Publicado en: Motor Económico
Entidades y dirigentes pymes, organizaciones sindicales, sociales, políticas y culturales que integran el espacio PRODUCCIÓN Y TRABAJO dieron a conocer una evaluación de lo que fue el año 2020, la pandemia y su impacto en la economía y salud, las medidas del gobierno y lo que aún resta por hacer
Al realizar un Balance del año 2020, en su última reunión del año, el espacio Producción y Trabajo, refirió que “el Gobierno Nacional, asumió “con una situación muy compleja, la desaparición de 25.000 empresas, la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo, y una fuerte caída del poder adquisitivo del salario tanto de los trabajadores activos como pasivo, lo que elevo considerablemente los niveles de pobreza e indigencia, según datos del INDEC con un 35,5% y 8% respectivamente, castigando mas a los niños (48% de los niños del país eran pobres) y a los adultos mayores.
“Una deuda externa que había crecido en los últimos 4 años en u$s 100.000 millones, siendo el 45% con el FMI y cuyos vencimientos, tanto de capital como intereses, operaban a corto plazo.
“Una tasa de inflación medida por el IPC del INDEC del 53.8% y un déficit fiscal del 4,28% del PBI.
“La pandemia del Covid 19 agravo esta situación. En los primeros tres trimestres de 2020 el PIB cayó 11,8% respecto a igual período del año anterior y la pérdida de empleo alcanzó a 2,2 millones de personas en el tercer trimestre del año…”
“Ante esta situación, el gobierno ni bien asumido, había lanzado la “Tarjeta alimentar” y, luego, ante la gravedad de la crisis sanitaria, tomó medidas inmediatas, con el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (ASPO), acompañándolo con medidas de asistencia económica, entre las destacan refuerzos de AUH, el “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE) , congelamiento de tarifas de servicios públicos, “Asistencia al Trabajo y la Producción” (ATP), créditos a tasa 0 para monotributistas , extensión de Ahora 12 para consumidores…
“No obstante debemos señalar que estas medidas tan solo han sido paliativos parciales y limitados ante la magnitud de una crisis histórica inédita y deben ser reforzadas no reducidas en nombre de un peligroso “lo peor ha pasado”, y teorías monetarias ortodoxas que plantean que la emisión genera inflación.
“La realidad de un rebrote del Covid19, que se manifiesta por estos días constituye una seria advertencia, y no es ocioso, señalar frente a este monetarismo extremo de distintos referentes del poder económico que la intervención del Estado en relación a nuestro PBI ha sido comparativamente menor en relación a otros países, inclusive de la región (Argentina: 7%, Brasil 15, 9% , Chile 9,6%, Colombia 8, 9%).
“Deben sostenerse y mejorarse, a la par que se evitan desvíos de programas existentes, muy especialmente las partidas destinadas a salud (vacunación y servicios), educación, apoyos para la creación y sostenimiento de actividades productivas/emprendimientos,
Es necesario un plan integrado de obra pública ambicioso que incluya viviendas, infraestructura básica barrial y grandes obras de infraestructura imprescindibles para la economía
Para dinamizar el Mercado Interno, es sabido, es ime prescindibl recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones, incluidas las jubilaciones que no son sino salarios diferidos. Pero si de los aumentos nominales se apropian los formadores de precios, en particular, los de los sectores alimentos, tarifas de los servicios públicos, y financiero – pues indudablemente pesa y mucho el costo del dinero – no tendremos el efecto deseado sobre el conjunto de las actividades económicas.
Sostenemos pues, que se hace necesario un estricto control de los costos de los insumos difundidos, para evitar distorsiones en los precios de las distintas cadenas de valor, estableciendo precios de referencia. Junto a un seguimiento público y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes y servicios que necesitan las familias y los sectores productivos, para detectar los aumentos injustificados. Sin este control de costos se hace imposible ordenar la economía y las finanzas nacionales.
Una importante oportunidad se ha perdido con la mala resolución del caso planteado por la estafa y quebranto del Grupo Vicentín, con escandalosa responsabilidad del Poder Judicial, y de un activismo reaccionario. El grupo va siendo despedazado en beneficio de las grandes corporaciones del sector, se concentra así aun más el mercado granario y de sus derivados agroindustriales. Vicentín, en salvaguarda del interés nacional, los trabajadores, productores y banca pública estafados, debía constituirse en una empresa mixta testigo del sector y para ello era necesaria su expropiación.
Era, y es necesario, en función de una imprescindible Soberanía Alimentaria contar con una empresa testigo en la actividad, rol que podría jugar YPF Agro, que coadyuve para conocer los costos reales, perfeccionar el control de contabilidad, pago de impuestos y derechos, divisas, peso de la carga de las embarcaciones y puertos privados por los que se fuga una parte sustancial de la producción.
No es posible que todo grano que sale por esos puertos que son privados, lo hagan a simple DDJJ, sin controlar el peso de la carga de los barcos, por los que salen las riquezas socialmente producidas en nuestro país en forma de commodities. La hidrovía no puede ser una vena abierta de nuestra Patria, este será un tema fundamental para garantizar la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social. La negativa realidad sobre los precios, incluído el del dinero, indica la vigencia del interrogante sobre los costos y las cargas de la crisis.
El programa `precios cuidados´ se ha demostrado insuficiente. El costo de los alimentos en un país productor de alimentos es escandaloso. Las maniobras con los precios y cuellos de botella injustificados como los que se están produciendo actualmente con la falta de acero, chapas, materiales de construcción, plásticos son inadmisibles. No hay justificación objetiva de falta de oferta o sobre-demanda del mercado interno, o de mayores costos internos/precios relativos, ni de compromisos financieros inmediatos del país, ni de caída de la producción o de los precios internacionales de las principales exportaciones o aumento de los precios de las principales importaciones, que justifiquen la corrida cambiaria y el alza de precios observado en el último periodo.
Por todo ello no dudamos en exigir una reforma impositiva integral que se base en la progresividad en relación a la capacidad contributiva, con una equitativa segmentación, que garantice el control de la evasión, elusión y ocultamiento de grandes movimientos especulativos. No es posible ignorar que la mayor carga tributaria recae directa o indirectamente sobre los ingresos de carácter alimentario de la inmensa mayoría de los argentinos, sobre su capacidad de consumo.
Esa reforma impositiva obligadamente debe estar vinculada con una reforma financiera, que nos vaya liberando de la trampa de la financierización de la economía, de la valorización especulativa del capital, para recuperar el camino de la valorización productiva.
No cabe ninguna duda que la creación de moneda, cualquiera sea su soporte, es una función indelegable del Estado, hace al ejercicio real de nuestra soberanía y que los servicios financieros deben constituir, por ello, un servicio público centrado en la generación de crédito asequible para resolver las necesidades de las familias y los sectores productivos.
Sin estas reformas no habrá un modelo económico de desarrollo e inclusión sustentable, no habrá resolución positiva del problema de la inflación y el tiempo ganado con la reestructuración de la deuda, por parte del actual Gobierno se habrá perdido.
Tampoco se podrá atacar eficazmente la constante fuga de capitales y la especulación en el mercado cambiario, que persisten con distintas variantes causando una caída constante de la recaudación real con la que el Estado debe atender sus responsabilidades en materia de infraestructura, servicios públicos y seguridad social, en sus subsistemas de salud, previsional y de desarrollo social.
Sin ellas no será posible un control claro, firme, dinámico y previsible de las operaciones de comercio exterior de bienes y servicios con el exterior (combatir maniobras de subfacturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones con estricta aplicación de las leyes penales cambiaria y tributaria). El uso prioritario de divisas debe ser para cubrir las necesidades básicas y el sostenimiento del trabajo y la producción, no la especulación.
Con relación a las negociaciones con el FMI, debe ratificarse firmemente la oposición a ajustes que atenten contra las prioridades de: atender la emergencia sanitaria y social, recuperar el trabajo y potenciar el mercado interno, como bases esenciales para la imprescindible reactivación económica.
Se ha puesto claramente en evidencia la corresponsabilidad del FMI, en la crisis de la deuda ante la concesión del mayor crédito de su historia por “razones políticas” -incluyendo la permisividad evidente para el financiamiento de la fuga de capitales-. y contra sus propias normas constitutivas.
Ante su habitual exigencia de ajustes estructurales (previsional, impositivo, laboral) para la reducción del déficit fiscal es preciso hacer hincapié en las prioridades absolutas de la recuperación social y económica. En perspectiva, las vías de achicamiento del déficit deben ser el propio crecimiento económico y la mayor carga impositiva a sectores con mayor capacidad contributiva.
Las entidades representativas del movimiento obrero organizado, de pymes nacionales, del sector agropecuario, de las fabricas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas y los movimientos sociales, que aportamos a la unidad nacional, la defensa de la democracia y la reconstrucción de la producción y el trabajo con el objetivo de poner nuestro país en marcha, nos ponemos a disposición del dialogo con las autoridades nacionales, para profundizar el análisis de los aspectos planteados. Entendemos que ese ámbito es el Consejo Económico y Social, el que prontamente será convocado, y el que esperamos nos tenga como protagonistas.
Entidades integrantes:
CTA de los Trabajadores; la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT; la Confederación General Económica, la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA); la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP);; la Agrupación Grito de Alcorta; la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP); la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA); la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Auto gestionados (FACTA); el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA); el Centro de Estudios Agrarios; la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF), Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación (CADA), Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA), Frente Barrial CTA (FB CTA-T).
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