En conferencia de prensa el Fiscal, el procurador general y el ministro de Seguridad informaron que, por “orden expresa del Gobernador”, iniciará procesos penales y contravencionales a quienes corten rutas y protesten.
El Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas; el procurador general, Sebastián Albesa; y el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, de Jujuy informaron que la provincia asumirá la querella en los procesos penales que estén en curso tras las manifestaciones que se llevaron adelante en la previa de la sanción de la polémica Constitución provincial. Además, tomando los artículos contra el derecho a la protesta, también lo hará para futuras manifestaciones.
En una conferencia de prensa, por otro lado, el trinomio informó que va a buscar que se apliquen los “montos mayores de pena” con el fin de que se “restablezca el clima de paz, de armonía, de progreso”. Al respecto, sobre las protestas que se desataron ante la aprobación inconsulta, Rivas sostuvo: “Entendemos que han sido planeados y orquestados, que tratan de quebrar el Estado de derecho”. En ese sentido, aseguró que la Fiscalía actuará por “orden expresa del gobernador”, Gerardo Morales. Los delitos que mencionaron van desde estorbo funcional hasta sedición e intento de homicidio, por lo que les caben procesos penales de hasta 25 años de prisión o reclusión. La provincia también buscará el “resarcimiento” con multas que suman unos 2 millones 500 mil pesos y, también, lleva adelante procesos contravencionales. El fiscal, además, insistió en que “la Constitución está en vigor y hay que respetarla”.
Los funcionarios hablaron en tono sobrio y en un clima que todavía se percibe tenso: las marchas continúan, al igual que los cortes de ruta y las protestas para que se revoque el texto constitucional que se aprobó en el fin de semana largo con cambios que establecen la reelección en la gobernación, la prohibición de indultos por corrupción, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta. En ese contexto, Marco Antonio Domínguez, de 18 años, y su hermano, Raúl, de 20, fueron detenidos. Estaban a unas diez cuadras del epicentro de las protestas.
“Se quiere volver al uso extremo de la violencia, a métodos extorsivos y sediciosos”, sostuvo Rivas al dar a conocer el accionar que llevará a cabo de ahora en adelante. Además de señalar que buscarán que se apliquen las penas mayores, dijo que buscará la “detención efectiva” de los acusados “hasta que se obtengan las sentencias definitivas”. Además, informó que “se va a embargar patrimonialmente a cada uno de los responsables, a estos delincuentes y violentos. Se le va a reclamar a todos los daños y perjuicios producidos al Estado provincial de manera integral”, dijo. El monto que estiman está en más de mil millones de pesos, entre lo que cuentan los incendios en la Legislatura provincial, en el Concejo Deliberante de Humahuaca y el impacto en el turismo.
“Se van a llevar los procesos judiciales hasta sus ultimas consecuencias”, insistió, cada vez que pudo y señaló, también que, en todos los casos “se va a perseguir a autores materiales, cómplices e instigadores”. A continuación, hizo un repaso por una serie de hechos que se dieron en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 17 de junio pasado con más fuerza.
- Ataque a la Legislatura de la provincia a los convencionales”: En este caso, dijo, van a aunar las causas por la suma de delitos, con penas en concurso real e ideal de hasta 25 años: sedición, estrago doloso agravado, daños a bienes de uso publico, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas, estorbo funcional 241. “Una multitud armada con piedras atacó a los efectivos policiales de custodia y prendió fuego instalaciones, archivo, equipamiento y muebles del recito más sagrado que tiene la democracia, se trató de un golpe institucional”, argumentó Rivas.
- “Ataque a los concejales y el concejo de Humahuaca”: en este caso buscarán penas en concurso real e ideal en expectativa de hasta 20 años de prisión y reclusión por los delitos de: privación ilegítima de la libertad agravada, sedición, tentativa de homicidio, daños a bienes de uso público, atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas y estorbo funcional. “En el atardecer del sábado 1 de julio en Humahuaca se atacó al Consejo y a los concejales con el objetivo de tener un pronunciamiento contrario a la Constitución que ya está en vigor y vigente. Una multitud ataco con piedras, prendieron fuego y dañaron el recinto. No se va a soportar este tipo de atropello”, manifestó.
- “Privación ilegítima y secuestro de tres efectivos policiales”, que se perpetró en el acceso en el acceso del Municipio de Purmamarca. Para este caso, las penas que buscarán son de hasta 25 años: privación ilegitima de la libertad agravada, sedición, atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad. “Un ataque de un multitudinario grupo organizado que sin autoridad ni orden judicial requisaron redujeron y privaron la libertad a funcionarios policiales”, describió sobre ese hecho.
- “Impedimento, estorbo y entorpecimiento del servicio publico esencial de salud”: se va constituir la Fiscalía como querellante en un expediente acumulado. Las penas que buscarán son de hasta 5 años de prisión. Atentado y resistencia a la autoridad, porque “se está afectando el servicio esencial de salud impidiendo el paso de ambulancias que trasladan insumos hospitalarios básicos y enfermos o personal que requieren asistencia y cuidados urgentes que pone en riesgo la salud de todos los habitantes, en especial los habitantes de la quebrada y la puna”, dijo.
Rivas, también, aclaró que la querella que asumirá la Fiscalía será también “en los delitos de instigación entorpecimiento de la libre circulación de personas transito y transporte para que los autores materiales, cómplices e instigadores reciban penas de hasta 20 años por privación ilegitima de la libertad agravada, atentado a la autoridad, resistencia, lesiones leves doblemente agravadas y entorpecimiento del servicio esencial de salud. La Fiscalía de Estado va a actuar en la ejecución de todas las condenas, calculamos que existen mas de 100 procesos iniciados por las autoridades contravencionales, las cuales van a tener penas de hasta 2 millones 500 mil pesos en abstracto según el caso en cada infracción o contravención”.
A su turno, el ministro de Seguridad, informó que a su cargo está el aporte de pruebas, lo que llevan a cabo a través de la Policía provincial, junto con Bomberos y criminalística, que se pusieron a disposición. También, dio a conocer que desde que comenzaron los cortes, se labraron las actas correspondientes. “Para todo tipo de falta contravencional se ha realizado el procedimiento respectivo: escándalos públicos, desordenes, escándalos y molestias a terceros, omisión de ceder paso a vehículos oficiales, como ambulancias bomberos.. reuniones publicas tu multitudinarias, las disposiciones indebidas de elementos contaminantes y los perjuicios a la propiedad publica y privada”, enumeró y aclaró que las imputaciones se llevaron adelante contra personas físicas y jurídicas, identificadas a través de videos, de la prensa, así como de testimonios, aseguró.
“Hasta el momento el departamento contravencional ya tienen en su poder más de cien expedientes, una cantidad de 150 personas físicas que ya han sido imputadas. Cinco de ellas ya han sido sentenciadas con multas que van desde los 500 mil pesos hasta los 2 millones de pesos” y aclaró que este tipo de multas pueden ser impuestas una innumerable cantidad de veces, cada vez que se corte una ruta.
El procurador Albes, se encargó de justificar este tipo de decisiones: “Para la Fiscalía de Estado es un deber constitucional requerir la protección de los intereses de la provincia de Jujuy y en este caso estamos hablando del orden constitucional y de la protección del sistema democrático”, declaró y opinó que “cortar una ruta no es protesta, es delito, que se encuentra penado por le Código Penal”.
“Vamos a instar todas las acciones necesarias para dar con los culpables y no solo requerir las penas máximas y el resarcimiento de los daños a la provincia, siguendo con las instrucciones del Gobernador, vamos a ir para adelante porque no vamos a tolerar la comisión de delitos contra el orden constitucional y contra el sistema democrático”, sentenció.
