Boluarte declaró el estado de emergencia. El gobierno maniobra para contener las protestas que se extendieron por todo el país en reclamo por la liberación de Pedro Castillo, quien podría permanecer en prisión durante ocho meses.
Perú vive jornadas de extrema tensión, ni siquiera suavizadas por el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024, debido a las crecientes protestas de miles de seguidores del exmandatario Pedro Castillo en varias ciudades y regiones, que incluyeron bloqueos de rutas y ocupaciones de aeropuertos y universidades. Cuatro manifestantes murieron este lunes en protestas en las que se exigía la renuncia de Boluarte en los departamentos de Arequipa y Apurímac, lo que elevó a seis el total de fallecidos en Perú en las últimas 48 horas.
Uno de los decesos ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la represión policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto local, tomada por unos 1.500 manifestantes. Las otras muertes del día tuvieron lugar en el departamento de Apurímac, la cuna de Boluarte. De las seis víctimas de la represión policial desde el domingo, al menos tres serían menores de edad.
En Chincheros los manifestantes incendiaron el local del Ministerio Público y la comisaría. “¡Necesitamos apoyo en Chincheros! Que venga un helicóptero para dispersar a las personas. Solo somos 30 efectivos. Ya se nos está acabando la munición, tenemos policías heridos”, pidió un policía de Chincheros en un audio filtrado por la prensa. La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, denunció en declaraciones a la prensa que “ni la policía ni los estados de emergencia en toda la historia de la conflictividad que Defensoría del Pueblo tiene registro han resuelto los conflictos o las crisis”.
Este lunes un grupo de manifestantes atacó y trató de ocupar el aeropuerto de Arequipa para exigir la convocatoria de elecciones y el cierre del Congreso. Los medios locales reportaron que centenares de manifestantes ingresaron hasta la pista del aeropuerto y causaron algunos destrozos, hasta que fueron desalojados por policías y miembros de las Fuerzas Armadas.
El anuncio de Boluarte del envío al Congreso de un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 no calmó a los manifestantes, que exigen la liberación de Castillo, el cierre del Parlamento y nuevos comicios. La atención esta puesta en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones anticipadas, ya que implica que ellos recorten su mandato en dos años.
Para recortar mandatos, como el presidencial y legislativo, se requiere hacerlo en dos legislaturas consecutivas, un proceso que puede durar hasta un año, según las leyes peruanas. Y para convocar a elecciones anticipadas es necesaria una reforma constitucional.
En un intento de frenar la ola de manifestaciones el gobierno cesó el lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”. Además Boluarte declaró un estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social”.
El Gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por treinta días, mientras evalúa la posibilidad de instalar un toque de queda. La izquierdista Bancada Perú Libre, apoyada por otras coaliciones, pidió la interpelación del ministro del Interior, mientras que Juntos por el Perú, también de izquierda, solicitó una moción de censura al primer ministro.
El Gobierno decretó esta medida luego de las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que se han confirmado siete víctimas mortales entre quienes protestaban y más de un centenar de policías heridos.
En declaraciones a la prensa desde el patio del Palacio de Gobierno, el ministro de Defensa Alberto Otárola dijo que “se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas; se requiere una respuesta contundente y autoridad de parte del Gobierno”.
