Así lo denunció el Frente de Todos teniendo en cuenta que en la operación se calculó el precio de las tierras tomando como referencia la zona del barrio de Soldati, aunque se encuentren en las inmediaciones de Puerto Madero.
La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira advirtió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires renunció a más de 450 millones de dólares en la firma del convenio con Irsa para construir edificios en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
Neira explicó que se llega a esa cifra porque en la operación se calculó el precio de las tierras tomando como referencia la zona del barrio de Soldati, aunque se encuentren en las inmediaciones de Puerto Madero.
“Dado el ‘Mapa de Desarrollo Urbano’, la parcela de Irsa queda subsumida en la Zona 4, junto al barrio de Soldati, y no en Zona 1, como lo está Puerto Madero, que se encuentra lindero al predio”, subrayó la diputada en la última sesión de la Legislatura porteña, donde el oficialismo local logró dar media sanción al convenio urbanístico.
Neira agregó que “por esta decisión administrativa, el Estado (local) se pierde 450 millones de dólares de recaudación”.
El convenio al que se refirió la diputada es aquel que firmaron el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la empresa Inversiones y Representaciones S.A. para autorizar la construcción de un emprendimiento inmobiliario en la ex Ciudad Deportiva de Boca, el cual es promovido con el nombre de “Costa Urbana”, tendrá edificios de hasta 45 pisos y sus detractores llaman “Puerto Madero 2”.
La empresa, a cambio de la autorización para construir en altura en un predio actualmente habilitado sólo para actividades deportivas, cederá al dominio público de la Ciudad una parte de las tierras y se hará cargo del mantenimiento de esos espacios por 10 años.
“Estamos hablando del terreno más grande en manos de un privado en la Ciudad, que es de 71 hectáreas”, afirmó la diputada.
Y consideró que “la superficie que se entrega a la Ciudad como parte de la contraprestación de espacio verde coincide con un espejo de agua, que también es del cauce del Río de La Plata y por eso nos preguntamos si no hay aquí un tema de dominio del Estado”.
De acuerdo a la Constitución porteña, “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”; sin embargo, la ex Ciudad Deportiva se encuentra cerrada y abandonada hace al menos 30 años.
“¿No estaremos aceptando como contraprestación algo que es de dominio del Estado?”, apuntó la diputada.
El predio, ubicado sobre el Río de La Plata y al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, fue cedido en 1964 por el Estado nacional al club Boca Juniors, pero con la condición de que allí se desarrollaran actividades deportivas y que no fuera vendido a privados.
Sin embargo, en 1982, durante la última dictadura cívico-militar, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires otorgó la posesión legal del terreno al club de la Ribera, que en la década de 1990 lo vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por Irsa.
Claudia Neira también reclamó al bloque oficialista en la Legislatura (Vamos Juntos) que “no existe información sobre las parcelas que se darán al Estado de la Ciudad como contraprestación por el Convenio Urbanístico”.
Y dijo: “Cuando uno ve las contraprestaciones y se habla de 715 millones de dólares como valuación global que debería pagar Irsa al Gobierno de la Ciudad, esta valuación ha sido calculada de forma arbitraria”.
Y advirtió: “No tenemos claro a qué actores apunta el proyecto ni por qué se propone construir en esa zona de la Ciudad un emprendimiento que, por sus características de construcción en altura, sólo pueden llevar adelante tres grandes constructoras, en detrimento de los cientos de pequeñas y medianas que vienen esperando un incentivo del Estado. Mientras tanto, el Gobierno le otorga esta norma y beneficia en millones de dólares a una sola gran empresa”.
Por otra parte, en diálogo con Télam, la arquitecta especialista en normativa urbana Gabriela Muzio dijo que Irsa, tras la aprobación definitiva del convenio, se verá beneficiada por el incremento del valor del suelo, que traerá aparejada la habilitación de construir en altura.
“Los cálculos son aproximados porque no hay información y, además, las formas de negocio económico son variadas en este tema”, dijo Muzio, pero agregó que Irsa pagó por el terreno “50 millones de dólares hace unos 20 años”, lo que podría actualizarse, “con la norma como está, en 63 millones”.
Y añadió que, “después del cambio de norma, se calcula que podría valer, sólo el terreno, unos 730 millones” de dólares.
Sobre la estimación, Muzio explicó que “el suelo no es un bien que se produzca, por lo que no se toma el costo de producción como base del cálculo, sino que el terreno vale en función de lo que pueda realizarse en él: construcción, venta, alquiler, negocios que se puedan abrir”.
“Por eso -agregó- el cambio de norma comporta un aumento sideral en el precio, ya que pasa de no poder hacerse más que un complejo deportivo a poder hacerse una urbanización de 72 manzanas, para un barrio de lujo y con multiplicidad de usos”.
Tras el primer dictamen favorable que recibió el proyecto, en un plenario de comisiones de la Legislatura realizado el 26 de julio pasado, algunos medios nacionales informaron que las acciones de Irsa aumentaron su valor en un 28 por ciento, dato que fue mencionado en la sesión de este jueves por el legislador Javier Andrade (FdT).
Por incluir el cambio de una norma urbanística, el acuerdo entre Irsa y el Gobierno porteño debe tratarse como una ley de doble lectura, es decir que deben realizarse dos votaciones en el recinto y, entre ambas, una audiencia pública en la que la ciudadanía manifiesta su opinión.
Tras la primera aprobación del jueves pasado, donde el proyecto obtuvo 37 votos a favor y 20 en contra, debe realizarse la audiencia pública.
