Débora Vera, una de las liberadas tras la detención de seis mujeres mapuche en el marco del operativo represivo en Villa Mascardi, ocurrido en octubre, contó cómo sigue la situación.
“El territorio está militarizado, en Estado de Sitio”, señala Débora Vera, una de las mujeres de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, que fue detenida tras el operativo represivo de octubre pasado por orden del ministro de Seguridad Aníbal Fernández.
Débora Vera es una de las mujeres mapuche liberadas, pero aún quedan cuatro de las seis que fueron detenidas tras el violento desalojo que tuvo lugar el 4 de octubre en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. La causa está caratulada como “Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación” en un territorio que la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu reclama como ancestral y cuyo conflicto ya lleva cinco años.
Con la medida dispuesta por la jueza Silvina Domínguez y ejecutada por el Comando Unificado de la Policía Federal, el pueblo mapuche fue obligado a abandonar el territorio en que vivían, tras reiteradas acciones violentas contra la comunidad y su cultura. En entrevista con AM 750, Vera contó cómo continúa la situación: “A mí me liberaron el 25 de octubre”.
En efecto, Débora y otra compañera fueron liberadas un mes atrás, tras una huelga de hambre que duró varios días. “Nosotras estamos en un Centro Comunitario Mapuche, que es el espacio en el que nuestra machi y las otras tres cumplen con la detención domiciliaria. Con la solidaridad de nuestra gente y de organizaciones que fueron arrimando todo lo que necesitábamos; desde colchones hasta comida”.
“La situación es difícil: nos quitaron todo. A nosotras nos desalojan, siete somos detenidas (seis éramos de la comunidad) más cinco chicos, entre ellos dos bebés. El territorio actualmente está militarizado, digamos. Sigue estando el Comando Unificado ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El territorio está en Estado de Sitio, nos decían los abogados”. “Si, por ejemplo, uno quiere ir al lago (que según su mirada —la winka; es decir ‘no mapuche’— es un lugar público) los gendarmes te piden identificación”, contextualizó Débora.
El conflicto comenzó en realidad a principios de noviembre de 2017, cuando miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tomaron un predio que pertenece a los Parques Nacionales. Para el pueblo, ese lugar es ancestral y realizan ceremonias según su costumbre: “Hicimos dos ceremonias: en la primera tiraron gases lacrimógenos, sin importar que estuviesen los chicos ahí. En la segunda ceremonia nos pidieron que todos nos identifiquemos. Y el lago es un lugar donde generalmente la gente va a pasar el día. Nuestra defensa nos dijo que es como si el territorio estuviese en Estado de Sitio”.
En principio, al ser un lugar público, no habría problema alguno en que el pueblo realice ceremonias junto al lago. “Las que conseguimos nuestra libertad todavía seguimos acá (en el Centro Comunitario), porque nos han sacado el territorio. Desde nuestra cosmovisión, además, tenemos que estar todas juntas”, detalló Débora. Las cuatro mujeres que continúan detenidas son la machi Betiana, Martha Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil y Romina Rosas. Esta última fue obligada a parir sin contemplar la ley de parto respetado y las normas y convenios que protegen la identidad ancestral. Las mujeres fueron trasladadas a Ezeiza sin saber el motivo de su detención.
Allí las quisieron separar de sus hijos, aunque no lo lograron. “Romina fue hostigada todo el tiempo, la tiraron al piso, la arrastraron sin importar su condición de embarazo”, declaró Vera en la radio. “En el momento de la detención, una de nosotras estaba con su bebé en un canasto y cuando entra un grupo de las fuerzas del Comando Unificado patean el canastito y preguntan qué era lo que tenía ahí. Y ahí estaba su bebé, que en ese momento tenía un mes”, concluyó.
