Luego del fallo que prohíbe la venta de Costa Salguero a capitales privados, desde el Observatorio del Derecho de la Ciudad ponen el ojo en una posible “reprivatización” de dichos terrenos públicos por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
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El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Jonatan Baldiviezo, en dialogo con AM750, celebró el “fallo histórico” de la Cámara de Apelaciones porteña que rechazó el recurso interpuesto por el Gobierno de la Ciudad que buscaba avanzar en la venta del predio de Costa Salguero. Meses atrás, un juez había declarado inconstitucional la ley aprobada por la Legislatura.
“Es un fallo histórico que viene a establecer que la ley que votó la Legislatura en 2019 viola la Constitución porque no cumplió con los requisitos mínimos que se necesitan”, explicó Baldiviezo.
En este sentido, agregó que “esto colabora con la lucha ciudadana para que esos predios no se vendan y se conserven en el ámbito público para que su uso sea de la ciudadanía”.
El fallo de la Justicia porteña ratifica una medida que declaraba inconstitucional la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, aprobada por la Legislatura, con el objetivo de construir allí un barrio náutico de lujo frente a Aeroparque.
El fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario rechaza la apelación de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, debido a que el Ejecutivo no cumplió con la doble lectura, obligatoria para hacer modificaciones urbanísticas.
Baldiviezo dijo que los jueces fueron muy enfáticos al señalar que la Legislatura porteña votó una ley sin llamar a la audiencia pública obligatoria. Aseguró que, a propósito, avanzó rápido “sin querer escuchar a la ciudadanía” en un tema que consideró “muy importante”, ya que “tiene que ver con el destino de la Costanera”.
“La Constitución es muy clara, ésta es una de las pocas normas urbanísticas que establece que la Costanera debe permanecer y mantenerse pública y de acceso libre”, aclaró.
Una “reprivatización”
Jonatan Baldiviezo aseguró que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta al frente, está buscando “reprivatizar” la Costanera “tanto al norte como al sur”.
“En las últimas décadas se dijo que Buenos Aires perdió su mirada del río y en los noventa se quiso recuperar. Lamentablemente ahora esto no está sucediendo. Se está reprivatizando la costanera tanto sur como norte. Hay emprendimientos, concesiones de nuevo en marcha”, dijo.
Modus operandi
De todos modos aclaró que se “debe recordar que hay una medida cautelar vigente que impide que se vendan esas tierras”.
Baldiviezo dijo que esto cobra relevancia teniendo en cuenta que no te trata de una cuestión asilada: “Hay varias leyes que se vienen haciendo de esta manera, sin las mayorías necesarias o sin llamar a audiencias cuando son necesarias”.
“Esta es la segunda sentencia que conseguimos donde se establece inconstitucional la venta de estos terrenos, pero al gobierno de la Ciudad todavía le quedan instancias para apelar llegar al Tribunal Superior de Justicia”, explicó el abogado sobre los próximos movimientos.
El fallo
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este martes el fallo con el que se declaró la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero, donde el Gobierno porteño busca construir un conglomerado de edificios.
“Nuestra Constitución es clara en cuanto a la importancia que para ella poseen tal participación ciudadana, el derecho al ambiente y, en particular, el acceso al río. Esta última referencia, tan peculiar en una carta magna, habla a las claras del componente finalista que debe guiar toda interpretación de decisiones que puedan afectar ese acceso”, sostuvieron los jueces Fernando Lima y Mariana Díaz.
El juez de primera instancia Leonardo Furchi había declarado la inconstitucionalidad de la ley tras señalar que no se habían cumplido los mecanismos legislativos establecidos para sancionar una norma del calibre de la discutida ni se había respetado el proceso de audiencias públicas a las que el Estado debe convocar obligatoriamente para estos casos.
Fuente: AM750
