El Poder Judicial resolvió que el expresidente peruano continúe un año y medio en prisión preventiva, acusado de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública.
El juez de la Corte Suprema de Perú, Juan Carlos Checkley, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración del pasado 7 de diciembre. De esta manera, ratificó la decisión que ya regía sobre el ex mandatario. En este marco institucional complejo, continúan las escenas de violencia y de protestas en las calles. Ya se contabilizaron un total de 14 personas muertas.
En la jornada de hoy, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria -tras la orden de prisión preventiva contra el ex mandatario- también estaba analizando tomar la misma determinación con el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Por el momento, se le impuso la medida comparecencia con restricciones.
Según manifestó el fiscal adjunto supremo, Alcides Chinchay, la detención de Castillo ocurrió en flagrancia del delito del cual es imputado y precisó que el ex presidente invocó a las Fuerzas Armadas, que no entraron en acción ni acataron sus órdenes. Para el fiscal, el pedido de prisión preventiva de 18 meses está sostenido en el anuncio de disolución del Congreso y del sistema de Justicia, junto a las investigaciones por corrupción y las declaraciones de funcionarios a la Policía Nacional de Perú.
Por otra parte, sobre el ex primer ministro Torres, una serie de declaraciones de diferentes ex ministros lo acusan de participar y de estar involucrado en los momentos posteriores al derrocamiento de Castillo. Su representante legal, Duberlí Rodríguez, sostuvo que la Fiscalía no posee evidencias de que su defendido haya levantado armas. Chinchay señaló que el delito más grave es el de rebelión y que el extremo mínimo supera los 10 años de privación de la libertad.
A su vez, el representante del Ministerio Público contempló la intención del expresidente de fugarse al dirigirse a la Embajada de México, asegurando que no creen “que haya ido a tomar el té”. En medio de la defensa de Castillo, su abogado Italo Díaz replicó que no pretendía aislarse en dicho país a pesar de que el embajador Ebrard le ofreció asilo.
Mientras tanto, el Congreso de Perú se encuentra discutiendo, durante la noche de este jueves, si se adelantarán las elecciones generales para el 2023. “Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo”, resaltó la presidenta actual Dina Boluarte.
Frente a esto, el Poder Legislativo -muy fragmentado y dominado por la oposición- extendió las sesiones extraordinarias y citó al ministro de Justicia, José Tello y a autoridades de organismos electorales para reveer los pasos técnicos para llevar adelante los comicios.
Al menos seis manifestantes han muerto en las primeras 20 horas del estado de emergencia nacional en Perú, que entró en vigor el pasado miércoles, en las protestas. Actualmente, ya son 14 los fallecidos desde el domingo. En el marco de dichas manifestaciones, piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una constituyente.
El ministerio de Salud de Perú confirmó, mediante sus redes sociales, que seis protestantes fallecieron este jueves en varios puntos del país, cuatro de ellos en el departamento sureño de Ayacucho, y dos en el departamento de La Libertad, en el norte. Además, se registraron decenas de heridos -más de 40 internados- y más de 70 personas detenidas.
