Ante la falta de resultados por parte del gobierno para implementar medidas a favor de las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán, asediadas por la violencia paramilitar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció una visita in situ para verificar la situación de los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas a los municipios.
«La CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia, lo que permite que persista los ciclos de violencia incluyendo disparos y agresiones de armas de fuego que atenta contra la vida de las personas», explicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Debido a la violencia por parte de grupos paramilitares contra las comunidades tsotsiles y tseltales en Chiapas, que ha provocado muertes, heridos y miles de desplazados indígenas, la CIDH solicitó al Estado mexicano desde hace casi cuatro años la adopción de medidas cautelares a favor de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.
Sin embargo, frente a los factores de riesgo que aún permanecen en las zonas, la CIDH decidió mantener las medidas cautelares a favor de 22 comunidades indígenas de Chiapas, «requiriendo al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de seguridad para proteger la vida y la integridad personal de los habitantes», explicó el Frayba.
Por ello, el Frayba solicitó al Estado mexicano su disposición para que la CIDH efectúe la visita in situ a las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
A continuación el comunicado completo:
El 15 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su disposición para realizar una visita a México, específicamente a los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, con la finalidad de verificar la situación de las personas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18).
Desde hace 3 años, 9 meses y 20 días la CIDH solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad personal de los habitantes de 9 comunidades colindantes del municipio de Chalchihuitán y una de Chenalhó. En la misma zona y desde 236 días, la CIDH nuevamente otorgó medidas cautelares a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama colindantes con la comunidad Santa Martha del municipio de Chenalhó, frente a las constantes agresiones de un grupo armado de corte paramilitar.
La CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia, lo que permite que persista los ciclos de violencia incluyendo disparos y agresiones de armas de fuego que atenta contra la vida de las personas. La CIDH lamentó las muertes ocasionadas como resultado de los actos de violencia en las comunidades de estos municipios.
Frente a los factores de riesgo que permanecen en las zonas, la CIDH ha decidido mantener las medidas cautelares a favor de 22 comunidades indígenas de Chiapas, requiriendo al Estado mexicano la adopción de medidas urgentes de seguridad para proteger la vida y la integridad personal de los habitantes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los beneficiarios de estas medidas cautelares, solicitamos al Estado mexicano su disposición para que la CIDH efectúe la visita in situ a las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
Fuente: Desinformémonos
