Después de seis años del crimen, el Tribunal Oral Federal decidió condenar a los acusados por el crimen del joven mapuche. Conocé las condenas y qué se dictaminó.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca dio a conocer hoy el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, cometido el 25 de noviembre de 2017. El crimen ocurrió durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche y condenó a 4 y 5 años de prisión a los cinco prefectos acusados por el crimen.
La lectura del fallo se dio pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y luego de que el presidente electo Javier Milei confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, que es quien ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporaron pruebas, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho. Después de más de tres meses de audiencias, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava condenó hoy al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, por el asesinato del joven mapuche. En tanto que otros cuatro prefectos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García- fueron condenados a 4 años y medio como partícipes necesarios por el mismo delito.
Luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dio su veredicto en una audiencia que comenzó a las 9 con las palabras finales de los procesados.
Según detallaron en Télam, participaron de la audiencia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa, y familiares de víctimas de violencia institucional, como Alberto Santillán, papa de Darío, uno de los militantes sociales asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.
“Me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar. Qué mejor que caminar en la misma vereda que caminaron nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado”, dijo Santillán a la agencia de noticias pública. En las inmediaciones de los tribunales, que presentaron hoy un refuerzo de su seguridad, se manifestaron militantes de agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y de comunidades mapuches.
Para los imputados, las tres querellas participantes del juicio habían solicitado una condena de prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa, mientras que las dos defensas reclamaron al Tribunal la absolución de los prefectos al considerar que “los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego”, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo, “racional y proporcionalmente”.
En tanto, la Fiscalía requirió cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de “exceso en legítima defensa”, ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
La lectura del fallo se dio pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y luego de que el presidente electo Javier Milei confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, que es quien ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.
El pasado 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el abogado Mariano Przybylski, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos.
Durante un alegato que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el abogado planteó que quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad y que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.
Para el abogado, el cúmulo de pruebas y testimonios demuestran que los procesados “desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos y subieron con armas letales a la montaña”, a la “búsqueda de los mapuches”.
Las otras dos querellas, en representación de la familia de Nahuel y de la APDH Bariloche, adhirieron al pedido de pena realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, e incorporaron en sus alegatos el agravante de odio racial.
En tanto, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió cinco años de prisión para cada uno de los Albatros, ya que los considera coautores funcionales del hecho, aunque incorporó el atenuante de “exceso en legítima defensa”. Finalmente, el 15 de noviembre, las dos defensas reclamaron al Tribunal la absolución de los prefectos.
Según el relato del abogado Marcelo Hugo Rocchetti -defensor de Cavia, Pintos y Sosa, y exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo: lo hicieron “racional y proporcionalmente”, dijo.
Rafael Nahuel fue asesinado durante un operativo realizado en Villa Mascardi en el que se efectuaron más de 130 disparos con munición letal por parte de los uniformados.
Según las pericias que constan en el expediente, Nahuel fue asesinado por la espalda por una bala de un miembro del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina durante este operativo, iniciado por un conflicto territorial.
El mismo se desplegó el 25 de noviembre de 2017 y estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, cuando integrantes de la comunidad reclamaban por tierras en la zona. Fueron seis los agentes que llevaron adelante la persecución en el predio que terminó en el asesinato.
