La investigación fue realizada por un organismo que depende de la Corte Suprema y demuestra la persecución sistemática por parte de funcionarios del anterior gobierno a jueces y fiscales.
Un organismo que depende de la Corte Suprema aportó a la causa en la que se investiga a la “mesa judicial” del gobierno de Cambiemos un documento que muestra los hostigamientos a través de medios de comunicación y redes sociales a jueces y fiscales cuyas decisiones incomodaban al gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
Entre los nombres que aparecen denostados y cuestionados por distintos funcionarios macristas figuran la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, la actual jueza de Casación Ana María Figueroa, el camarista federal Eduardo Farah y el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla. La lista que evidencia el hostigamiento a jueces y fiscales está encabezada por Macri, pero la integran también Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el ex ministro de Justicia Germán Garavano, entre muchos otros.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJuDeCO), que depende de la Corte, le envió al fiscal Franco Picardi el informe en la causa 52956/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ Asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles”.
A través de gráficos, citas, reproducciones de notas periodísticas y posteos en redes sociales, el trabajo muestra cómo los funcionarios y dirigentes del anterior gobierno acosaron públicamente a funcionarios judiciales como los jueces Martina Forns, Diana Cañal, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Luis Rafagheli, Marcela Pérez Pardo, Mirta González Burbridge y Eduardo Freiler.
“El objeto del presente informe se circunscribe a la confección de estudios técnicos de búsqueda en fuentes abiertas a fin de exponer los resultados sobre ‘manifestaciones directas de carácter público … de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o Personales’”, explica el documento, de 326 páginas.
En el caso específico de Gils Carbó, a quien el informe le dedica una extensa cantidad de páginas, sobresale un gráfico de “identificación temporal de las manifestaciones”, que muestra que en 2015 y 2016 el índice de menciones llega a nivel 1; en junio de 2017 trepa a nivel 3; al mes siguiente crece exponencialmente hasta 15 y poco después se produce la renuncia de la procuradora. En diciembre de 2017, con Gils Carbó ya afuera de la Procuración, el índice de “manifestaciones” vuelve a descender a 1.
En la causa conocida como “Mesa Judicial” se investigan las presiones sobre una lista de magistrados desplegadas desde el Gobierno de Mauricio Macri y se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) en diciembre de 2019. Por otro lado, también están imputados el expresidente Macri, su asesor judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el exministro de Justicia Germán Garavano.
La causa que tramita en el juzgado 12, se inició en marzo del 2019, y refiere a la decisión del gobierno de Macri de denunciar a Ramos Padilla luego de que el juez, que por entonces revestía en Dolores, informara al Congreso sobre algunos aspectos de la investigación desarrollada en el “Caso D´Alessio”, causa en la que se detectaron maniobras de espionaje ilegal.
