Diputados tomaron conocimiento de las denuncias contra los cuatro supremos. Oficialistas y opositores se cruzaron fuerte. El jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.
Con más cruces políticos que debate del proyecto en sí, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación dio inicio este jueves al debate por el pedido de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Pasadas las 11, y con el quórum alcanzado por el Frente de Todos la comisión a cargo de la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard dio inicio a su labor. Fue así que la legisladora precisó que el próximo jueves 2 de febrero, los integrantes del órgano recibirán a los autores de los proyectos, en tanto que el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.
“Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia”, afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Luego, la legisladora de Entre Ríos precisó que “una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso”. En ese marco, Gaillard afirmó que “en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto” y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.
En total hay 14 pedidos de juicio político y son cuatro los causales que motivan los pedidos que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos para los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti.
En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos. En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura. Por último, hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social, y en el fallo del 2×1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.
Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra los cortesanos. Sin embargo, está lejos de poder contar con los dos tercios de votos necesarios en ambas cámaras para poder declarar culpables a los acusados y así aplicarles las sanciones correspondientes.
Tras la explicación de Gaillard, comenzaron los cruces entre el Frente de Todos y los espacios de la oposición. El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, anticipó que ese espacio va a proponer “una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles”.
Desde el oficialismo, le respondió el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas”. También negó que se vayan a conformar subcomisiones para el proceso, como había preguntado su par del PRO Álvaro González.
Por su parte, el diputado del PRO Omar De Marchi dijo que se niega a “analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina” y acusó al presidente Alberto Fernández de ser “el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”.
Según opinó el legislador mendocino, “la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular” al Poder Judicial que “tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina”, en alusión a la sentencia por la causa Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Martínez le respondió afirmando que no vienen “a montar ningún circo”, sino “a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional”. Y deslizó: “No andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido”
Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Finocchiaro sostuvo que “con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron”.
A su turno, el diputado del interbloque Federal Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, anticipó su rechazo a este proceso, al explicar que “no vamos a entrar en la descalificación”. En ese sentido, repudió que “por señalar que porque pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros”. Luego, cruzó a su par kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien había cuestionado al legislador del interbloque Federal por su posición a través de los medios y le lanzó: “Te lo digo a vos, que dijiste que hago política por miedo. No te tengo miedo”.
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja rechazó las acusaciones de la oposición en torno a la decisión del oficialismo de impulsar el juicio a la Corte Suprema y cuestionó el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires: “¿Qué circo es este de darle tantos millones de pesos a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta?”, protestó el legislador de San Juan y agregó: “Son menos escuelas para mi provincia”.
Por su parte, el diputado nacional Hugo Yasky (Frente de Todos) sostuvo que “hay movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente”.
A su turno, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau rechazó las acusaciones de De Marchi sobre la existencia de un “circo mediático” por parte del oficialismo y dijo que “estamos ejercitando una facultad constitucional”.
“Acá no hay ningún tipo de circo, se dice circo porque los pitonisos adelantan que no vamos a tener los dos tercios. Este juicio no se hace a la Corte sino a sus integrantes”, retrucó Moreau, que llamó a “poner fin a este procedimiento mafioso del que forma parte la Corte”, y señaló que tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz cometieron el “pecado original de haber aceptado ser designados por decreto” de Macri.
A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país “les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas economicos”.
Sin embargo, la legisladora del FIT aseguró que “hay grandes motivos para cuestionar” a este tribunal que “es la Corte del 2×1”. En ese sentido, señaló que la Corte llegó “al extremo de exhumar leyes que tienen 16 años de haber perdido vigencia para que algún juez supremo (por Horacio Rosatti) pueda autopercibiirse presidente del Consejo de la Magistratura”. Y concluyó: “Impugnamos claramente que un grupito de personas que nadie eligió ni votó, y que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre las vida de millones”.
