La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y organismos de derechos humanos, señalizaron el Cementerio Municipal de General Madariaga y el Batallón de Ingenieros de Combate 101 como nuevos espacios de memoria.
La decisión de las señalizaciones fue de la Secretaría de Derechos Humanos. En el cementerio de Madariaga, en 1978, fueron inhumados como NN los cuerpos de víctimas de los “vuelos de la muerte” que habían sido encontrados en la costa del mar Argentino. En tanto, en el Batallón de Ingenieros se planificaron y cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Cementerio Municipal de General Madariaga
Según consta en documentación obrante en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, en este cementerio fueron enterrados como NN militantes políticos, sociales y sindicales detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico-militar.
Hasta el momento han sido identificadas dos personas enterradas como NN en este cementerio, que previamente habían estado detenidas-desaparecidas en los centros clandestinos de detención “El Banco” y “Olimpo”. Sus cuerpos fueron entregados a las familias. Estos casos se incluyeron, entre otros, en los distintos tramos que juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo (ABO) por los que fueron condenados catorce represores a prisión perpetua y uno a veinticinco años.
Los enterramientos clandestinos y como NN en cementerios municipales de todo el país formaron parte del ocultamiento de los cuerpos de las personas detenidas-desaparecidas y completaban, así, el círculo criminal de secuestro, tortura, muerte y desaparición propio del terrorismo de Estado. Esta metodología buscaba garantizar la eliminación de las pruebas materiales de los delitos de lesa humanidad cometidos con el fin de consolidar la impunidad de los culpables y generar terror en la sociedad, entre otras razones.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691, los hace visible y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás
En esa unidad militar, dependiente del Ejército Argentino, se diseñó, controló y ejecutó el accionar represivo ilegal del Estado en la región durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El plan de aniquilamiento de la clase obrera en San Nicolás, como en todo el cordón industrial del río Paraná, comenzó a ejecutarse en 1975 luego de las movilizaciones populares en Villa Constitución que dieron nombre al “Villazo”.
Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, aquí permanecieron secuestradas personas perseguidas por su compromiso social, político y sindical. Las víctimas eran detenidas en operativos realizados por miembros del Batallón junto con otras fuerzas de seguridad provinciales y federales, y fueron interrogadas en la oficina de la jefatura.
Algunas de las personas que pasaron por ese lugar fueron liberadas y otras fueron trasladadas a distintos centros clandestinos de detención, como la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, el Comando Radioeléctrico, la Comisaría 1ª, o reingresadas a la Unidad Penal 3 de San Nicolás, desde donde fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y llevadas a otras cárceles del país.
El Batallón de Ingenieros de Combate 101 estaba subordinado al Comando del Primer Cuerpo de Ejército y conformaba la jefatura del Área Militar 132, que abarcaba las localidades de Baradero, Pergamino, San Nicolás, San Pedro y Ramallo, entre otras.
Entre 2012 y 2020, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta zona, los Tribunales Orales Federales de Rosario I y II condenaron a dieciséis represores.
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691, los hace visible y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
Esta señalización fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás y se realizó en el quinto aniversario del fallecimiento de José María “Cholo” Budassi, víctima del terrorismo de Estado de la última dictadura y referente del movimiento de derechos humanos de la región. Del acto participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Moreno, y el director de Sitios y Espacios de Memoria de la provincia, Gustavo Moreno; concejales y concejalas de San Nicolás y referentes sindicales y de organismos de derechos humanos locales.
Por su parte, la de General Madariaga contó con la participación de la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Moreno, y organismos de derechos humanos locales.
