Manifestantes reclaman contra las empresas de alimentos por los aumentos, docentes van a la Casa de Jujuy contra un decreto de Morales y trabajadores de empresas privatizadas exigen un resarcimiento.
La ciudad de Buenos Aires será epicentro este martes 13 de junio de diversas protestas y movilizaciones encabezadas por organizaciones sociales, políticas y sindicales en diversos reclamos en varios puntos de la city porteña. Una de ellas será la “caravana de protesta” contra empresas concentradas de alimentos, también la Ctera se moviliza a la Casa de Jujuy en Buenos Aires contra el decreto de Morales. Por otro lado, Trabajadores de empresas privatizadas en los ’90 se movilizan en reclamo de una ley de reparación.
En este marco, dirigentes y militantes del Movimiento Popular (MP) La Dignidad realizarán hoy una “caravana de protesta” en las sedes de distintas empresas productoras de alimentos ubicadas en Capital Federal, en la que expresarán su rechazo al “alto precio de la comida para los argentinos”, generado por los grandes grupos empresariales alimenticios, que concentran el sector. La acción se iniciará a las 10 frente, en la sede de Molinos Cañuelas, ubicada en Avenida de Mayo 560, y culminará a las 12 en la puerta de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en Eduardo Madero 1220, donde los dirigentes del MP La Dignidad ofrecerán una conferencia de prensa, indicaron a Télam voceros del sector.
La movilización se desarrollará bajo la consigna “Caravana desde Molinos hasta la Asociación Empresaria Argentina en Puerto Madero. Para desandar el camino de la concentración”. Una vez iniciada la caravana en la empresa Molinos Cañuelas, la protesta se detendrá en la puerta de las empresas Ingenio Ledesma (Corrientes 400); Bimbo (Avenida Corrientes 330) y Aceitera General Deheza (Leandro Alem 815), para culminar en AEA.
El dirigente del MP La Dignidad Rafael Klejzer sostuvo que “estas empresas tienen como empleados a los jueces de la Corte Suprema, los medios masivos de comunicación y sus voceros, pero también a los políticos”.
“Según el signo del Gobierno de turno -añadió- negocian y presionan para dolarizar sus ganancias, generando procesos inflacionarios y devaluatorios, para poder fugar los dólares que nos faltan, contrabandeando o enviando remesas a sus casas matrices”.
En tanto, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) realizará una jornada nacional de protesta en solidaridad con “la lucha de los docentes de Jujuy” y en rechazo al decreto del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, que criminaliza la protesta social. En la ciudad de Buenos Aires, los integrantes de la organización sindical marcharán a a la Casa de Jujuy ( avenida Santa Fe 967), a partir de las 11, para exigir la derogación del decreto acuerdo 8464, promulgado Morales, que “atenta directamente contra la Constitución Nacional” y que fue sancionado en el contexto de las movilizaciones que se suceden en esa provincia como consecuencia de conflicto entre las autoridades y los gremios docentes.
En su artículo 1º, esta normativa plantea que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
“En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, se añade en el articulado del decreto. Para la organización, esta iniciativa del Ejecutivo provincial “es una muestra más de que el gobierno provincial de Jujuy “lleva adelante una política autoritaria, antidemocrática, y que viola el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores”.
“Exhortamos al gobierno provincial que cese con este política sistemática y antidemocrática contra las organizaciones gremiales y el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. Ctera exige la derogación de toda norma que se contraponga con los principios de la Constitución Nacional”, remarcaron.
Por otra parte, trabajadores de empresas estatales privatizadas en los años ’90 realizarán hoy una jornada de difusión frente al Congreso, donde solicitarán que la Cámara de Diputados trate las leyes de reparación para los exempleados de firmas como Segba y Encotel, que fueron excluidos de los Programas de Propiedad Participada (PPP).
“Cuando en 1989 el Congreso Nacional sancionó la ley de “Reforma del estado”, las empresas públicas mencionadas pasaron a la órbita privada. Esa norma establecía el PPP, por el cual los trabajadores pasarían a ser beneficiarios de un porcentaje del capital accionario de las empresas privatizadas. Lamentablemente, gran cantidad de los beneficiarios fueron excluidos de ese derecho que establecía la ley y a pesar de tres décadas de continuos reclamos siguen sin cobrar lo que les correspondía”, señalaron los organizadores de la protesta en un comunicado.
Por eso, los trabajadores damnificados solicitarán, desde las 10, con una concentración frente al Congreso, el tratamiento de los proyectos de ley presentados por el diputado nacional Juan Marino. Los proyectos establecen una indemnización para los ex agentes de Segba (energía eléctrica) y Encotel (Correo) que no hubieran podido acogerse al PPP o incorporados al programa hubieran sido excluidos.
Las iniciativas legislativas presentadas por Marino cuentan con el apoyo de una docena de legisladores del Frente de Todos (FdT) que incluyen entre otros a Vanesa Siley, Hugo Yasky, Itai Hagman y Sergio Palazzo. Esta iniciativa retoma el camino de restitución de derechos que iniciara el Congreso Nacional y tiene como antecedentes los casos de las empresas privatizadas de Somisa, Altos Hornos Zapla e YPF cuyos trabajadores se vieron impedidos de acceder al PPP y obtuvieron respuesta a sus reclamos a través de respectivas leyes de reparación.
