El jueves 2 de diciembre se aprobaron cuatro proyectos inmobiliarios en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presentados por el Gobierno local. La aprobación se dio en un marco de rechazo y protestas alrededor del recinto
Cobertura: Bautista Monferato
El oficialismo porteño logró aprobar a rezonificación de Costa Salguero y la ratificación del convenio con la empresa IRSA por el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, entre otros proyectos, luego de cinco horas de debate en la legislatura, la cual se encontraba rodeada de vallas debido a las numerosas protestas que había afuera.
También se aprobó por el proyecto que ratificaba convenios urbanísticos entre el gobierno y empresas privadas, aunque el oficialismo tuvo que sacar dos de ellos para lograr el apoyo de sus aliados. Quedaron excluidos los convenios que permitían construcciones en la calle 11 de Septiembre 1535, en Belgrano (que habilitaba un edificio de más de 50 metros) y otro en la calle Corrientes al 3400 (con una construcción de 70 metros).
Otro proyecto propuesto por Horacio Rodríguez Larreta, y aprobado, fue la creación del Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras realizadas en contravención, una iniciativa muy criticada por la oposición, como todas, por el fuerte impacto en la disponibilidad pública de espacio verde en la Ciudad. Por eso mismo, los reclamos tuvieron lugar durante toda la jornada con distintas agrupaciones políticas, ambientales, sociales y vecinales que intentaron ponerle freno a un resultado casi asegurado.
Red Informativa dialogó con Jonatan Baldiviezo, abogado y Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien afirmó: “Los cuatro proyectos inmobiliarios implican, por una parte, un fraude democrático, porque cada uno de ellos tuvo una audiencias públicas en la mayoría de la ciudadanía se opuso a que se lleven a cabo”.
“La oposición de los ciudadanos y las ciudadanas llego a ser del 98% y hasta del 100% en las audiencias públicas realizadas, hecho que preocupa por el poco respeto que se le tiene al sentir popular, al habitante de la Ciudad para quien se gobierna”, prosiguió.
“El único argumento que brindó el Gobierno de la Ciudad para desoír la voluntad ciudadana fue acusar a las miles de personas que participaron de que estaban engañadas y confundidas. Incluso las trataban de ignorantes manifestando que no habían leído el proyecto y que la situación no era como se establecía en las intervenciones. Esa fue la única forma de deslegitimar la democracia participativa “, subrayó con indignación.
“Lo que demuestra este fraude democrático es que tenemos una legislatura y un Poder Ejecutivo capturado completamente por el sector económico concentrado, inmobiliario y financiero”, cuestionó.
Luego, eligió hacer énfasis en el marco privado que los rodea: “Estos proyectos implican la sujeción de la planificación a los intereses de la especulación inmobiliaria. No se avanza hacia una planificación democrática, sino que la misma esta regida por la conveniencia y los tiempos de los sectores inmobiliarios”.
“Son estos grupos los que determinan los temas que va a tratar la legislatura y con qué velocidad va a hacerlo. Por eso en estos últimos dos años, en plena pandemia, la legislatura solamente ha tratado negocios inmobiliarios, algunos incluso con un abordaje muy breve”, continuó.
“Los cuatro proyectos votados solo tuvieron un trámite de cinco días luego de las audiencias públicas. En ese corto tiempo pasaron por las comisiones y culminaron con la votación en el recinto, hecho inconcebible en un sistema donde deberían existir debates de mayor profundidad y reflexión, sobre todo cuando se trata de decisiones tan importantes”, manifestó Baldiviezo.
Finalmente, consideró los efectos negativos para el ambiente y el ciudadano: “Además, los proyectos implican una pérdida definitiva de grandes sitios de la Costanera pública porteña, abandonando una superficie de 47 hectáreas, si realizamos la sumatoria de los últimos cinco años”.
“De la amplitud mencionada, 13 hectáreas del distrito del Tiro Federal, que se otorgaron en usufructo por 150 años, 9 hectáreas por el distrito joven , cuatro por la concesión de Costa Salguero y 21 del predio de Costa Urbana, las cuales deberían ser parte de una costanera pública pero a partir del voto se pierden”, describió.
“Por supuesto que este hecho también perjudica enormemente al medio ambiente, teniendo en cuenta los espacios verdes que pasan a manos privadas y por ende a la inexistencia. Los reflejos ambientales de esto quizás no lo veamos ahora, pero a futuro lo vamos a padecer enormemente”, explayó.
“A partir de esta aprobación vamos a seguir organizando a la ciudadanía a través del movimiento ´La Ciudad Somos Quienes la Habitamos´ para que se concientice acerca de estas problemáticas, de cómo le arrebatan al habitante lo que le corresponde, de la pérdida de tierras públicas y espacios verdes. Continuaremos con la resistencia verde y la defensa de lo que le pertenece al ciudadano”, sentenció.
Con 36 votos a favor, del oficialismo y aliados; 22 en contra, del Frente de Todos y del Frente de Izquierda, quedó aprobada la rezonificación de Costa Salguero; en tanto que el convenio con IRSA recibió 36 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones.