Por: Roberto Candelaresi
Introducción
Los peores vaticinios sobre la desigualdad social se han hecho realidad: en 2015, el 1% de la población mundial ya tenía más riqueza que el resto de la población, cifra que confirmaba la tendencia trazada en años anteriores.
Con estos datos sobre la mesa, comprobamos que la desigualdad social es uno de los principales obstáculos para el desarrollo social. No es sólo el elemento económico o la renta mínima. Se trata también de cubrir necesidades o derechos fundamentales que, por diversas razones, en muchos casos no pueden hacerse efectivos.
Nos proponemos explorar el tema, pues lo consideramos de vital importancia para la supervivencia de los regímenes democráticos, especialmente allí, en esas sociedades donde la divergencia entre ricos y pobres se extreman, donde las tensiones pueden desestabilizarlo todo.
Definiendo el objeto
La Desigualdad Social existe cuando no todas las personas de una comunidad tienen acceso a las mismas condiciones de vida. Existen desigualdades culturales entre los grupos de población, así como diferencias económicas y sociales.
Sus causas se pueden diferenciar en: ECONÓMICAS; generalmente alto desempleo y brecha salarial que provocan un desequilibrio de riqueza, y ello a su vez en diferencias de oportunidades, acceso a recursos (salud, alimentación, educación). CULTURALES; por falta de universalidad en la educación o formación de los individuos. Y finalmente, SOCIALES; por la existencia de grupos en desventaja para con el conjunto, por la “incapacidad” de la comunidad mayoritaria a integrarlos. Esto implica una cierta exclusión fundada en prejuicios raciales, religiosos, de pobreza, de género o por migrantes.
Condicionantes
La carga de condicionalidades impuestas (como es históricamente de rigor) por el FMI van siempre en el sentido de obstaculizar la acción de toda fuerza política transformadora entre sus miembros. Su meta de intervención es sostener el statu quo neoliberal, incidiendo en la vida política y económica de los países.
El FMI y su obsoleto Recetario
El organismo impone siempre Política de Austeridad, que implica reducir el Gasto Público (se dice eufemísticamente moderar), y contener salarios para facilitar la política de exportación [export led], todo esto “mejora” la colocación de bienes en el exterior y se traen dólares (que sirven para los servicios de deuda, ante todo). Para redondear el mecanismo, se sugieren tipo de cambio alto y la baja o eximición de impuestos, todo conducente a incrementar rentas diferenciales, pero disminuyendo ingresos al Estado, con lo que se profundiza la desigualdad, a la vez que se arma una estructura que facilita la concentración aún más de la riqueza en pocas manos, afín al proyecto político de la derecha neoliberal.
Acción política recomendada
Las reformas deseadas por las mayorías, no se pueden implementar solamente con las instituciones republicanas, dado que el poder concentrado (real) operara por todos los medios de que dispone, entre ellos, el PODER JUDICIAL (especialmente por conducto de la Suprema Corte), y la presión que ejercen sobre el mismo FMI para que extreme sus exigencias.
Para contrarrestar esa oposición al proyecto popular, el gobierno debe ser claro en el discurso de cara a la sociedad, en una modalidad confrontativa, cuando la consensual evidentemente ya fracasó, e imponerse a quienes ostentan el poder económico y la hegemonía de los medios de prensa, antes de que el daño a la vida ciudadana produzca una irremediable debilidad en la concepción democrática y la fe en ella de la mayoría.
Y, además, para reafirmar su potencia, promover la movilización popular en su respaldo, organizándola a través de las estructuras partidarias de la alianza oficialista. Es decir, oponer las fuerzas democráticas a los formalismos de algunas instituciones cooptadas por las minorías privilegiadas.
En ese orden, el Estado debe maximizar su control sobre el comercio exterior, el intercambio de divisas, e imponer definitivamente una suba de retenciones a los derechos de exportación, ante la situación extraordinaria que vive el mundo, a causa del conflicto europea, que produjo una inesperada gran ganancia a productores y exportadoras de commodities, y adicionalmente, importó una inflación que en nuestro propio mercado no se justifica.
El Estado es el instrumento idóneo para frenar la inflación manipulada desde el poder económico (que estimamos en más de la mitad de los índices mensuales), y limitar precios abusivos que se refrendan con márgenes brutos extraordinarios de las formadoras de precio (al igual que grandes productores agropecuarios). Ello, además, implica no solo el combate a la inflación no regresiva, sino mejorar la distribución de la riqueza, que es otro objetivo autoimpuesto por el oficialismo.
La pobreza se genera cuando el derecho de propiedad no tiene límites. Este conflicto es inevitable puesto que es la esencia de la política. El diálogo no excluye la confrontación con intereses. Pero la democracia exige que los gobiernos sostengan eficazmente la defensa de sus intereses generales, para ello, las mayorías han delegado su autoridad y representación. Cuando un gobierno no actúa proactivamente en ese sentido, contribuye a la devaluación de la democracia.
En el campo ideológico, quienes defienden el statu quo, adscriben al pensamiento hegemónico ortodoxo, que a su vez sostiene la protección de las condiciones de la globalización financiera. Estos intelectuales devienen en orgánicos del poder real, y generan un discurso pro reducción del Estado, y de su Gasto Social, consideran que la inflación es un fenómeno solo fiscal y monetario, y desdeñan conceptos tales como emancipación o soberanía, o sea; un Estado capaz de desplegar un Proyecto Nacional. Y, por cierto, esto incluye al “libertarismo” neofascista de reciente aparición. Como se advierte, su programa extremo mercado-céntrico –como todos los de derecha dogmática– es contradictorio con la DEMOCRACIA.
Economía Política
Si de ingresos se trata para mejorar condiciones de vida del pueblo, el poder coercitivo del Estado debe estar ‘a mano’ para ejercerlo. La inflación no se puede manejar solo con una política de estabilización macroeconómica, dado que hay agentes económicos relevantes que no se avienen a las premisas o propuestas del gobierno.
Por otro lado, el mero ajuste monetario-fiscal, solo reduce la capacidad adquisitiva del pueblo, mientras que la estructura económica se reconvierte. Por otra parte, como expusimos anteriormente, la inflación actual es en gran parte producto de un proyecto inflacionario del poder económico concentrado, no por “exceso de circulante” como argumentan.
La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste”
Juan Domingo Perón
“… La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste”, enunció un gran líder político, pero para ejercer con eficacia ese control e intervenir, el Estado debe estar debidamente articulado, tener dimensiones aceptables, su burocracia capacitada y ser conducido profesionalmente. Para lo cual, se hace necesario revertir los desmantelamientos de los periodos neoliberales padecidos en la historia. Se impone re-institucionalizar la legitimidad de la intervención estatal en la esfera de la economía, para instrumentar decisiones políticas.
Otro mito que ha de abrogarse, es que la distribución del ingreso depende del crecimiento, y que no se dirime en la política. Esto es falso. Las políticas ofertistas son aquellas en que las políticas tienden a bajar los costos del empresariado para estimularlos [profit led] a aumentar la producción, creciendo la economía. El resultado siempre fue concentración de ganancias no un aumento de la masa salarial, es así una redistribución regresiva del ingreso. Este fracaso mundial, se lo conoce como la teoría del derrame. El crecimiento que nunca – si no se fijan metas de igualdad – disminuye la pobreza como axiomáticamente proclama. El “instrumento” estaría por encima del objetivo. Para la derecha, se trata de un apotegma y, sin embargo, la realidad demuestra que cuando aplicado; aumenta la desigualdad.
Presión Fiscal Ficticia y Ahogo inexistente.
La Argentina, más allá de las falacias propaladas por la derecha y sus representantes, tiene una política fiscal bastante regresiva, pues sus mayores ingresos provienen de tributos al consumo, y en minoría quedan las gabelas al patrimonio o riqueza. Y, la presión fiscal [proporción de impuestos /PBI] del país se ubica en el promedio de la región, y es ciertamente más baja que el promedio de la OCDE [países desarrollados], que es donde la clase privilegiada se quiere reflejar. Por ello, sus voceros mienten y confunden. El caso es que si hay una ocasión para nivelar en parte, las desigualdades de arrastre, agravadas por los efectos bélicos sobre los precios de commodities, es sin duda la imposición de un “impuesto a las ganancias inesperadas” a aquellas corporaciones que se han beneficiado enormemente por esta circunstancia fortuita para estas latitudes, sin que hayan aumentado ni la inversión, ni la productividad, y aumentando indiscriminadamente los precios internos de los comestibles, con el impacto directo sobre la población. Se trata de una carga tributaria compensatoria sobre estos beneficios extraordinarios aplicable solo a las grandes empresas. Su producido permitirá redistribuir con otras políticas económicas, para el consumo popular y general. Las organizaciones empresarias, representantes de la plutocracia como la AEA [grandes empresas], la UIA [industriales], la CIARA [aceiteros], el CEC [exportadores de cereales] y otras, se oponen tenazmente, desde luego, realizando todo tipo de campañas con falsa data para victimizarse y confundir a la opinión pública. La exageración de la presión tributaria, o la inclusión en sus reclamos de PYMES -que nada tienen que ver con esa medida- pueden tomarse como manifestaciones de tal manipulación.
Además de este justo tributo para morigerar la estrategia de los monopolios o empresas dominantes, que inflan los precios al socaire de incrementar desmedidamente las ganancias y, así reciclan el proceso inflacionario de por si ya exacerbado. Algo semejante ocurre con los productores / exportadores de materias primas, que, aprovechando la coyuntura geopolítica actual, ofrecen en el mercado doméstico precios internacionales. Es menester desacoplar estos valores y el instrumento más idóneo es la suba de retenciones (derechos a la exportación). Ambos son causales de sustentación a la espiral inflacionaria que experimentamos, y ninguna tiene razones objetivas, más que desmedido anhelo de lucro. Sospechamos que el gran capital pretende consolidar el cambio de la relación capital / trabajo que produjo el gobierno de *Cambiemos*, con la consiguiente sustancial apropiación del excedente a favor del primero. Las recientes manifestaciones “del campo”, en rigor, de algunos dirigentes del PRO travestidos, desnudan ese proyecto del poder económico.
Retomando el análisis crítico al Discurso Neoliberal.
La colonización mental después de tantos años de liberalismo mechado en periodos, ha logrado desplazar el criterio humanista en el análisis económico. La desigualdad que siempre dejan estos gobiernos, potencia la injusticia social que se expande.
El discurso de la derecha (neo)liberal como ya citamos, responde al apotegma de que, con el crecimiento económico, se diluye la pobreza. Sin embargo, la distribución del ingreso no es inherente a los procesos económicos, sino producto del orden que zanja la política. Es notable que la derecha hoy, reclame estímulos como la reducción de costos, DISMINUYENDO la ‘presión tributaria’ (por ello rechazan todo otro gravamen sobre sus ganancias), y ni mencionen la necesaria recomposición salarial general, que ha perdido tanto poder adquisitivo desde el gobierno amarillo. ¿Nos olvidamos de la democracia de los DDHH? La pobreza y la indigencia, indignidades en un país potencialmente rico, deben ser atacadas sin más trámite, perentoriamente, y la fuente de los recursos – habiendo sectores con ‘ganancias extraordinarias’ – no debería ni estar en discusión.
Téngase presente, que la derecha en su ortodoxia económica, siempre presenta su lenguaje como ‘apolítico’, técnico, y en tanto tal, evidente e indiscutible. La desigualdad no se suele mencionar siquiera, puesto que esa noción describe una posición relativa en la sociedad, no una determinación convencional de orden individual.
La noción de que la redistribución y la búsqueda de la igualdad a través de la política son desfavorables para estimular la inversión en la economía se refuta comparando las estadísticas duras y específicas de los distintos períodos de gobierno democrático, en que, con una presión fiscal un poco más elevada de las administraciones populares, la inversión cualitativamente no dejó de aumentar. Cuando los liberales estuvieron gestionando, la supuesta “prudencia” en la moderación del gasto y pisar los salarios (con Menem, De la Rúa y Macri, los ingresos perdieron poder adquisitivo) las inversiones no crecieron, estancándose o incluso decreciendo al final.
Se concluye que, en nuestro mercado, la inversión está más vinculada al nivel de la demanda agregada (los gobiernos populares estimulan el consumo general) que a la tasa de ganancia. Traducido se lee: el impulso al consumo y el gasto franco del Estado inducen al incremento de la inversión.
Las estructuras productivas que cada modelo brinda, también difieren. Así, en la política económica liberal, la oferta se estimula por la ganancia básicamente, por lo cual, la producción se orienta a una minoría que puede pagar altos precios por artículos suntuosos [profit led]. Las políticas económicas del gobierno popular tienden a estimular la producción de bienes para un gran mercado de ingresos medios, a los que acceden por los buenos salarios [wage led]. En un caso se apoyan en el crecimiento para ampliar la torta o, de hacerlo en la igualdad promoviendo el desarrollo económico.
La lucha por el Poder Económico
Desde la instalación de JxC en el 2016, el poder real usó el mercado despojando paulatinamente de los ingresos alcanzados por los trabajadores. Con el actual gobierno, siguen obstaculizando las tentativas de redistribución del ingreso. El Estado requiere contar con todos los medios para controlar la Economía y reconducirla, comenzando por frenar la ‘cruzada antipopular del aumento de precios’ que promueven (o ejecutan) los formadores de precios y movilizadores del mercado de cambios. La inflación se genera en el lado de la OFERTA.
La conducción de la ECONOMÍA exige fijar rumbos definidos y firmes. Los pactos y consensos no se pueden dar (aunque siempre sea republicanamente recomendable), con actores [poder concentrado] sin disposición democrática y esencialmente plutocráticos. Acción y Reacción. Dar pelea implica ganar respeto y legitimidad, aunque se pierda el objetivo de la confrontación.
Conclusiones
Las desigualdades de todo tipo siguen persistiendo, en el mundo, en la región y en el país. Básicamente amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la pobreza y echan por tierra el sentimiento de integridad y estimación de las personas.
Los modelos económicos prevalentes han fallado a la humanidad, en tanto sistemas viciados y discriminativos que posibilitaron la concentración del poder en una minoría, a costa de personas [o países] más pobres y marginadas. Perpetúan las formas múltiples e interconectadas de desigualdad que son la causa fundamental de la Pobreza y la Injusticia.
En muchos países y regiones, las personas se ven privadas de la oportunidad de decidir sobre su futuro. Esto es éticamente inadmisible, pero más allá de los dichos, con que todos comulgan, la acción política (negativa) hizo que en nuestra sociedad(es) los ingresos se distribuyen más desigualmente que en el pasado.
Para peor de males, la COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes (afectando más a los pobres y a comunidades más vulnerables). Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia [pérdida de empleos, recorte de ingresos]. La exacerbación en algunos redundó en un creciente discurso de odio y exclusión especialmente con vulnerables.
Ha de retomarse la experiencia positiva de incrementar ingresos medios de los pobres, hoy sector “crecido”, en una política ya ensayada de potenciar y promover el crecimiento económico y social inclusivo. Aunque hoy la reducción de la desigualdad, implique un cambio transformador.
Es perentorio erradicar la pobreza extrema y el hambre, como consigna en nuestros pueblos, mientras en las democracias más antiguas, siguen enfrentándose al racismo, la homofobia y la transfobia, así como a la intolerancia religiosa.
Se debe continuar eliminando las prácticas (y normas) discriminatorias, pues el imperativo moral es que con la igualdad se garantiza una vida digna para todos. El Estado debe desplegar políticas económicas y sociales UNIVERSALES prestando atención a las comunidades desfavorecidas o marginadas.
Una buena práctica es que estas últimas, estén mejor representadas en el proceso de adopción de decisiones sobre los problemas. Así sus soluciones serán más eficaces y acreditadas ante la población. Esa es una forma de gobernanza inclusiva, responsable y transparente, tal como exige la hora. Debe haber espacios seguros y dinámicos que permitan a todas las personas demandar responsabilidades al poder. En definitiva; acrecentar la DEMOCRACIA.
Creemos que la desigualdad no es inevitable. Ha llegado el momento del cambio.
