Dentro del extenso discurso del jefe de Gobierno para inaugurar las sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, anunció que enviará un proyecto para modificar la Ley de Seguridad.
Afectando directamente al pueblo trabajador, y a sectores cuya única salida es la venta en las calles, Horacio Rodriguez Larreta advirtió ayer la modificación en la ley “para extender las contravenciones y que los responsables de alterar la convivencia reciban las sanciones que corresponden”.
Después de detallar los objetivos para los próximos años para su gestión en la Ciudad, informó: “Vamos a profundizar nuestros esfuerzos para reducir las situaciones que alteran la convivencia. Vamos a enviar a la Legislatura una modificación de la ley de Seguridad para extender las contravenciones y que los responsables de alterar la convivencia reciban las sanciones que corresponden”.
“Una de esas contravenciones es la venta ambulante ilegal, que se apropia del espacio público y atenta contra el trabajo legítimo de los comerciantes. Entendemos la situación de los trabajadores ambulantes y vamos a seguir trabajando junto a ellos para ofrecerles una alternativa de trabajo registrado y seguro. Pero no podemos permitir la ilegalidad”, agregó.
Larreta expresó: “La convivencia es la base de la vida en sociedad. En este sentido, trabajar junto a la Justicia es fundamental. Necesitamos una Justicia cercana y transparente que proteja a las víctimas de delitos, que investigue y resuelva los casos en tiempos razonables y que dé respuestas a la sociedad”.
Ya son conocidas las imágenes de la Policía de la Ciudad reprimiendo en diferentes circunstancias a trabajadores y trabajadoras ambulantes, ya sean manteros o caminantes.
Muchos de los reprimidos Senegaleses han acusado racismo por las injustas detenciones y los maltratos injustificados, quitándole la mercadería entre otros actos violentos.
Hay familias cuyo único ingreso es el de estas ventas, y que en sus ganancias no pueden alquilar un comercio, así como no pueden volver a conseguir tan fácilmente el producto a vender si es que se lo quitan.
Pero el discurso meritocrático y las políticas impulsadas por quienes lo promueven, no parecen visibilizar los padecimientos ajenos con empatía.
Es cierto que es un espacio público, tanto como que hay otros trabajadores que se esfuerzan y llegan con lo justo a alquilar un local para vender sus mercaderías, pero no todos ni todas pueden llegar a eso.
Si el espacio es público, no tendrían por qué no tener derecho a la venta al público. La extensión de la Ley es un hecho violento, discriminatorio y empobrecedor por donde se lo mire.
Sacarle al única fuente laboral a quienes menos tienen, para que los que tienen más no tengan que visualizarlos en las calles y les sea más “libre” el paso. Cierto sector tiene derecho a “caminar libremente”, pero otro sector no tiene derecho a trabajar.
En una convivencia social profunda, la foco debería ser la aceptación y la colaboración, jamás la prohibición y mucho menos la represión.
