Por: Roberto Candelaresi
Introducción – Lo que debilita a la democracia.
Las democracias pueden debilitarse y aún esfumarse cuando – por ejemplo –, las propias instituciones consignadas para facilitar su funcionamiento, son ineficaces, o se desvían de sus propósitos.
Según la experiencia histórica, dos son las causas principales que motivan el fenómeno;
1). – la desidia de gobiernos indolentes que se sostienen en la burocracia cristalizada y formalista, sin darle la “vida” de continuos cambios y mejoras necesarios para que las instituciones de una república se actualicen y sean eficaces conformes a las demandas de la ciudadanía, y
2). – el arribo al poder de movidas populistas, revanchistas y con discursos ultra simplistas, que directamente pretenden desmantelar las instituciones que les permitieron acceder a la función ejecutiva, violentando principios constitucionales, e imponen un régimen autoritario centralizando las decisiones políticas y administrativas, tratando de convencer a la población, que el proyecto político en ejecución (y el partido que lo gestiona), es el único camino posible a la ‘salvación’ como país. La opinión deber ser unívoca, por lo que el Estado de Derecho se resiente hasta virtualmente desaparecer.
Pero además del desdén por las instituciones, y el autoritarismo, hay otras condiciones que empobrecen la fuerza de la democracia, tales como; la corrupción, los entornos aduladores y demagógicos, el nepotismo, el clientelismo, las indisciplinas partidarias, las dirigencias caóticas de diversos estamentos sociales, las alianzas electorales efímeras, las componendas entre bloques parlamentarios y, mucho más importante, la desidia de los ciudadanos «de bien» que evitan comprometerse con la suerte de la nación.
Los grandes medios asisten a este debilitamiento o acorralamiento de la democracia, mediante la imposición de posverdades, ocultando la cocina de los acuerdos espurios y los negociados a la opinión pública. Hay hasta estructuras partidarias creadas por aventureros que se alquilan al mejor postor para el ulterior ‘toma y daca’.
La involución en la Argentina hoy
La crisis total, que las torpezas y desatinos de la gestión ‘mileísta’ está llevando al país, es inédita. Nunca en nuestra historia –y eso incluye la crisis del 2001–, absolutamente todos los indicadores de actividad económica, se desplomaron como estos últimos 7 u 8 meses, y en simultáneo. Los indicadores sociales y laborales, claros reflejos de aquel desaguisado, han empeorado en todos los segmentos. Por todo lo cual, a poco de iniciado el 2do semestre de mandato anarco libertario, podemos afirmar que la crisis es multidimensional y grave, y manteniendo este rumbo, solo tormentas en el horizonte se avizoran.
Toda vez que se practicaron estos ensayos libérrimos (de poder y mercado), los resultados fueron un fuerte retroceso en la calidad de vida de las mayorías, una clase media abultada y consumo-pudiente que se achica, mayor dependencia del país a inversiones e insumos extranjeros, concentración de renta en pocas manos, depreciación de la moneda nacional, etc. En definitiva, una redistribución regresiva del ingreso que implica un crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia, un atraso económico nacional, disminución de la soberanía y, una sociedad más injusta.
Hoy además se experimenta una destrucción (apenas disimulada) del aparato estatal, con medidas dictadas por las propias autoridades designadas para administrarlo, y amparadas bajo el halo protector del DNU 70/23, es decir, se trata de un proyecto político. Esa ruina a su vez, ocasiona la liquidación de conquistas económicas y sociales obtenidas por luchas en el último siglo.
Si a ello le sumamos el ‘estilo’ conductual y comunicativo presidencial, impregnado por un tinte claramente autoritario, de fanatismo dogmático, con un manifiesto desapego por el diálogo, irrespetuoso frente a los otros poderes, con un desamor a las normas republicanas y constitucionales, no podemos concluir de otro modo que con estos rasgos dictatoriales [tolerados por una oposición blanda o dialoguista], se trata de debilitar la vitalidad democrática que aún reside en la sociedad.
La prensa “no militante” (como les gusta auto referirse), no objeta (o lo hace muy ‘tibiamente’) ni da el debido tratamiento al deterioro que apuntamos en la calidad de la democracia. Son escasos los medios de comunicación que critican el inconstitucional protocolo de seguridad ciudadana (y otras resoluciones operativas de las FFSS) que limitan ciertos derechos civiles y políticos, tales como al de reunión, el de expresión, o a la protesta urbana, que son signos – a su vez – del despotismo del poder ejecutivo, que es soportado por las instituciones civiles que deberían abjurar de él.
El regreso de la cibervigilancia al registro (interacción) de los ciudadanos en las redes, desembozadamente anunciada por la ministra de seguridad, más allá de su pretendida justificación, que resulta útil en persecución del terrorismo o conspiraciones, no es otra cosa que una amenaza a la intimidad y privacidad de los dirigentes opositores o ciudadanos en general.
La democracia se desprestigia también, cuando trascienden los «aprietes» del presidente a legisladores y gobernadores provinciales, tanto como la compraventa de votos en el Congreso Nacional para que acompañen iniciativas del P.E.
Muchos habitantes comienzan a plantear si la democracia representativa en nuestra región es en verdad una farsa. Por eso creemos que, ante tan grave diagnóstico, el orden democrático solo puede ser reforzado por más participación ciudadana en todos los ámbitos, y la movilización en pos la defensa de los derechos.
En este punto [al convocar a acciones colectivas] creemos prudente introducir una reflexión; la democracia –como cualquier otro régimen de convivencia humana–, es ante todo un relato.
Una de sus particularidades, es de sostener en equilibrio dos valores fundantes; la libertad y la igualdad. Esto exige un esfuerzo de imaginación para considerar perpetuamente en el devenir social: qué es lo correcto o aceptable resguardando esos principios, conforme a lo históricamente pactado [ética], en definitiva, para vivir en base a la fuerza del DERECHO y no en base a la fuerza de los hechos.
En la democracia el héroe siempre es colectivo; la ciudadanía, el pueblo. No hay lugar para un héroe individual, como ensalza el relato de las tiranías o los autoritarismos. El poder del guerrero, del cazador, del macho proveedor, (como líder individual) en una visión triunfalista de una batalla, donde gana el más poderoso, se asocia con la lógica social darwiniana del neoliberalismo dominante. Y no es que no haya conflictos, esto es innegable, solo que la historia humana es mucho más rica que sus beligerancias, o del relato de los “cazadores” exitosos.
El poncho que se acorta
Tengamos presente que debilitar y/o desmontar el Estado de Derecho, se asemeja a deshilachar el “poncho” de empatía social que nos cobija como comunidad humana. Cuando quedan desamparados y marginados, se reafirma la desigualdad estructural. Eso es lo que promueve desde lo simbólico, la matriz libertaria.
En efecto, vivimos una pretendida “refundación del Estado de Derecho” que impulsa el presidente Milei [metafóricamente; el topo que viene a destruir al Estado, por ello la amenaza es cierta], una nueva Ética.
Para tal ‘misión’, ya se han instalado mediáticamente desde sus aliados macristas, cuestionamientos en forma de muletillas («el curro de los derechos humanos», etc.) que no merecen demasiadas réplicas desde la sociedad civil por ahora. Esto es parte de la “Batalla Cultural” en la que la derecha, extrema y moderada, se halla empeñada desde hace tiempo.
Pero si bien desde el marco conceptual de la política liberal, se debe respetar al ‘otro’ como individuo y renunciar a todo tipo de apoderamiento del prójimo como propiedad, cosa u objeto, es tal el libre albedrío que invoca, que no fomenta la constitución de sujetos éticos.
Su desinterés por velar por la integridad de ciudadanos, proteger e impartir justicia, (que vemos claramente en la NEGACIÓN a repartir alimentos y frazadas a los demandantes necesitados), es una prueba contundente del desapego de cumplir garantías constitucionales y una corrosión del derecho que indefectiblemente traerá injusticia, sufrientes marginados, y empeoramiento de la desigualdad estructural.
La justicia que acorrala
Para agravar el cuadro que expusimos hasta ahora, bajo exclusiva ‘responsabilidad’ del actual Ejecutivo, no podemos evitar agregar, la contribución de esmerilado a la democracia por parte de otro poder, el Judicial. En efecto, en nuestro país hemos experimentado una suerte de modelo de democracia tutelada desde la más alta judicatura. La Corte Suprema suspendiendo elecciones en algunas provincias (Tucumán y San Juan durante 2023), o dilatando sine die algunas cuestiones de trascendencia, por ejemplo, sobre la vigencia del ya famoso DNU 70/2023, que regula materias reservadas al legislativo.
El copamiento que la misma corte hizo al Consejo de la Magistratura (una institución democrática y constitucional), y su consecuente manipulación, implica un fuerte retroceso de los intereses populares y nacionales, y generalmente esto sucede en favor de sectores oligárquicos aliados a factores de poder extranjeros (Gobierno y corporaciones de EEUU, FMI), el círculo rojo o sencillamente; el establishment.
Cuando los tribunales amparan la ofensiva de esa derecha de camarillas “selectas”, desarticulando o limitando derechos comunes de las mayorías, o dan impunidad a los delincuentes económicos saqueadores, es que la corporación judicial está acorralando a la democracia.
Algunas fuertes señales que desde el Poder Judicial se da a la sociedad, tanto por acción, como por omisión [elude su función de superintendencia de los tribunales menores, es selectiva para procesar o perseguir a funcionarios o ex funcionarios públicos, etc.], interviene en asuntos que no son judiciales con perspectivas técnicas que no son de su competencia, aunque guarden las formas y los protocolos de actuación, por el fondo de los asuntos que “resuelven”, demuestran su desapego a las leyes y a la Constitución.
Parecería – en algunos momentos institucionales – que la “justicia” asumió la suma del poder público, y se considera a sí misma la portadora de la última palabra sobre todos los temas, tal como una «monarquía absolutista», es decir, sin fronteras funcionales entre los poderes del Estado como toda república.
El pronunciamiento acerca de cuestiones técnicas o filosóficamente económicas, por parte de miembros de la judicatura, es absolutamente impropio, sin embargo, hemos conocido causas jurídicamente aberrantes en las que incluso se dictaron autos de detención y procesamiento, ‘fundadas’ en visiones económicas discrepantes (ultraliberales) con lo actuado, como la del dólar futuro, como si se tratase de delito. Eso es llanamente persecución, y lastima las pautas democráticas del sistema. Convertir una ideología disidente y heterodoxa, o medidas concretas, que agravien los designios del establishment financiero internacional y el poder económico local en un delito, es gravísimo.
Para rectificar ese nefasto derrotero de concupiscencia con los poderes fácticos para su exclusivo beneficio, se requiere de un gobierno con acciones enérgicas para limitar, o anular esos ultrajes al derecho que referimos. La ética siempre es la llave para el acompañamiento popular de tales medidas. El aparato judicial debe ser confrontado, mediante protestas callejeras y pedidos de responsabilidad, mientras un gobierno responsable propone una necesaria reforma judicial estructural. Ningún poder del Estado, (y ciertamente menos el único que no es elegido por el pueblo), está por encima del poder democrático.
Concluyendo
Las preferencias de la sociedad argentina (pulsadas por los estudios de opinión), en los 40 años de la democracia recuperada, desde la orientación hacia lo público, nacional y estatal, tuvo un gradual cambio de tendencia. En los ’90, la mentalidad giró hacia el mercado y lo privado, y en los 2000, se revirtió parcialmente el individualismo neoliberal del menemato y la Alianza.
Pero, demostrando la fugacidad de las “modas’ idiosincráticas, y, como consecuencia de gestiones políticas irresponsables, la desembozada codicia de crecidos grupos de interés influyendo en políticas públicas, y la consabida debilidad institucional, se reconfiguró en el imaginario colectivo, una mentalidad de apertura hacia lo foráneo, una sobrevalorización del mercado y la naturalización del ‘sálvese quien pueda’, privado por antonomasia. Todas expresiones de la progresiva desarticulación de los vínculos entre la Sociedad, la Política y el Estado.
De aquella mentalidad generalizada pro democrática –de convicción– en los ‘80, hoy se detecta en buena parte de la sociedad brindando su asentimiento a un ejercicio autoritario del poder.
Sobre este último dato operan los estrategas comunicacionales anarco-capitalistas, de tal suerte que el presidente reclama para sí (y lo ha logrado en gran parte), reunir un formidable poder decisorio, incluso con algún exceso anticonstitucional en su pretensión, pero, un grupo importante de legisladores, supuestamente opositores, bajo el lema de “si el presidente necesita, no le podemos negar herramientas para gobernar”, le ha facilitado el proceso, como si el buen destino del «enardecido» y maniqueo Ejecutivo, fuese necesariamente ‘buena fortuna’ para el país.
Tenemos otra perspectiva: la visión dogmática y simplificadora de la realidad, son siempre nocivas para el buen destino de un pueblo. La intolerancia que se está desplegando desde el gobierno se suma al vaciamiento de contenido y de espíritu de la democracia; se marcha hacia una autocracia. Los lazos sociales que la actual administración parecen despreciar, son indispensables para una democracia.
Lo que atestiguamos hoy es una ‘reforma’ [no programada] del Estado y del intento de formar un nuevo régimen político adecuado al pretendido “nuevo orden económico”, pero lo más significativo (y peligroso a nuestro juicio), es el plan para consolidar una nueva mentalidad que acepte estas premisas como normales y “naturales”.
Se puede presumir que el porvenir depararía un Estado tal vez sin minorías intensas en su control, pero sin lugar para políticas sociales o públicas más orientadas a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades. Una sociedad más desintegrada. La puja distributiva será dirimida no en favor del trabajador–consumidor, sino más bien, al servicio de nuevos sectores dinámicos exportadores y de los grupos ya consolidados.
Solo bajo una profunda decepción con el populismo nacional se permite cristalizar el consentimiento y la resignación a esa democracia minusválida. Es decir, una nueva mentalidad, producto de una determinada configuración social, política, material y cultural, que organiza la visión del mundo de la sociedad, demeritando a la democracia y aceptando el desastroso y regresivo statu quo actual como “normal”.
De los gobernadores no se puede pretender mucho, algunos por su condición de “dialoguistas” crónicos, otros por su clara posición defensiva ante los atropellos del P.E., no se avizora otra coalición reformista ni liderazgos alternos, pero quien sea que se alce a favor del régimen democrático, deberá reñir primero con la «nueva mentalidad» descripta.
Seguidamente, prepararse para resistir las presiones y los límites impuestos por corporaciones, funcionarios del Fondo y dirigentes [o lobbies] obstruccionistas. El camino a la Justicia Social tiene la brújula de la democracia.
La política en todo caso se trata de eso, de ampliar continuamente los márgenes, el principal de ellos es el de la voluntad popular. El tiempo hoy apremia, para rectificar el rumbo. A como dé lugar.
