En junio, la organización había realizado un pedido de información pública que, según detallaron, no fue respondido en el plazo previsto por la ley 104 de la CABA y, vencida la prórroga solicitada por la Ciudad, la organización elevó un reclamo ante el Órgano Garante del acceso a la información.
Amnistía Internacional puso en evidencia la falta de argumentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al denunciar este miércoles que “no respondió el pedido de acceso a la información realizado hace dos meses” respecto a conocer en qué investigaciones se basó el Ministerio de Educación porteño “para fundamentar que el lenguaje no sexista entorpece el aprendizaje del alumnado”.
Además, la organización de derechos humanos llamó a la cartera a “responder” y “rendir cuentas” respecto a “la razonabilidad de las decisiones de la administración pública en general y, en particular, sobre las vinculadas a acceso y disfrute de los derechos humanos”, detallaron en un comunicado difundido este miércoles.
“La limitación del lenguaje inclusivo entra en colisión con la ley de identidad de género que establece que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá restringir el ejercicio del derecho a la identidad de género”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en el comunicado. “Por eso como sociedad nos interesa conocer los fundamentos para la toma de esta decisión que pone en jaque derechos humanos”, agregó.
En junio, Amnistía Internacional había realizado un pedido de información pública que, según detallaron, no fue respondido en el plazo previsto por la ley 104 de la CABA y, vencida la prórroga solicitada por la Ciudad, la organización elevó un reclamo ante el Órgano Garante del acceso a la información ya que “el silencio de la administración pública es interpretado como una denegatoria injustificada a brindar información”, explicaron.
La ministra de Educación, Soledad Acuña, había informado que la restricción del lenguaje inclusivo se debió al “bajo rendimiento de las y los estudiantes en pruebas educativas” y que tomaría medidas “disciplinarias” frente a los docentes que lo usen en las aulas.
Ante esas declaraciones la organización hizo un pedido de acceso a la información sobre “las investigaciones que se tomaron de referencia para afirmar la supuesta correlación entre los resultados de dichas pruebas y el uso del lenguaje inclusivo”.
En el mes del Orgullo, Amnistía Internacional había recordado al respecto que “las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente”.
