Lo aprobó Juntos por el Cambio en Diputados de esa provincia, con votos del peronismo del sur, donde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas buscaba avanzar en una cesión de tierras. Por qué es un error anacrónico, y el negacionismo de los discursos radicales y macristas.
Parte del proceso de derechización de un sector de la sociedad, motorizado por grandes medios, sistema judicial y partidos políticos (con las redes como plataformas ideales de odio), se puede vislumbrar en el crecimiento de expresiones y acciones violentas hacia los pueblos originarios, desde el sur hasta el norte. Y los mapuches son el blanco predilecto. Pero en Mendoza fueron más allá. Y para oponerse a la cesión de tierras que efectuó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a un par de comunidades, decidieron votar una ley donde se expresa que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. El INAI ya dio su parecer sobre esa discusión.
La sentencia sobre los mapuches, el “repudio al Decreto nacional 805/21” que cede tierras, así como la “preocupación” por el procedimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue votada solo por el oficialismo provincial que sigue al gobernador Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo (Juntos por el Cambio). También por el peronismo del sur.
Es justamente en esa zona geográfica, en Malargüe, donde el Estado tiempo atrás buscó avanzar en la cesión de hectáreas a comunidades originarias, lo que despertó el rechazo de JxC y de ciertos sectores productivos como los ruralistas.
En esa misma región, a fines de 2021, Suárez firmó un decreto dándole 12.000 hectáreas cordilleranas de humedales y glaciares de la zona de Campo Potreros en Malargüe a la empresa El Azufre S.A., para un gran centro turístico de esquí. Todo esto a pesar de las presentaciones en el Senado y en la Justicia denunciando que no hubo declaración de impacto ambiental y que la firma exhibió un capital accionario de apenas cien mil pesos. Al parecer, el problema no es la cesión de tierras, sino a quién.
La sanción de la ley viene a ser un corolario de un espiral de violencia de ciertos sectores sociales y políticos mendocinos hacia los mapuches a partir de la decisión del INAI, que tuvo entre otras acciones, una marcha liderada por un empresario del Pro contra los “falsos mapuches”.
El texto de la Resolución afirma “con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena, que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
Asimismo, expresa “repudio por el Decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, ya que se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”, y agrega la “preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las Resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023 de dicho organismo, omitiendo la debida participación de la Provincia de Mendoza, Municipios involucrados y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.
La diputada oficialista, Evelin Pérez (UCR), aseguró: “Estamos convencidos de que los procesos históricos de reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias deben ser un proceso de sanación que nos lleven al encuentro y no a violentar los procesos sociales, a generar discrepancias y alterar la paz social”.
En coincidencia se expresó Adrián Reche (UCR), indicó que “todo el trabajo que se hizo en la comisión de Derechos y Garantías y que representa este despacho de mayoría, significa una reacción a un problema que no estaba en Mendoza. Un problema que no queremos los mendocinos. Existen evidencias científicas que los mapuches no son originarios de Mendoza”.
Lo paradójico (o no) es que toda esta cruzada de JxC ocurre sin que haya habido en realidad una cesión concreta de tierras a las comunidades. Así lo explicó el diputado José Luis Ramón (Protectora), que preside la comisión de Derechos y Garantías: «las resoluciones que se están debatiendo (del INAI) no reconocen la posesión, ni el título de propiedad, ni se les está cediendo ningún tipo de tierras que tenga el valor de privarnos a los mendocinos, de estos mendocinos que son el pueblo mapuche, de los recursos económicos que la Constitución de Mendoza dice que los superficiales no tienen”.
El legislador resaltó que “el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación, modificado por la reforma de 1994, dice que se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes en la Argentina”.
La diputada Laura Chazarreta (FdT-PJ), manifestó el rechazo al despacho en mayoría destacando que “es un dictamen para anular la identidad de personas, de mendocinos y mendocinas”. Consideró que es “un retroceso de los derechos de los pueblos originarios en Argentina, es racista, negacionista y anticonstitucional”.
En tanto, Gustavo Cairo (PRO) opinó que Argentina desde 1810, “desde que tiene existencia como país, ha tenido una política de integración hacia todos los habitantes de su territorio” (omitiendo las mal llamadas «Conquistas del desierto». Añadió que con la reforma de 1994, se incorpora a la Constitución Nacional el inciso 17 en el artículo 75, que “reconoce la identidad étnica y preexistente de los pueblos indígenas argentinos. ¿Cuáles eran los pueblos indígenas argentinos? Bueno, los que habitaban el territorio argentino en la época de la conquista, muy claro. Los mapuches no son originarios de la provincia de Mendoza, son originarios de la Araucanía chilena, ni siquiera de Neuquén. Lo que no queremos los mendocinos es que nos inventen problemas”.
Su compañero de banca, Enrique Thomas, le sumó más desvaríos ideológicos y analíticos al manifestar: “pareciera que es una discusión estéril pero es una discusión muy importante, y coincido con todos los diputados que me precedieron en la palabra. Los que niegan ser argentinos son los propios mapuches”.
En Argentina hay relevadas, por la Ley Nacional Nº 26.160, ya 800 comunidades indígenas, sobre más de 1.700 comunidades registradas en el INAI, que están asentadas en más de ocho millones de hectáreas. «La mayoría de esos territorios fueron descartados por los planificadores del genocidio indígena, por improductivos y las comunidades se refugiaron allí durante décadas. Los salares en el Noroeste argentino son el más claro ejemplo».
Quien lo dice es Fernando Pepe, antropólogo y coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que ya lo manifestó a este diario tiempo atrás y lo vuelve a remarcar: desde el punto de vista antropológico, pensar que el pueblo mapuche es chileno o argentino es un error anacrónico.
“Es un error, un error total, ya que las fronteras internacionales, y la conformación misma de los dos países, no tienen, ni por asomo, los más de 15.000 años de ancestralidad territorial de las comunidades, como ya la arqueología ha destacado con irrefutables evidencias científicas. Y es un error anacrónico, porque ya hace muchos años se ha explicado tanto su ancestralidad territorial, como lo falso de la acusación de extranjería, tanto en Argentina como en Chile, cuando de legitimar la represión se trata. Los pueblos originarios son preexistentes a los estados nacionales, algo que hasta la Constitución Argentina reconoce desde casi 30 años atrás”, acota.
Enfatiza que las comunidades originarias tienen identidades territoriales ancestrales desde antes de la consolidación de las fronteras y de los estados nacionales: “son preexistentes no extranjeros, parece que tenemos que repetir, didácticamente, año tras año. En el mapa de registro de ubicación de las comunidades se ve claramente que se encuentran cercadas en las fronteras: entre Argentina y Chile el pueblo mapuche, entre Argentina y Bolivia el pueblo Wichí, entre Argentina y Paraguay el pueblo Nivacle, entre Argentina y Brasil el pueblo Guaraní, entre otros pueblos. Acorralados entre fronteras pero siempre resistiendo”.
Agrega que las comunidades “terminan ‘chocando’ con intereses espurios, intereses forestales, inmobiliarios, mineros, contra todos aquellos que no respetan ni las leyes nacionales ni mucho menos las internacionales”.
Y concluye: “El pueblo mapuche cuenta aún hoy día, a pesar de numerosos intentos de borrarlo de la memoria comunitaria, con un idioma unificador, el mapuzugun -el idioma de la tierra-, que se habla desde el Océano Pacifico hasta el Océano Atlántico, sin que la Cordillera de los Andes sea una barrera del territorio que antaño recorrían en libertad de mar a mar. Quizás ahí, en esa huella identitaria está el secreto de su resistencia, no lo sé, no estudio a los pueblos originarios sino lo que el Estado y en particular la Ciencia contribuyó en la planificación y ejecución de su genocidio, pero estoy seguro de que en las palabras de los traum, en las canciones, en los poemas, en los taiel de las machi, que atesoran siglos de luchas y esperanzas, el pueblo, mapuche, no tiene fronteras”.
Fuente: Tiempo Argentino
