Una marcha con el pedido de “democratización de la justicia” y contra la Corte Suprema se realizará desde las 18hs hacia el Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial.
La convocatoria es en Plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550, y participarán, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el dirigente social Luis D’Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla.
Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires. El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial “se transforme en un servicio de justicia” y no quede reducido a una “protección a intereses que no son los propios de los argentinos”.
También anunciaron su participación las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros organismos. El partido Frente Grande dijo que acompañará “con expectativas y esperanzas” la movilización al Palacio de Tribunales.
También se exigirá “el fin del lawfare” y se dará lectura a un documento y luego tomará la palabra el juez Juan Ramos Padilla, uno de los principales convocantes. Con los mismos reclamos habrá también movilizaciones en más de 30 ciudades de todo el país, a los que se sumarán consignas propias sobre el accionar judicial en cada una de ellas.
La alianza Juntos por el Cambio criticó la marcha y señaló que suma “gravedad institucional” a la escena política. Señaló que la Constitución establece un mecanismo para remover y estimó que “este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno”, según interpretan.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, aclaró que el Gobierno “no toma postura” respecto a la marcha: “El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno”, dijo. Pero afirmó que “la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza de la Justicia, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández calificó anoche la convocatoria como “una expresión ciudadana”, en una entrevista con el canal C5N. “En un estado de derecho cada poder se expresa por un instrumento, el Poder Judicial se expresa en sentencias. Todos son actos de gobierno, públicos y susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número X de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que sus actos de gobierno no se están adecuando a lo que esperan. Tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”, advirtió.
A la convocatoria se plegaron distintos integrantes de la Justicia. “Es una marcha para todos, desde la izquierda hasta la derecha. Es histórico, jamás en la historia de nuestro país el pueblo se ha puesto de acuerdo en plantarse ante un Poder Judicial que nunca sirvió”, sostuvo el juez Ramos Padilla. “El Poder Judicial siempre funcionó en función de privilegios y de intereses concentrados”, definió también.
“Durante el Gobierno de Mauricio Macri se hizo patente que había que democratizar al Poder Judicial. Esa gestión actuó como una banda que tuvo un plan criminal que pasaba por captar a un sector de la justicia para tener impunidad. Por eso, es necesario movilizarse”, señaló por su parte el exjuez federal Carlos Rozanski.
Hay jueces que representan el pensamiento de extrema derecha dentro del Poder Judicial. El problema es que son delincuentes y están dentro de ese ámbito. Son un sector importante. Están en Casación, en la Cámara Federal, en la Corte Suprema y en distintos tribunales federales del país. Tienen un poder enorme y eso no se ha tocado”, remarcó el expresidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de La Plata.
“Hay que poner el bisturí en todos lados porque la Justicia está infiltrada por esta gente. La mayoría en el Poder Judicial son buenos jueces y fiscales, pero es imposible si no se cambia la cabeza”, agregó Rozanski.
Desde los sindicatos también se manifestaron: “Es una obligación marchar mañana para pedir una justicia independiente y democrática y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor de los sectores de poder”, afirmó ayer el cotitular de la CGT, Pablo Moyano. Para el dirigente camionero, “son varios los motivos” para movilizarse. Entre ellos criticó “que un trabajador deba estar 15 o 20 años para cobrar una indemnización, mientras que algunos juicios de empresarios o políticos de derecha logran fallos de forma automática”.
“La reforma laboral fue la única ley que no pudo llevar adelante el gobierno de Macri y nuestras organizaciones fueron las que permanentemente lo denunciábamos en las calles con paros y movilizaciones. Esos es algo que no me lo perdonaron. Por eso inventaron causas y allanamientos a quienes nos oponíamos a ese gobierno de derecha que le sacaba derechos a los trabajadores”, remarcó el dirigente camionero.
El diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky también se manifestó a favor de la Marcha del 1F. Otros dirigentes y gremios, en cambio, se mantienen al margen de la movilización. Luego de atribuirle a la “grieta” entre oficialismo y oposición “la marcha en contra del 1F y a favor –3F– de la Corte Suprema”, el gremio de Judiciales que conduce Julio Piumato anunció en un comunicado que “nuestra organización no participará de ninguna de estas convocatorias”.
Posturas disímiles también se plantean entre funcionarios y legisladores del oficialismo. El diputado Leandro Santoro afirmó que la Corte Suprema “tiene que rendirle cuentas a la sociedad” y por este motivo “es legítimo que la gente se exprese” en la movilización de hoy. “Soy diputado nacional, y por eso tengo dudas para participar, pero me parece legítimo que quienes sienten que debe haber un recambio se manifiesten. Si no fuese diputado, no tengo ninguna duda de que estaría ahí”, explicó el legislador.
La movilización se replicará en más de 30 ciudades de todo el país. En muchas de ellas habrá reclamos a la justicia local. “Estoy de acuerdo con la marcha, pero no tengo nada en contra de la Corte Suprema, pero si contra sus integrantes y los jueces que responden a Macri, a la embajada de Estados Unidos, a Cambiemos, a (la exministra de seguridad) Patricia Bullrich y a toda la derecha”, afirmó la dirigente social jujeña Milagro Sala. La dirigenta de la agrupación Tupac Amaru, que permanece bajo arresto desde hace seis años en Jujuy sin condena firme, comparó: “es injusto que los responsables del endeudamiento con el FMI, los que se han robado todo, hoy estén en libertad. Por eso queremos una Corte Suprema y un Tribunal Superior en Jujuy que apliquen la justicia sin los aprietes de los colores políticos de la derecha y del neoliberalismo”.
