Por: Roberto Candelaresi
Introducción
Entendemos que el concepto de LIBERTAD es un valor funcional insustituible de los sistemas políticos modernos. Nos interesa sondear los elementos [ideológicos, históricos, normativos] que han facilitado su vinculación con la DEMOCRACIA, relación que tiene sus complejidades y variadas modalidades, y, repasando algunos conceptos analíticos, verificar la VIGENCIA REAL en nuestro país, toda vez que el gobierno actual se declara por lo menos liberal-libertario, pero no incluye usualmente en su discurso, la noción que alude a la soberanía popular.
Nuestra inquietud se basa en la constatación de que, para ciertas ideologías, estos dos conceptos no se interpretan siempre en un modo complementario e interdependiente, – ni mucho menos como términos intercambiables como creen tantos–, sino en un marco de naturaleza conflictiva y de condicionamiento, llegando incluso a la pretensión de suprimir o limitar uno u otro, según la posición en el espectro político de aquellas.
La oposición de esos valores ha tenido funestas derivas (fascismos, totalitarismos o populismos autoritarios). Nuestro oscilante pasado político, no ha permitido generar un equilibrio ideológico que posibilitara un entorno político con ámbitos de plenas libertades y derechos, pero orientados por decisiones y contextos deliberativos de corte democrático [muy participativo].
Es un error considerar que la democracia “automáticamente” produce libertad y que, gracias a la democracia, la coacción gubernamental ya no es una amenaza a la libertad porque votamos por quienes nos limitarán. No siempre la vigencia de principios como la división y equilibrio entre poderes, el pluralismo bien representado en partidos políticos y otros actores sociales, y el diálogo social parecen estar presentes en el sistema político argentino.
En nuestra mirada, pensamos en la presencia insustituible de un Estado, que asegure la vigencia “universal” del Derecho y la igualdad de oportunidades. Toda construcción política y económica de un país debe considerarla como premisa ineludible.
La relación entre ambos valores de la política
Ya señalamos que, con el prisma de ciertas ideologías, existe un nocivo antagonismo conceptual entre Libertad y Democracia. Podría decirse que tienen una oposición doctrinaria entre ambos conceptos, disputa que, a la luz de ciertas experiencias históricas, es dable presumir que, por el propio desarrollo de sociedades actuales, intelectualmente se halla superada. Sin embargo, en la era postmoderna, hasta lo estéril revive.
Sin libertad no pueden pervivir los gobiernos representativos y participativos, al menos desde un concepto ético de la democracia. En ese caso -normalizado- podemos inferir que la relación hoy, en las sociedades evolucionadas, se caracteriza por una creciente interdependencia y síntesis.
Sospechamos –a partir de los primeros actos de gestión y discursos públicos– que el gobierno de J. Milei y sus aliados neoconservadores, se han obstinado en ver a la libertad y la democracia como valores opuestos, asumiendo que la Libertad es un elemento natural e intrínseco a la condición humana, en tanto la Democracia sería solo un medio organizativo “artificial” (habiendo otras ‘opciones’), para ordenar la administración de los asuntos públicos y privados. En esa concepción, la libertad está amenazada por una «excesiva» demanda de homogeneidad e igualdad, capaz de destruir las capacidades de creatividad desde lo distinto, y de conservación de la sociedad. Por ello repudian (aunque parcialmente por puro pragmatismo lo ejercen como en la experiencia macrista) la asignación de recursos y de justicia basados en criterios de igualdad.
En síntesis, para la perspectiva liberal-libertaria, el principio sustantivo de la CONVIVENCIA es la libertad, en tanto que la democracia es un factor adjetivo a su desarrollo.
Libertad, Democracia y República.
Estos significantes también suelen confundirse o equipararse entre sí, sin mayores disquisiciones, entre los legos y, de ex profeso, algunos dirigentes políticos refuerzan con sus discursos esa supuesta igualdad de términos, con alguna inconfesable intención. Incluso, los demagogos de derecha insisten en tal falsedad remitiendo como antecedente auténtico a los principios y valores de Estados Unidos, al que quieren “imitar”.
Pero, repasando la Historia, observamos que la Unión norteamericana, nació como República, no como Democracia, y que la Constitución se estableció para promover la libertad, no la democracia. Los legisladores constituyentes buscaban proteger a las personas de la intrusión del gobierno. La intención de la Constitución era dominar al gobierno, no al pueblo. La palabra “democracia” fue deliberadamente evitada por los legisladores, y no aparece ni en la Declaración de Independencia ni en la Constitución.
Uno de los padres fundadores, Alexander Hamilton, explicó: “Estamos creando una forma republicana de gobierno. La libertad real no se encuentra en los extremos de la democracia, sino en un gobierno moderado”. El primer secretario del Tesoro, en la Convención de Filadelfia de 1787 dijo que el pueblo era «la gran bestia» que debía ser domada y sometida, aconsejando a los farmers a desoír las proclamas revolucionarias de Tomas Paine.
Los Fundadores estaban más bien preocupados por los problemas asociados con una tiranía de la mayoría, y buscaron crear un gobierno federal que no dependiera de la voluntad de la mayoría. Para los legisladores, el objetivo del gobierno era brindar a los ciudadanos la trilogía de derechos establecida por John Locke: vida, libertad y propiedad.
Avanzando en el tiempo, ya en la Primera Guerra Mundial, comienza a romperse letra y espíritu de la carta magna norteamericana, cuando el gobierno realiza algunas nacionalizaciones suspendiendo derechos de propiedad. Y, al concluir la conflagración [1918] se dicta la Ley de Sedición, que criminalizó las expresiones antigubernamentales, minó definitivamente la tan liberal Carta de Derechos. Ha de saberse que su aplicación fue rigurosa llevando a la cárcel por años, a ciudadanos que se expresaron en lenguaje ofensivo sobre el gobierno de Washington, o por meramente leer en público los antiguos principios y derechos.
Sin embargo, el impacto mayor de separación de libertad y democracia en la política norteamericana, se verificó durante la presidencia de Franklin Roosevelt, ya que el mandatario argumentó que la libertad depende del gobierno. En su visión de la democracia, el pueblo es libre mientras el gobierno responda a él, sin importar cuánto restrinja las libertades ese gobierno. En un famoso discurso inaugural, Roosevelt proclamó que ejercía el poder democrático, colocando los poderes privados autocráticos bajo subordinación adecuada del gobierno del pueblo.
Ciertamente lo dicho y hecho desde la década del ’30, contrasta con el rol del gobierno que había establecido Thomas Jefferson, con su concepto apegado al republicanismo de un gobierno sabio y frugal, que solo debe impedir que los hombres se dañen unos a los otros, dejándolos en libertad para regularse.
¿Qué pasaba en las Provincias Unidas del Sud?
Quienes defienden el gobierno «liberal» de J. Milei, repiten la clamorosa falacia ideológica de la filosofía política; que LIBERALISMO y DEMOCRACIA son dos caras de una misma moneda.
Pero cuando invocan al legado democrático de Juan Bautista Alberdi, un verdadero representante del liberalismo del siglo XIX, se trata de un sofisma, ya que el autor, era un fiel discípulo de sus mentores estadounidenses citados y otros europeos, que consideraban a la democracia asimismo como variante de la tiranía de la mayoría. Prueba de ello, en el texto de nuestra constitución de 1853, inspirada por el mismo Alberdi, el término democracia no aparece («La Nación Argentina adopta para su Gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución»). Recién lo hará en la reforma de 1994.
Como dato de color, comentamos que, tal vez impresionado por la oleada revolucionaria que movilizó multitudes y acabó con la Europa de la Restauración en 1848, Alberdi sugerirá «…emplear un sistema de elección doble y triple, que es el mejor medio de purificar el sufragio universal sin reducirlo ni suprimirlo, y de preparar las masas para el ejercicio futuro del sufragio directo». Una suerte de voto calificado, elitista, no inclusivo ni participativo. Para el oficio de gobierno, las masas no están preparadas. Evidentemente, una condición antidemocrática que se plasmará en la carta magna original [colegio electoral, etc.]
Volviendo al presente, digamos que ciertamente existe una conexión entre libertad y democracia, pero ambas no son una ni lo mismo. El Índice de Libertad Humana, –reporte que emite anualmente el Instituto Cato, Fraser y otras organizaciones– documenta una fuerte correlación de 0.77 en la compleja relación entre libertad y democracia. El relevamiento empírico es interesante para examinar si existe relación de causa o apoyo entre ambas variables, y si esa relación se fortalece o se debilita con el tiempo, ya que se puede realizar un seguimiento histórico.
Para su evaluación, considera 86 indicadores de las siguientes áreas: estado de derecho, seguridad y protección, circulación, religión, expresión e información, relaciones, tamaño del gobierno, sistema jurídico y derechos de propiedad, moneda fuerte, libertad de comercio internacional, reglamentación, y asociación, reunión y sociedad civil.
El resultado del estudio es sugestivo pues muestra comparativamente, los posicionamientos cambiantes a lo largo del tiempo, de los países respecto de los diversos tipos de libertad, y acusa pronunciadamente los acontecimientos sociales trascendentes, por ejemplo, el efecto de la pandemia en el mundo, pero en sus singularidades nacionales.
Solo digamos para cerrar que, aunque Estados Unidos (faro ideológico para muchos) sigue siendo una democracia, su índice de libertad humana declinó al número 16 en libertades económicas y una embarazosa posición 28 en libertades personales, y no precisamente porque abuse de la regla de la mayoría como reemplazo a la opción personal. Hong Kong, no siendo una democracia, lo supera en los índices.
Y por casa… ¿cómo andamos?
J. Milei y “su” equipo anuncia que, en búsqueda de «la libertad de los argentinos», presenta un proyecto de Ley «Ómnibus», que subvierte drásticamente todo el sentido institucional y derechos consagrados acumulados en tantas décadas, dándole un carácter inconfundiblemente regresivo.
El cambio estructural propuesto, en nada mejora las condiciones de vida de los sectores populares, ni siquiera contempla la estabilidad de la clase media. Tanto ese proyecto, como el DNU emitido ahora bajo tratamiento parlamentario, importan el recorte de las libertades públicas y, asimismo, apuntan a acabar con toda presunción de un proyecto de desarrollo nacional, inclusivo y soberano.
Como siempre, en los ajustes ortodoxos como el que se está aplicando bajo la administración supuestamente “libertaria”, no faltan los slogans de justificación tales como la «modernización del Estado», «la reducción de la burocracia» o «el reordenamiento de la economía y el fin de intervenciones en los mercados», etc., pero fuera de la economía, son las instituciones democráticas las que sufren la pretensión de cambiar su funcionamiento.
No existe ninguna situación de emergencia, en la opinión de la mayoría de la sociedad, que avale un regreso al status previo al estado de bienestar, o peor aún, al paradigma del sistema predemocrático universal [época de contubernios, padrones incompletos y votos marcados], cuyo límite temporal sería el acceso al poder de H. Irigoyen.
Un gobierno “libertario” que pretende arrogarse virtualmente la suma del poder, solicitando la delegación de facultades legislativas por todo su mandato [extraordinarias y por tanto inconstitucionales]. La Democracia, e incluso la República, ¿no se verían acaso transgredidas en sus fundamentos y operatividad?
La limitación al derecho de reunión y manifestación, o sanciones para organizadores de protestas que obstaculicen espacio público, son igualmente graves quebrantamientos a garantías constitucionales. Son muchos y contundentes los impactos sociales que las aspiraciones del poder ejecutivo proyectan sobre la población, sin haber sido consultada. Pues es claro, que el programa desplegado hasta el presente por Milei, no se corresponde con el contrato electoral que él propuso a la ciudadanía. Ni libertad ni democracia. La primera se ve restringida por cortapisas y coacciones, y la segunda, por no cumplir los preceptos de la «poliarquía»; afectar derechos sociales y económicos de los ciudadanos en forma totalmente inconsulta.
El mismo estado de “inquietud social”, resulta elocuente para comprobar que el régimen “libertario”, pese a su bisoñez, defrauda a gran parte de la sociedad, y, por tanto, pierde progresivamente legitimidad, (aunque aún resulte prematuro a la fecha determinar la ‘cuantía’ de la merma). Las centrales sindicales, en su conjunto, han calificado al modelo del actual gobierno como antidemocrático en lo social, lo político y lo económico, por lo que ya han puesto en marcha formas tradicionales de resistencia.
La flagrante Contradicción del Liberalismo
Si bien en la modernidad el liberalismo [sus propaladores y publicistas], se reivindican en su discurso como la fuente de la que se nutre la democracia, ya hemos visto más arriba como la evidencia histórica refuta esa pretensión: aquella ideología nació con la sociedad burguesa y el capitalismo, y vino a legitimar ambos sistemas.
La praxis histórica analizada bajo teorías críticas, demuestra que, en diversas sociedades, el avance del capitalismo como modelador de la sociedad implica siempre un retroceso del sistema democrático. El dato no debe ser llamativo, desde que, en su propia teoría, los notables autores clásicos del liberalismo a saber; Locke, Mill, Constant, Tocqueville, o posteriores como el destacado John Stuart Mill, nunca abogaron por la democracia como régimen político, ni siquiera por el sufragio universal.
Como vimos, la “principal democracia” del planeta, en voz de sus dirigentes se autoproclaman guías y ejemplo ante los pueblos del mundo, sin que esta sea siquiera nombrada en su Carta Magna.
En suma, la hipocresía intenta esconder la pretensión nuclear de los poderosos dentro del capitalismo, que la masa plebeya sea representada y conducida por la aristocracia, o los «expertos» en el manejo de los asuntos del Estado (a sueldo de la élite). Ello en sí es un fundamento ideológico, que explica la progresiva involución de las democracias en las sociedades capitalistas, devenidas en insaciables plutocracias: gobierno del mercado, por el mercado y para el mercado, en clara contradicción con el célebres postulado de la Democracia de Abraham Lincoln; «Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo».
Concluyendo
El presidente Javier Milei evadió pronunciarse sobre su creencia en la democracia. Es claro que, en su primer mes de mandato, evidenció un rasgo determinante de su gestión; actuar desconociendo la institucionalidad democrática, al pretender vulnerar la división de poderes, principio fundacional. El envío de la transformadora «ley ómnibus» [mamotreto multiobjetivo] y el DNU para su tratamiento “urgente” muestra un intento de subordinación del Congreso al P.E.
Siempre invocando (paradójicamente) a Alberdi, se propone relativizar las funciones de las cámaras para gobernar con facultades extraordinarias. Y todo ello por lo que resulta evidente: la aplicación de planes lacerantes para (solo) las mayorías. De allí que, con su gabinete –prestado por el conservadorismo de extrema derecha–, despliegue conductas (protocolos) que restringen libertades públicas, para frenar la disconformidad y protesta que indudablemente generará sus ajustes y el deterioro provocado.
La única contestación posible para evitar la preeminencia del mercado por sobre los intereses humanos, es una amplia respuesta de acción y comunicación, por parte de todos los sectores afectados en defensa del sistema democrático y de sus intereses específicos.
El “anarco capitalismo libertario” aplicado, solo puede implicar como corolario; caos, deterioro del nivel de vida de los más, conflictividad social, violencia represiva, desmedro del diálogo institucional y, en definitiva, la disminución de la ya menguada democracia en nuestro país. La movilización popular, máxima expresión democrática, a través de la voluntad de sus miembros tiene la palabra para sostenerla y esterilizar gobiernos antidemocráticos como el actual.
