En el primer mes del 2022 se produjeron 38 femicidios y muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Red Informativa se comunicó con Victoria Aguirre, vocera oficial y coordinadora del Observatorio Nacional Mumalá que elaboró el informe. La abogada especializada en género y políticas públicas dio un panorama de la angustiante situación que se vive en nuestro país respecto a la violencia machista
Por Diego Adur
El Observatorio Nacional Mumalá: Mujeres, Disidencias, Derechos, elaboró un informe sobre los Femicidios, Lesbicidios y Trans-Travesticidios cometidos en lo que va del año. Desde el primero al 31 de enero se produjeron 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Según el registro nacional que emitió el Observatorio, 24 de las muertes fueron femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; 8 fueron muertes violentas asociadas al género y vinculadas a economías delictivas o colaterales; hubo 3 suicidios femicidias; y aún hay 3 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación.
Los 24 femicidios que se contabilizan en lo que va del año nos da la aterradora cifra de 1 femicidios cada 31 horas. El 65% sucedieron en la misma vivienda de la víctima y más de la mitad fueron cometidos por parejas o ex parejas. Las provincias con mayor tasa de femicidios son Córdoba (6), Buenos Aires (5) y Santa Fe (4). El 20 % de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. De ese porcentaje el 75 % tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 25%, además, botón antipánico.
Red Informativa dialogó con Victoria Aguirre, la vocera oficial y coordinadora del Observatorio Nacional Mumalá, quien dio su opinión sobre este impactante informe que demuestra que nada ha cambiado respecto a la violencia machista en los últimos años: “El último informe de Mumalá refleja que la incorporación del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad no ha cambiado la situación de violencia que ocurre en la Argentina. Existe una muerte violenta de mujer o femeneidad cada 19 horas en la Argentina, y un femicidio cada 31 horas. Esto es algo que preocupa y alarma. Hay que reflexionar sobre las políticas que no están siendo consistentes ni eficaces a la hora de erradicar la violencia”.
Si bien Aguirre responsabiliza al Estado por no garantizar los cuidados necesarios para frenar los femicidios, también abarca en su reclamo a la sociedad toda para oponerse de manera contundente a la violencia machista: “Creemos que es importante que la sociedad entera pueda tomar iniciativa en esta lucha contra la violencia machista, pero es muy importante que el Estado se haga cargo de esa responsabilidad de ejercer el rol de cuidado y, sobretodo, poder programar las políticas públicas para finalizar con la violencia machista. Para eso es importante que se tomen en cuenta las alertas tempranas, las denuncias, esa necesidad de respuesta inmediata que tiene la víctima a la hora de ir a denunciar”, expresó.
Para la víctima de violencia de género es fundamental hacer las denuncias pertinentes para poder protegerse. Lamentablemente, en muchas ocasiones, el Estado no facilita “la posibilidad de hacer esas denuncias en muchos otros lugares y no solamente en las comisarías de la mujer”. Aguirre detalló una situación bastante habitual que, de analizarse y corregirse, podría ayudar bastante a las víctimas de violencia machista: “Muchas veces nos cuentan que van al hospital golpeadas y en la guardia les dicen que tienen que ir a la comisaría a hacer la denuncia. Es necesario que este acceso a la Justicia puede ser garantizado por parte del Estado en todos los lugares donde el Estado tenga participación”, exigió.
El informe detalla que además hubo 28 intentos de femicidios y que en consecuencia de las muertes cometidas hay 29 niños y niñas que se quedaron sin madre. Al respecto, Aguirre contó que existe una ley sancionada especialmente para ayudar a estas niñas y niños, víctimas de la violencia machista, pero que no se cumple de manera debida: “La Ley Brisa trae aparejada una asignación económica equiparable a la jubilación. Es una reparación económica que va a percibir quien quede a cargo de la o el menor hasta la mayoría de edad de esta persona. Es muy burocrática. Muchas veces, estas víctimas de violencia y la familia que queda de la víctima de violencia no tiene acceso a la Justicia para nada. No tienen documento ni posibilidad de hacerlo y desconocen cuál es el trámite que tiene que hacer. En toda esa situación el Estado no está presente para acompañar. Lo que sabemos efectivamente es que la Ley Brisa no está funcionando como debería. Tiene demasiadas fallas burocráticas que la hacen de imposible acceso”, denunció la abogada especializada en género y políticas públicas.
En el comunicado del informe, se responsabiliza al “Estado y los gobiernos” quienes deben “garantizar nuestros derechos y nuestras vidas”, sobre todo en este contexto de crisis socioeconómica. Por eso, exigen “presupuesto para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias machistas y declaración de la #EmergenciaNiUnaMenos!
Los suicidios como consecuencia de la violencia machista
En el informe, se detallan 3 suicidios femicidas ocurridos en lo que va del año. Se registraron como posibles inductoras del suicidio antecedentes, denuncias y relatos de familiares, amigos y amigas de violencia de género padecida por la víctima en 2 casos, y violencia sexual en 1 caso. El Observatorio define a los suicidios femicidas como “aquellos suicidios como posible efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer e identidades feminizadas, o contexto de violencia de género. Los suicidios por inducción o ayuda existen en muchas legislaciones, pero únicamente El Salvador (país con alta tasa de Femicidios) los tipificó e incorporó los motivos de género en su ley integral de protección a la mujer vigente desde 2012 (LEIV artículo 48) tal como suicidio Feminicida. Nuestro observatorio ‘Mujeres, Disidencias, Derechos’ ha identificado en múltiples oportunidades muertes violentas (en Argentina el suicidio se considera muerte violenta) de niñas, adolescentes y mujeres que fueron abusadas sexualmente, que sufrieron violencia de género, que fueron obligadas a prostituirse o en situación de trata, y que tal estado de vulnerabilidad tuvo como desenlace un suicidio, o aparentaban femicidios y que posteriormente peritajes y autopsias arrojan que fue una muerte autoinfligida”.