Tras la anulación de las condenas Lula podría volver a ser electo

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, anuló este lunes todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la justicia federal de Paraná dentro de la operación anticorrupción Lava Jato.

El expresidente Lula da Silva recuperó este lunes sus derechos políticos y puede ser candidato en 2022 como oposición de Jair Bolsonaro, actual Presidente de Brasil.

Las condenas que procuraban señalarlo como corrupto, con la complicidad de los medios de comunicación y de la derecha brasilera, fueron anuladas al haberse declarado en incompetencia al juez encargado de la causa.

La decisión de Fachin, entonces, atañe a tres procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro que, según explicó la propia Corte Suprema, no tenía en su momento la “competencia jurídica” requerida para analizar esos casos.

El hecho aconteció justo en el momento más álgido del escándalo de filtraciones que reveló un complot entre el exjuez Sérgio Moro y el grupo de fiscales de la Operación Lava Jato en contra del líder opositor.

El escándalo generado por la filtración de mensajes que desnudaron el trabajo conjunto entre fiscales y el entonces juez Moro para condenar al ex presidente, igualmente, fue el puntapié para la anulación.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ya había hecho público el 10% de los diálogos interceptados, pero había más conversaciones y en peores tonalidades, siendo todas periciadas como auténticas por la Corte.

Cincuenta páginas de diálogos del chat habían sido liberadas por el juez supremo Ricardo Lewandowkski, en las cuales Moro y los fiscales acuerdan procedimientos sin informar a las defensas de los acusados, hablan de operar a periodistas y defienden haber cometido ilegalidades ya que estaban cubiertos de “apoyo popular y de los medios”.

Todo ocurrió entre 2015 y 2017 y en el medio la crisis por el Petrolao permitió la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por supuestos delitos fiscales en el manejo del presupuesto.

Esas filtraciones dejaban en evidencia a quien debía juzgar a Lula, exponiendo su voracidad por culpabilizarlo y la complicidad tanto con otros miembros de la Justicia, como con políticos (como Bolsonaro, quien impulsó desde su posición las condenas), y también con la prensa.

Igualmente, en septiembre del pasado año, ya habían anulado otra de las causas de corrupción contra Da Silva, por considerar que no existían “pruebas suficientes” para continuar el proceso. En las otras ocho, también había falta de pruebas concretas, pero la condena persistió.

Los abogados de Lula ya habían advertido la situación, insitiendo en que el expresidente no es propietario de la finca de Atibaia, que está a nombre del empresario y amigo Fernando Bittar, y habían pedido la anulación de la sentencia en primera instancia por 13 motivos, entre ellos la sospecha de que Sergio Moro, el juez que encabezó la Operación Lava Jato, habría cometido un delito de prevaricación al actuar con motivaciones políticas.

En diciembre de 2020 también había sido archivada otra de las causas por un juez federal de un tribunal de Sao Paulo, debido a que en la época de los hechos por los que fue acusado ( por lavado de dinero y tráfico de influencia en 2011), Lula (2003-2010) ya no ocupaba ningún cargo público, por lo que “la supuesta solicitación de ventaja no procedió de la condición de agente público”.

Es indudable que la anulación de dos condenas y otra tercera causa abierta beneficia a Da Silva, quien solo este domingo fue confirmado como el favorito por una encuesta para las elecciones presidenciales del año próximo con una intención de voto del 50% frente a un 38% del presidente Jair Bolsonaro.

Sin embargo, la decisión del juez Fachin, un aliado de los fallos de Lava Jato hasta ahora, se basó en cuestiones de jurisdicción y no por los cuestionamientos sobre la parcialidad de los entonces fiscales y jueces contra el exmandatario. En otras palabras, pese al cimbronazo político, el magistrado salvó penalmente a Moro y al exjefe de Lava Jato, el fiscal Deltan Dallagno, ambos impunes.

“Siempre estuvimos del lado correcto, contra el lawfare. La decisión está en sintonía con todo lo que decimos hace cinco años. Pero la decisión no repara los daños irremediables causados por Moro y los fiscales al expresidente Lula, al sistema de justicia y al país”, afirmó el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins.

Así quedó evidenciado otro caso de lawfare, justo en un contexto en el que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, también está siendo juzgada. De hecho, en su declaración el último jueves denunció y expuso los entretejidos de los pactos entre la Justicia y otros poderosos sectores, con intereses como finalidad.

El caso de las constantes visitas del juez Hornos a donde se alojaba Mauricio Macri, no solo es un gran llamado de atención, sino que, con lo sucedido en Brasil con Moro, subraya aún más la sospecha.

Foto de Cristina junto a Lula, tomada en Sao Pablo. En su pecho, Da Silva porta una imágen de Milagro Sala.

En concreto, el juez Fachin hizo lugar a un habeas corpus que presentó el año pasado la defensa de Lula. Consideró que las causas contra el expresidente no eran competencia de Lava Jato por cuestiones jurisdiccionales ya que no existen vínculos entre el caso y la corrupción en Petrobras.

En conclusión, el juez de la corte remitió las causas a Brasilia, donde el tribunal regional de la capital deberá decidir si la causa pasa a un juez de primera instancia y todo el proceso comienza de cero, lo que daría suficiente tiempo a Lula para presentar su candidatura presidencial el año próximo, si así lo desea.

Lula pasó 580 días preso por una condena emitida por Moro en una celda en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, y quedó fuera de la elección de 2018, pese a ser el grande favorito de las encuestas.

Su lugar fue ocupado por Fernando Haddad, quien perdió el balotaje con Bolsonaro, el candidato que apoyó toda la derecha para evitar la vuelta del Partido de los Trabajadores, aún los sectores que actualmente critican al ultraderechista por su gestión de la pandemia y la crisis económica.

Tras esa victoria electoral, Moro renunció a su cargo de juez y por 17 meses fue ministro de Justicia de Bolsonaro. Ahora, el ex juez vuelve a aparecer en las encuestas presidenciales. Por eso es relevante que la decisión de Fachin no se basa en las denuncias de Lula por un lawfare atribuido a fiscales y jueces tanto de primera como de segunda instancia, sino por una cuestión de competencia jurisdiccional.

El juez supremo entendió que las acusaciones contra Lula no tienen vinculación con el Petrolao, los desvíos de Petrobras que sí juzga el tribunal 13 de Curitiba, y, por eso, declaró la incompetencia de la Justicia Federal de Paraná, que dictó las condenas en tres causas contra el exmandatario.

“Esta decisión llega con cinco años de atraso. Moro nunca debió haber juzgado a Lula”, afirmó este lunes la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann.

El Presidente argentino, Albero Fernández, celebró la anulación de las condenas.

Los procesos serán ahora analizados por el Tribunal Federal de Brasilia, que se encargará de decir si los actos realizados en los tres procesos pueden o no ser validados y reutilizados.

La decisión tuvo un efecto inmediato no solo en el mundo político, sino también en el económico. De inmediato, aumentó la cotización del dólar y se profundizó la caída de la Bolsa en Brasil, Bovespa, en una clara señal de que el mercado financiero teme que Bolsonaro y su agenda liberal pueda perder el año próximo en las urnas.

Desde el Congreso, la reacción también fue inmediata, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), aliado de Bolsonaro , fustigó la decisión por no penalizar a Moro y dejó un guiño a Lula. “Mi mayor duda es si la decisión monocrática fue para absolver a Lula o a Moro. Lula podría merecerlo pero Moro jamás”, enunció.

Lula fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión por presuntamente haber recibido un inmueble en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS a cambio de favores políticos. Esta condena había sido confirmada por la cámara de Porto Alegre y el Superior Tribunal de Justicia, tercera instancia, y estaba en apelación ante el Supremo Tribunal Federal, la corte constitucional.

Además, había sido condenado por la jueza sustituta de Moro, Gabriela Hardt, a 12 años y 11 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por reformas realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casaquinta en Atibaia, estado de San Pablo, que era propiedad de un amigo, caso archivado el último diciembre.

Finalmente, estaba procesado en una causa sobre donaciones al Instituto Lula, entidad no gubernamental fundada por el exsindicalista y exmandatario.

Pero el clima político alrededor de la Operación Lava Jato comenzó a cambiar cuando Walter Delgatti, un hacker de San Pablo que permanece detenido en su casa, filtró un chat de los fiscales de la causa.

Estas conversaciones por la aplicación Telegram fueron finalmente hechas públicas por pedido de la defensa de Lula y quedó en evidencia el complot entre el entonces juez Moro y los fiscales para restringir el acceso a la defensa del exmandatario.

Incluso Fachin, un juez de la corte designado por la expresidente petista Dilma Rousseff, aparece en esos chat filtrados. El jefe de los fiscales Dallagnol escribió en el grupo con sus compañeros de trabajo que no debían preocuparse por conseguir apoyo en las cortes superiores contra Lula: “Fachin es nuestro, está adentro”.

Ahora bien, tras estos hechos, el actual mandatario de Brasil afirmó que si el Partido de los Trabajadores estuviera gobernando el país estaría en cuarentena total por la pandemia, una crítica que se conoció un día después de que una encuesta diera como favorito al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se refirió a la contienda electoral de 2022 luego que el diario O Estado de Sao Paulo publicara una encuesta del Instituto IPEC que dio a Lula una intención de voto del 50% contra el 38% del actual mandatario ultraderechista y solo horas antes de que un juez del Tribunal Supremo de Brasil aceptará un habeas corpus impuesto por la defensa del expresidente en el marco de las causas impulsadas por la cuestionada Operación Lava Jato.

“Si en 2018 yo me moría a causa del atentado que sufrí, el segundo turno electoral era entre Fernando Haddad (del PT) y Ciro Gomes (del Partido Democrático Laborista). El país entero estaría en lockdown (cuarentena estricta). Con un presidente de izquierda, Venezuela sería un paraíso al lado de lo que sería Brasil”, aseguró Bolsonaro a seguidores, mientras gran parte del país sufre un colapso sanitario por el aumento constante de casos y muertos, habiendo batido records de muertes diarias.

“No hay gente nueva para 2022, no hay nadie”, afirmó Bolsonaro en la puerta del Palacio de la Alvorada a un canal digital oficialista, ante el cual negó que desde el Gobierno central se pueda coordinar un confinamiento total como reclaman gobernadores e intendentes para batallar contra la pandemia.

Bolsonaro indicó que en breve se afiliará a un partido para poder presentarse a la reelección, ya que en 2019 se desafilió del Partido Social Liberal y luego fracasó por falta de firmas en su intento por fundar ante la justicia electoral de su fuerza, Alianza por Brasil.

Según el sondeo del instituto IPEC publicado en O Estado de Sao Paulo, Lula, quien gobernó el país entre 2003 y 2010, tiene 50% de intención de voto y un 44% de rechazo, mientras que Bolsonaro posee 38% de intención de voto y un 56% de rechazo.

Bolsonaro y su falsa seguridad ante la elecciones del 2022