sus dueños y accionistas, los billonarios del momento –J. Bezos, M. Bloomberg, W. Buffett, E. Musk y G. Soros– casi no pagan impuestos en Estados Unidos, aprovechando todos los subterfugios que la legislación pone a su alcance.

Paradójicamente, hoy sólo Estados Unidos, el mejor aliado de las multinacionales, parece capaz de desafiarlas en temas tributarios y de inversión extranjera. Se tomó una demanda del presidente Joseph Biden a sus socios del G7 por un impuesto universal del 15% sobre los ingresos consolidados de las corporaciones multinacionales (es decir, los ingresos acumulados por todas sus subsidiarias), ponencia que recibió positiva acogida por parte del resto de los países, que, en general no son demasiado entusiastas sobre alteración de la matriz tributaria, pero siguió este ejemplo por los cambios que ya se observan en Europa y Japón.

J. Bezos, G. Soros, E. Musk y M. Zuckerberg, alguno de los superricos que no pagan impuestos en EE.UU.

Por ahora, sin embargo, ni esa tasa, que no es siquiera significativa para los niveles de renta de los ursos corporativos, ha logrado ser impuesta aún dentro de las fronteras americanas. Los republicanos – como era de prever – se resisten a dar su apoyo, con lo que tenemos la otra paradoja: Biden tiene más efecto diplomático (convenció a los estados asociados a esa medida), que el poder doméstico para impulsarla en EE.UU., incluso a pesar de que antes de Trump, esa alícuota era mucho más alta. Luego trataremos un poco más en detalle el caso estadounidense, en un acápite aparte.

Experiencia de lucha y competencia

En lugar de luchar contra los paraísos fiscales, los países importantes de la ODCE, compitieron contra ellos – o pretendieron hacerlo –, bajando las tasas en una suerte de imitación. Esta sensible merma del nivel impositivo de los últimos años [topes inferiores al 30%], fue una oportunidad para las multinacionales que multiplicaron las estratagemas para hacerla disminuir más aún.

Los propios Estados con tasas tan bajas, consagran un régimen fiscal privilegiado para las multinacionales. Pues pagando poco en sus sedes centrales (o mercados de origen) continúan localizando a piacere sus beneficios en los paraísos fiscales, lo que implica, y allí reside la veta política a explotar, que los «oligarcas» pagan estructuralmente menos impuestos que el resto de la sociedad.

Banderas de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos).

Perspectiva jurídica

La propuesta de la nueva legislación que se va imponiendo, hace un cambio radical ya que considera ahora a las multinacionales como sujeto jurídico integral, no divide reconociendo las filiares como entidades jurídicas independientes. Este avance es importante pues esta fragmentación jurídica, permitió durante un siglo a que las corporaciones realicen todo tipo de abuso, con los precios de transferencia, justificando remisiones de utilidades como pagos de regalías por derecho de propiedad industrial / intelectual [marcas, patentes, transferencia de tecnología].

Con argucias contables concentraban las ganancias en territorios con baja carga fiscal (usualmente paraísos fiscales), e incluso presentan al fisco en sus sedes nacionales, hasta declaración de ganancias negativas, dado que sustraen de las ganancias esos pagos por ‘regalías’ que hacen a filiales del mismo grupo económico con sede en aquellos países “blandos”.

La nueva legislación hace caso omiso a esa extraterritorialidad, porque el impuesto afecta a la totalidad de los beneficios del conglomerado. Al estar alcanzados por el gravamen, no importa si su fondo controlador tiene sede donde fuere. Paga la alícuota por el total.

Corporaciones Multinacionales.

Los números son de la economía, antes que contables.

Por más esfuerzos por presentar la cuestión fiscal internacional, como un asunto eminentemente contable, cuando se trata de poderes en pugna, es claro que su naturaleza es altamente política y diplomática [cuando se trata de coordinar acciones en la economía globalizada].

Sin embargo, la narrativa histórica de la OCDE fue que este tema requería principalmente habilidades técnicas y algebraicas, e implicaba un esfuerzo hercúleo para armonizar los sistemas tributarios de tantos países del orbe. Basándose – supuestamente – en el respeto por el principio de soberanía de los Estados, no se podía armonizar el impuesto para todas las compañías a nivel mundial […]

Ciertamente quedó demostrado (por la aceptación y el compromiso de los principales países del mundo con esta reforma), que son las políticas las que fuerzan las mutaciones contables, y no los avances técnicos en el plano de la contabilidad internacional los que hacen progresar las políticas.

El Derecho Internacional Público también tendrá que tomar acción para deslegitimar la nefasta práctica (conveniente para el capital), de que algunos Estados (paraísos fiscales) pueden con su propia legislación neutralizar el derecho vigente en otros Estados, por ejemplo, con una mera registración comercial aceptan empresas que amparan para no pagar impuestos en sus verdaderos orígenes, y/o los protegen para liberarlos de la obligación de revelar la identidad de sus administradores. Esto último, decisiones que se ejercen a escala extraterritorial de parte de los paraísos [Irlanda/caso Apple fue un leading case], es lo que muchos consideran un abuso del poder legislativo y, además, una intromisión en los asuntos de otros Estados soberanos.

Paraísos Fiscales: lugar preferido de las corporaciones y los millonarios para esconder dinero.

La eficacia del cambio de criterio o principio, al reconocer a las multinacionales como sujetos de derecho en tanto tales. Se podrá observar y monitorear desglosando el indicador de inversiones extranjeras directas (IED). Si no disminuyen las pseudo transacciones intragrupos, hacia los paraísos, implica que se mantienen vigentes los modos de disimular activos en esos destinos. El otro criterio de evaluación es verificar si aumentan los aportes de las empresas al tesoro. Hoy la base impositiva tributada por (TODAS) las empresas de los principales países de Europa son solo del 5%, en comparación con el 60/65% que se recauda con los impuestos sobre el consumo y sobre las ganancias de los particulares.

El derecho torcido

Estas legislaciones permisivas, tienen otros efectos además de los atinentes al derecho fiscal. En efecto, al declarar zonas especiales a puertos o centros logísticos como zonas francas, anulan el ejercicio de todo derecho laboral. Así como son ‘laxas’ respecto a regulaciones bursátiles o especulativas en general, el derecho a las personas (civiles) y particularmente al derecho medioambiental excusando a los capitales de toda responsabilidad, a menos que se trate de su propio territorio. Así es como se inscriben numerosas multinacionales mineras y petroleras como sedes en el paraíso anfitrión, para no comprometerse con las acciones perjuiciosas de alguna de sus filiales radicadas en otros países, porque las consideran como totalmente “independientes”, y la jurisprudencia internacional, hasta ahora, ratificaba esa postura, particularmente dentro de la Unión Europea. El fenómeno offshore hasta ahora venía creciendo al amparo de cierta hipocresía del «Primer Mundo», por sus servicios a las élites económicas, a lo que aparentemente Estados Unidos podría cambiar, al solo efecto de cumplir con intereses nacionales y económicos, aunque esté tal como adelantáramos, traccionando al resto del G7, y por carácter transitivo a muchos otros países.

¿Qué pasa en los palacios del Imperio?

La administración Biden está preparando un proyecto impositivo del tenor del que estamos describiendo, para ser incluido en el paquete del próximo presupuesto, que, en EE.UU. como ejercicio fiscal, opera desde el mes de octubre todos los años. La propuesta describe un nuevo impuesto mínimo del 20% para los más ricos del país, con fortunas superiores a 100 millones de dólares. Esa iniciativa estaría “justificada” por un necesario incremento del gasto militar, ponderado en unos 31.000 millones, lo que totaliza unos 813 mil millones de dólares aplicados a Defensa, de los que destinarían unos 7.000 millones para la OTAN, y el refuerzo de flancos ante la invasión de Ucrania.

Biden presentó una propuesta de presupuesto federal para 2023 que incluye unos nuevos impuestos a los ultrarricos y las compañías.

Aunque también, y conforme a los propósitos declarados de la administración demócrata, otro objetivo es “la mayor reducción del déficit anual en la historia de EEUU”, pero en una época donde los gastos en salud (pandemia mediante) requiere reforzar la capacidad de los sistemas de salud en el país y mejorar la seguridad sanitaria, para lo cual propone –siguiendo la misma línea estratégica– aumentar el impuesto a las corporaciones del 21% al 28%.

Finalmente, aclaremos que, en las finanzas públicas estadounidenses, el gasto discrecional es el gasto del Gobierno implementado a través de un proyecto de ley de asignaciones que se tiene que aprobar en el Legislativo.

Y por casa, ¿Cómo andamos?

El bloque de senadores del FdT presentó un proyecto de ley, que propone recuperar dinero de la evasión para pagarle al FMI.  La iniciativa apunta a que realicen un aporte de emergencia aquellos que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco. El pago como aporte especial, será equivalente al 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. Asimismo, se prevé en el texto que; en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35 por ciento. Y, conforme al articulado propuesto, quien no se allane al aporte, correría el riesgo de pena de prisión.

Lease También: El oficialismo propone pagar la deuda con dinero fugado al exterior

Se estima recaudar más de 20 mil millones de dólares por ese concepto.

Hay paralelamente y con un fin concurrente a dicho propósito, otros proyectos de leyes económicas que serán sucesivamente tratados. En ese sentido, uno de los que acompaña la estrategia, buscará la modificación de las excepciones al Secreto Bancario, Bursátil y Fiscal y de la Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimiento de la Deuda. Ello facilitará que el Banco Central, como ordenador de todos los bancos privados, y la AFIP, se empezarán a notificar de destinos y depósitos no declarados. Por otra parte, eliminándose el secreto bancario, la Bicameral podrá tener atribuciones para investigar. Todas estas condiciones son comunes en los regímenes legales de los países del “primer mundo”, a los que se pretende tanto imitar, pero no en el caso de perjuicios propios, claro está.

Otro proyecto, de superlativa relevancia, es el de Reforma de la Ley de Entidades Financieras. La derogación de la norma decretada por la dictadura cívico-militar que facilitó la desregulación del movimiento de capitales, y amparó todo tipo de maniobras especulativas y la financiarización de la economía nacional, en detrimento del trabajo productivo y el entramado industrial, y, cuyos daños están reflejados en numerosas investigaciones de campo, con una profusa literatura de respaldo, es un antiguo déficit de la democracia argentina.

Adherimos a la expresión de algunos de los autores de estos alientos, en el sentido de que un Estado que recibe tardíamente información financiera o fiscal, se trata de un Estado bobo que no resguarda los intereses de la ciudadanía.

Intereses Comunes y Cooperación Internacional.

Dada la preocupación de gobiernos del mundo por la enorme cantidad de dinero ocultos en guaridas fiscales, tal como señalamos al principio de este artículo, existen crecientes esfuerzos de aquellos para coordinar acciones y de colaboración con la OCDE, el Banco Mundial, el FMI y las Naciones Unidas, en relación a la detección de operaciones ilegales que desvíen fondos a guaridas fiscales de los países interesados.

Con ese tenor, aprovechando una reunión oficial sostenida entre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, le fue solicitada al dignatario norteamericano la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron los senadores del FdT. Ello es pertinente toda vez que el gobierno yankee tiene como Política de Estado, la persecución del lavado de dinero, y sus potenciales precedentes: el narcotráfico, el terrorismo, la trata de blancas, la corrupción, el tráfico ilegal de armas, etc., pero también por la experiencia del país del norte en cuanto a la figura del “denunciante”, que se incorporó a la legislación consuetudinaria (sistema anglosajón), que se utilizó como reflejo para la figura del colaborador, en la propuesta local, personas físicas o entidades, quienes serán beneficiados asistiendo al hallazgo de bienes no declarados.

Cristina Fernández de Kirchner junto al Embajador Marc Stanley.

Por su parte el Ejecutivo nacional valora positivamente y respalda la iniciativa de crear un Fondo, basado en un estricto sentido de justicia distributiva, para contribuir a la cancelación de la deuda tomada por la administración de Macri. La oposición casi en bloque ya manifestó su desacuerdo, sin pronunciar –a nuestro juicio– razonables argumentos, lo que no debe asombrar a nadie, dado su representación corporativa de los grandes capitales y a quienes que responden disciplinadamente.

Téngase en claro que, en esta ocasión, la legislación propuesta no aplica sobre los “ricos”, sino sobre los «evasores», esto es, a quienes llevaron capitales fuera del país, sin pagar impuestos, es decir, incursos en delitos de evasión y fuga de capitales. Por eso entendemos que se trata de una propuesta con un alto contenido de justicia social. Los que han ocasionado perjuicios al país, deben contribuir ahora a fortalecer la soberanía económica.

De paso, aprovechamos para remarcar una certeza que predicamos humildemente con nuestra opinión desde hace años: la existencia de activos externos por más de 400 mil millones de dolares, conforme los datos de organismos internacionales insospechados (en esta materia) como lo son el Banco Mundial, la ODCE o el propio FMI, refuta el antiguo latiguillo que desde la economía clásica se repite como sino de la economía nacional que impide u obstaculiza periódicamente el desarrollo, la escasez de las divisas, o la falta de capitales de inversión productiva, porque la propia economía no permite su creación. Pues es claro que sí, permite la acumulación por despojo, dado que mientras sube la pobreza, la fuga de capitales formados en el país, se sustrae de los circuitos locales, en cantidades suficientes para crecer a tasas chinas, si fuera la voluntad de los fugadores, antes que solo asegurar sus “ahorros” fuera del país, para seguir la trama de expoliación local. En esto coincidimos con los dichos de la vicepresidenta el año pasado, pero humildemente reivindicamos nuestra postura que es de larga data.

CONCLUSIONES

Acordamos con T. Piketty en situar a la inequidad en el centro del debate económico contemporáneo. La «divergencia» es solo una de las posibles direcciones de la distribución de la riqueza, y, además, nos pronunciamos por que la solución a la desigualdad se encuentra en las instituciones y las políticas públicas, donde el Estado siempre tiene un rol protagónico, nunca subsidiario.

Sostenemos junto a muchos investigadores del campo social, que a fin de lograr un ordenamiento social más justo una eficaz medida sea –por ejemplo–, la implementación de un impuesto global al capital.

No obstante, respecto a su práctica efectiva en América Latina, hay según nuestro análisis, dos obstáculos específicos que sortear:

a)- vencer la gran resistencia de las élites económicas asociadas al capital internacional [gran tarea política de alianzas populares, búsqueda de consensos, y profusa difusión social], y,

b)- la tributación al patrimonio es una tarea compleja desde la perspectiva administrativa. Por ser un proceso que involucra tareas muy técnicas y tediosas, requiere de un Estado adaptado a las nuevas condiciones mundiales, que desarrolle para ello burocracias públicas más eficientes y permitiendo además la inclusión social. En nuestro país, con gobiernos populares se marcha hacia allí, pero aún hay inversiones en equipamiento (soft & hard) que completar, para un cumplimiento total, de la nueva (si prospera) implementación tributaria.

Las propuestas del Senado de la Nación y alguna concordante que se ingresó desde Diputados, nos da la ilusión que, más allá de las distintas necesidades que los gobiernos del mundo afrontan, también en la Argentina se pone en cuestión, el privilegio del gran capital, de estar por encima de las leyes, y en particular, se resuelve hacer lugar a una vieja reivindicación popular en nuestra patria: que «las deudas sin beneficios al pueblo, las paguen los que la toman». De concretarse, al igual que avanzan otras normas de similar talante en el mundo, será un acto de justicia, y el umbral de un cambio mayor.

Marzo de 2022.

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