La visita que se investiga ocurrió en octubre de 2022. En una resolución de 73 carillas, a la que tuvo acceso El Destape, el juez federal Sebastián Ramos planteó que hubo una “vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados” y declaró la “nulidad de todo lo actuado”.
El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios investigados por un viaje que realizaron en octubre del 2022 en un avión privado a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, que expuso el vínculo directo entre los ejecutores de la persecución a Cristina Kirchner y el Grupo Clarín. En una resolución de 73 carillas, el magistrado declaró la “nulidad de todo lo actuado” e indicó que hubo una “vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”.
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De esta manera, los sobreseimientos alcanzaron al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad de ese distrito, Marcelo D Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques; al juez federal Julián Ercolini; y al penal económico Pablo Yaradola. Entre los sobreseídos están además Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
El magistrado Sebastián Ramos concluyó que hubo sobre quienes viajaron a Lago Escondido para hospedarse en la estancia de Lewis “una actividad de seguimiento irregular que contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad y otros organismos del Estado”. Por este motivo, declaró la nulidad de la causa.
“Deviene ineludible proceder al archivo de estos actuados, atendiendo a que las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia”, advirtió la resolución del juez Ramos.
También, sostuvo que “se produjo información sobre el hecho como resultado de esa maniobra ilícita, que luego fue brindada públicamente por redes sociales” y ello “terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios”. “Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados”, planteó el juez.
Por último, en relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022, Ramos indicó que “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis” y que, “por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.