Transformación Digital: ¿Qué cambió con la pandemia?

Por: Axel Cherem

Las nuevas tecnologías fueron grandes protagonistas en las reflexiones sobre la “nueva normalidad”. No solo el ámbito laboral, sino toda vinculación social estarían determinadas por las nuevas tecnologías. Este fenómeno que se iba incrementando tuvo una aceleración tal que avanzó el equivalente a dos o tres años en cuestión de meses. Dicho contexto volvió necesario discutir políticas y leyes que contemplen esta aceleración digital en ámbitos vulnerables como el trabajo, el acceso a servicios indispensables como internet o los conocimientos de instrumentos financieros digitales.

En ediciones anteriores de microdebates, planteamos la necesidad de pensar a las tecnologías como síntesis en la falsa antinomia de política y ciencia.  En este sentido, nos interesa indagar sobre aquellos debates y experiencias que venimos atravesando en Argentina. A su vez, buscamos reflexionar sobre lo que nos dejó y las posibilidades de debatir sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el rol del Estado como garante de derechos.

Teletrabajo: de la revolución en pantuflas al vacío legal

La primera mitad del 2020 trajo múltiples debates sobre la virtualidad y el mundo laboral. La necesidad y la posibilidad que un sector amplio del empleo en Argentina tuvo para mantener su actividad cotidiana desde su hogar fue denominada “teletrabajo”. A partir de esta denominación, se difundió un discurso de bienestar sobre la práctica que posibilitó el tratamiento parlamentario de un marco de protección legal, el cual fue aprobado. Esta situación devino en una fuerte resistencia del sector empresarial. 

Sin embargo, no fue hasta el 1° de abril del 2021 que se aplicó la normativa por parte del Ministerio de Trabajo Nacional, debido a que la norma establecía su implementación luego de 90 días de finalizada la etapa conocida como ASPO. Actualmente, dicha regulación no se aplica definitivamente por diversos tecnicismos referido a la excepcionalidad y la ocasionalidad que se interpreta para cada actividad laboral. Aspectos nodales como los costos de energía, internet o el derecho a desconexión digital hoy no se han modificado estructuralmente y si se ha perfeccionado el acceso a dispositivos digitales o el conocimiento en plataformas de gestión de recursos humanos, productos y servicios. A su vez, no existe un canal que informe activamente sobre los derechos de trabajadorxs y obligaciones de empleadorxs en materia de trabajo remoto, y su lugar en la agenda pública fue perdiendo importancia con el paso del tiempo. 

En términos concretos, se puede afirmar que lo que se gestó es una digitalización en la precarización laboral existente incrementando la vulnerabilidad del empleado remoto. La reprimarización del debate sobre el trabajo, producto de la explosión de distintas crisis en simultáneo ha naturalizado esta situación en un sector amplio de la sociedad que queda expuesto a patologías como el burn out (o síndrome de cerebro quemado) y empujado a la necesidad de tapar esos padecimientos con, por ejemplo, opiáceos (como graficó Joaquín Szejer en el artículo pasado).

Internet: entre el acceso y el negocio

Otro de los grandes temas de debate fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 que estableció al servicio de telefonía e internet como públicos, esenciales, estratégicos y en competencia. Dicha norma permitió al Gobierno intervenir en la definición de tarifas obligando a las prestadoras a ofrecer paquetes a precios accesibles a los fines de garantizar el derecho a la comunicación. Dicha noticia fue tratada como un hito debido a que el gobierno nunca pudo penetrar la barrera de las empresas de telecomunicaciones en calidad de servicios públicos, por lo que la oposición empresarial no se hizo esperar. 

En diciembre del año pasado, el gobierno nacional anunció el Plan Básico Universal (PBU) para servicios de telecomunicaciones. El mismo estableció aumentos estipulados por el gobierno ajustados al ingreso de los sectores mayoritarios con el fin de asegurar el acceso a dichos servicios. A partir de este sucesos, las empresas solicitaron medidas cautelares contra la aplicación del DNU. Dichas solicitudes fueron rechazadas, en una primera instancia, y luego aprobadas en febrero del 2021. La situación política, como muchas otras, se terminó judicializando hacia la Corte Suprema de la Nación con la participación de ENACOM, representando al gobierno nacional, y Telecom (Cablevisión y Fibertel), representando las empresas. 

Actualmente, el panorama tensiona para el lado de las telcos y vulnera el derecho a la comunicación de la ciudadanía. Mediante el fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, se exime a Telecom, una de las mayores prestadoras de servicios, a respetar el DNU por seis meses, lo que promueve una constante suba de tarifas para los usuarios. La importancia que adquirió internet en los últimos meses, nos presenta un escenario en el que debemos re-pensar aquellas decisiones que se aplican en nombre del libre mercado.

El fenómeno bitcoin: el deseo de pertenecer

El último apartado grafica un poco el panorama social en Argentina y combina tres aspectos centrales en la cultura: la comunidad, la economía y, por supuesto, las nuevas tecnologías. El fenómeno cripto, encabezado por la “moneda digital” bitcoin, ha tenido un fuerte impacto en la agenda pública y no es exclusividad de la clase media especializada, atraviesa todas las clases y sectores. 

Los datos hablan por sí solos. En menos de un año, los usuarios de aplicaciones móviles pasaron de 400 mil a un millón y las noticias sobre el tratamiento de este tema penetra la agenda de los medios masivos. Ya no es un tema de nicho y esto conlleva múltiples riesgos en una sociedad que no tiene desarrollada su educación financiera. Es por eso que el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó, a medidados del 2020, una guía que esclarezca el aspecto técnico y económico en el país

Desde ya, la posibilidad de rentabilizar los ingresos en pesos en una economía con alta inflación y poco acceso a reservas de valor como el dólar u otros instrumentos financieros ha vuelto atractivas las criptomonedas. Por otro lado, la espectacularidad que implica la economía digital, las aplicaciones que simplifican los trámites y la cobertura mediática ante las declaraciones de gigantes del mundo empresarial como Elon Musk, dan un manto de legitimidad y confianza que el sistema tradicional no parece ofrecer. Sin embargo, existe un último elemento que potencia, aún más, el fenómeno cripto en Argentina: la comunidad. Existe un punto en el que la maravilla que implica lo digital trasciende una visión lógica y de rendimiento. Esto se debe a que las compras de bitcoin no han cesado en particulares que se aventuran en el universo digital a pesar de registrar, hace varias semanas, una tendencia a la baja en la moneda. Aquí opera un síndrome denominado “FOMO”, o fear of missing out, que se traduce en miedo a quedarse afuera. Esto no solo se genera por los beneficios materiales que pueda ofrecer una apuesta, sino el constante y permanente discurso presente en la agenda cotidiana. Si no compras bitcoins, te estás quedando afuera.

El Estado no fue ajeno al fenómeno y se empezó a discutir un marco que otorgue algo de protección a la ciudadanía. Es así que se presentó un proyecto de ley de regulación de “criptoactivos” para intervenir en ese mercado y promover su utilización como medio de pago. Será cuestión de tiempo para que la agenda política acuerde un marco sobre una tendencia que no parece retroceder en la penetración social.

Estado tecnocrático y Justicia Social – Volumen II

Los microdebates presentados a lo largo de este texto buscan disparar una duda, una reflexión, sobre la vinculación de las nuevas TICs y el rol del Estado. Así como la ciencia y la política se complementan, la tecnología y los derechos humanos se potencian. Si la discusión sobre un dispositivo parte del utilitarismo no necesariamente debe colisionar con los derechos humanos. 

Como vimos a lo largo de este artículo, el dilema sigue siendo el mismo, ¿a quién se busca privilegiar? A partir de esta respuesta, empecemos a debatir sobre nuestro presente y, por supuesto, nuestro futuro.