Este lunes, empieza el proceso legislativo con el que la oposición buscará condenar al mandatario por el presunto del delito de traición a la patria. Las incongruencias constitucionales de la nueva ofensiva.
La crisis política en Perú parece estar en un loop constante. Nuevamente, el Congreso, de mayoría opositora, intentará a partir de este lunes destituir al presidente Pedro Castillo, en un proceso legislativo que muchos ya cuestionan como inconstitucional. Esta nueva avanzada legislativa se apresura para comenzar antes de que el Tribunal Supremo del país defina si la Fiscalía General puede investigar al mandatario Perú por supuesta corrupción.
Además, se adelanta a la misión de la OEA que llegará dentro de dos semanas al país, luego que la máxima organización hemisférica activara, a pedido de Castillo la Carta Democrática Interamericana por lo que considera son intentos de romper el orden constitucional.
Pese a que Castillo recibió fuertes apoyos desde la región, la crisis no cede en Perú y la nueva avanzada del Congreso así lo demuestra. Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales comenzará a discutir el informe final de la Fiscalía General, en el que acusó por una supuesta infracción constitucional y el presunto delito de traición a la patria.
Esta última acusación se basa en lo que dijo en una entrevista con CNN en enero pasado, cuando afirmó que no descartaba una “consulta al pueblo” por la demanda de Bolivia de una salida hacia el mar. “En ninguna parte del mundo constituye delito de traición a la patria lo que ha dicho el presidente”, aseguró el abogado del mandatario, José Palomino Manchego.
Para varios analistas, la oposición busca inhabilitarlo por cinco años al mandatario con este nuevo proceso ya que sigue sin contar con los votos necesarios para destituirlo a través de un juicio político, como intento dos veces y no consiguió.
Según el texto elaborado por la oposición, Castillo cometió el delito de traición a la patria pero, en vez de iniciar un proceso de vacancia -como se conoce al juicio político en Perú- recomienda inhabilitarlo temporalmente hasta que se lo investigue -se entiende que la Fiscalía General- y condene.
“La traición a la patria es un delito (…) No tiene sentido denunciarlo constitucionalmente por traición a la patria sin pedir que se le procese penalmente, por ese delito, ante el Poder Judicial”, cuestionó el constitucionalista Omar Cairo en diálogo con el diario peruano La República. “Mientras dure el proceso penal, (Castillo) quedaría suspendido y gobernaría (la vicepresidenta) Dina Boluarte, hasta que termine dicho proceso”, agregó.
Para Cairo, lo correcto sería acusarlo y el Poder Judicial debería determinar si hubo delito. Mientras tanto no puede ser inhabilitado. No obstante, el experto jurista aclaró que, para él, Castillo no cometió el delito de traición a la patria.
