En el municipio bonaerense con el índice más alto de muertes por violencia machista, las respuestas que no da la política institucional aparecen en las calles. Organizaciones y familiares de víctimas convierten el dolor en lucha gracias al feminismo territorial.
Por: Lautaro Romero – Publicado en: Revista Cítrica Foto: Martina Perosa (laVaca)
“Mi hermana está en coma. Está estable, pero está en coma. Si hoy estoy parada acá es porque el asesino se quedó sin balas y porque el cuerpo de mi hermana me defendió: se puso adelante para protegerme a mí y a sus dos hijos. El asesino está prófugo: no lo atrapan, no se mueven. Le dieron tiempo a todo, a que se fugue. Mi hermana tenía tres denuncias, nunca le dieron botón antipánico, nunca le llegó al tipo la orden de restricción. Nunca nada, nunca. ¿Qué me va a decir ahora la intendenta? Que me diga cómo piensa que pude sacar a mi hermana, herida con cinco balas, de un barrio como el nuestro y un día de lluvia: se me moría por el camino”.
Tania Fernández rompe en llanto. No hay consuelo posible porque el dolor es mucho. Porque su hermana Jessica (28) sigue en el hospital en estado grave luego de que el pasado 24 de octubre Justino Del Valle Ríos –con quien convivía– le disparara cinco veces, en una vivienda ubicada en la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno. Cinco balazos que comprometieron un pulmón, el corazón, el abdomen, un hombro y uno de los brazos de Jessica.
Todo comenzó cuando Ríos encontró en el teléfono de Jessica fotos de denuncias que había realizado, tras lo cual la amenazó de muerte y salió de la casa. Ríos regresó cuando Jessica estaba bañando a su hijo en el primer piso, subió, ella bajó corriendo y fue acribillada.
Al agresor lo detuvieron –estuvo casi una semana prófugo– en González Catán (La Matanza), por tentativa de femicidio. No alcanzaron la orden de exclusión del hogar y la restricción perimetral que la Justicia local había solicitado.
Ariel González tampoco respetó la prisión domiciliaria –por antecedentes de robo, amenazas y violencia de género– la noche de abril que mató y enterró en un descampado a Camila Tarocco (25), madre de sus dos hijos. González salió como lo hacía habitualmente: sin monitoreo ni control policial.
Camila fue una de las primeras víctimas de femicidios registrados durante la cuarentena en Moreno. La crueldad, el odio y la violencia machista se recrudecieron durante los meses que siguieron. También las muertes: Olga Verón (37), Rosa Estela García (64), Débora Ríos (36), María Magdalena Figueredo (23) y su hija Emily (4), Marilyn Alejandra Sánchez, LudmilaPretti (14), Juana Ruiz (77) y Sandra García (28).
Según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de la Casa del Encuentro, entre el 20 de marzo y el 29 de octubre ocurrieron 167 femicidios y 3 transfemicidios. Hablamos de un femicidio cada 24 horas en territorio nacional.
Otros datos: 1 de cada 8 mujeres tenían denuncias previas.
194 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre. El 63% son menores de edad.
El 61% de las víctimas fueron asesinadas en su casa.
El 60% perdió la vida a manos de su pareja o ex pareja.
Santa Fe (22), Tucumán (12) y Chaco (8) son provincias que concentran gran parte de los femicidios en el país. Aunque la lista la encabeza Buenos Aires, con 65 casos. De todos los municipios, Moreno, en el lejano oeste del GBA, presenta el mayor índice de femicidios –y de llamados al 144– de toda la provincia: 9 asesinatos (8 directos, 1 femicidio vinculado –cuando el propósito del agresor es provocar sufrimiento a la víctima– de una niña) y 1 intento de travesticidio.
La respuesta está en el territorio
Anahí Sanchetta milita en la agrupación Mala Junta Poder Feminista Moreno. Además es abogada y trabaja en la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Para Anahí, hay diferentes “causales y responsabilidades” para entender esta ola de femicidios que atormenta a Moreno: “La pandemia visibilizó las violencias, lo puso en agenda y desarticuló las redes de contención. Miles de mujeres no pueden salir a la calle y quedan solas, aisladas con los hombres violentos. Tiene que ver con la naturalización del patriarcado, la cosificación a las mujeres y a las niñas, en pensar cómo fuimos educadas las mujeres y los varones. Negamos y naturalizamos errores que cometemos como sociedad”.
Por otro lado, están el factor político, las herramientas formales y las normas que existen en el distrito donde gobierna la intendenta Mariel Fernández pero que no se efectivizan. Como por ejemplo, la ordenanza que, desde el 2019, declara la Emergencia de Género; o la ordenanza que institucionaliza la mesa distrital de género para que se convoque a las organizaciones y sectores sociales que trabajan la problemática. O el Observatorio de Equidad de Género Municipal, creado en el 2018, para registrar la violencia y los femicidios. “Están en la letra pero en la práctica no se ven”, reconoce Anahí.
Hace unos años ocupó el cargo de Directora General de servicios locales dentro de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de Moreno; donde recibían denuncias en casos de vulneración de derechos. “Fueron años muy complejos. La demanda aumentó mucho. Siempre hubo bajo presupuesto y falta de políticas públicas en materia de niñez. Nunca les dieron bolilla, ni Nación ni Provincia. Están los marcos normativos, pero en la práctica no hay presupuestos acordes a las necesidades que demandan los territorios”.
Y agrega: “Moreno es complejo, es un distrito estructuralmente empobrecido donde las gestiones pasaron y no pensaron en políticas de Estado que perduren más allá de los gobiernos de turno. Es un municipio grande con mucha pobreza, muchos habitantes –cerca de 700 mil–, un solo hospital y un montón de falencias, y niñxs y mujeres. Hay mucha tierra, históricamente es un lugar de tomas, de disputa, muchas veces organizados por intereses políticos… clientelismo político, juegan con las necesidades de los y las vecinas”.
Anahí vive en Barrio Sanguinetti, en Paso del Rey. Allí teje redes y feminismo junto a las organizaciones sociales, centros comunitarios, escuelas, merenderos y comedores. Como funcionaria pública entiende que no es posible pensar una restitución de derechos de manera aislada, si no se hace en conjunto con las organizaciones que tienen la experiencia, si no se escucha y se les da voz a los familiares de las víctimas. “Si no se tiene esa lógica de trabajo nunca se van a lograr soluciones reales y concretas, son respuestas fragmentadas sin un abordaje integral. Si lo hacemos desde arriba, como nos parece a nosotros, no es real. Es algo para modificar y repensar. El feminismo interpela estas prácticas estructurales de la política”.
Mujeres empoderadas
La vida de Carina Leguizamón está marcada a fuego por la violencia. Una infancia triste, con una madre que la abandona y un padre alcohólico. Ella y sus cuatro hermanas son desvinculadas y repartidas entre varios familiares. A Carina le toca criarse con sus abuelos. A los ocho años su tío abusa de ella, y también el hermano de su abuela.
Hace poco se animó a contarlo.
A los 15 años pasa tiempo con una de sus hermanas, que también sufre violencia de género. A los 16, Carina empieza a trabajar en un prostíbulo en Isidro Casanova, donde conoce a su primer marido, con quien tiene cinco hijos. Es violada y ultrajada. También su hija mayor.
A los 27 años logra escaparse de ese infierno que la dejó a centímetros de la muerte y lucha por la tenencia de sus hijxs. Lxs recupera. Se muda a Barrio Casasco, donde antes no había nada. No había plazas, escuelas de primaria, secundaria, jardines, centros culturales, gas natural, iluminación en las calles ni redes de agua potable.
Con el tiempo, Carina aprendió a endurecerse sin perder la ternura. En la actualidad es madre de 11 hijxs (siete varones y cuatro mujeres) y, además, está a cargo de un nene de 10, apaña pibas que tuvieron prisión domiciliaria, mujeres acusadas de ser “mala madre”. Sin dudas, Carina es una de las referentas territoriales que tiene la Red de Mujeres de Moreno y la histórica Casa Joven Diana Sacayán: un espacio de contención, acompañamiento y asesoramiento legal en casos de violencia –machista, racista, institucional–, causas armadas, gatillo fácil, allanamientos ilegales, torturas en comisarías; que a su vez funciona dentro del Programa “Punto Denuncia Torturas” que tracciona la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Carina dice: “Seguimos poniendo la cara y el pecho a las balas. El alma y el corazón para salvarnos. Por eso tejemos redes. Nosotras estamos para combatir y concientizar las aberraciones que se cometen hacia nuestra clase social. Las instituciones no se animan a denunciar las causas armadas y las torturas que sufren las mujeres en los barrios porque son parte de esas políticas”. Para ella “hay una descomposición social y política”.
Denuncia: “Nunca hacen hincapié en la falta de políticas públicas, en que necesitamos una justicia antirracista, antipatriarcal, anticlerical, clasista. Si no hay inclusión social, si no hay políticas genuinas, escuelas, trabajo; esto no va a acabar. Los femicidios van a aumentar porque no hay una justicia representada por nuestro sector, hay una justicia burguesa que viola los derechos y nos cuestionan a nosotros como víctimas en vez de ir por los culpables”.
En marzo de este año, el Gobierno municipal ordenó el desalojo del predio donde comenzó a gestarse el fenómeno Casa Joven. En medio de la pandemia, varias mujeres pusieron a disposición sus hogares para llevar a cabo las asambleas donde discutir y tomar decisiones. Pero fundamentalmente estas mujeres facilitaron un lugar físico donde continuar con los merenderos que, al menos dos veces a la semana, les garantizan la copa de leche a lxs pibxs de Barrio Casasco y Barrio La Porteña; donde abundan el hambre y las víctimas de violencia de género que no se animan a denunciar a sus agresores, y a quienes la Policía ningunea y subestima.
Carina: “Cuando tomás conciencia de clase ya no hay vuelta atrás, no hay regreso. Cada situación me atraviesa, la revivo. Las charlas con otras víctimas, los abrazos, cada caricia de las compañeras me ayudó a sanar. Uno tiene que depurar por algún lado. Cada caída que tuve, ahí estaban mis amigas para levantarme. Lo que te va a salvar la vida son las redes en los barrios, el feminismo de territorio, las promotoras de género, la concientización; no una ley de restricción perimetral”.
¿Qué pasa con el patriarcado? “Fuimos criadas en un contexto machista. Es una cultura que hay que deconstruir. Es difícil porque un violento fue parido en un contexto de violencia. Un ser humano es programado por una madre, por un padre, por una familia. Hay un montón que hacer, es una batalla interna y cultural contra el sistema. Éste es un barrio que no naturaliza la violación de los derechos humanos. Los vecinos y vecinas, al ver que hay respuestas, confían y suman a su modo, con una rifa, un alimento, visibilizan en las redes sociales. La gente se siente representada”.
La batalla en la calle
Fabiola Aguirre es otra de las personas que forma parte de la Red de Mujeres de Moreno y de Casa Joven, y además pertenece al colectivo Familiares, Amigos y Víctimas de Causas Armadas: “Todo esto comenzó hace más de cinco años, cuando mi hijo mayor fue detenido, acusado del homicidio de un policía. Una causa armada por la policía de Moreno y General Rodríguez. Después de unos meses de estar detenido, comencé a luchar por la libertad de mi hijo, con apoyo de mis compañeras. Es un grupo humano muy lindo. El feminismo de barrio es lo mejor que te puede pasar”.
En este contexto, desde un principio, resulta de vital importancia caminar a la par de las familias de las víctimas. Lo primero que hacen desde las organizaciones es preguntarles qué quieren hacer, qué necesitan. Carina explica: “Nosotras no imponemos nada. Acompañamos siempre. Están atravesados por el dolor, por una pérdida irreparable, por un abuso que te arruina la vida. No tienen tiempo para pensar. Articulamos, charlamos, lo primero es contener, desde lo legal y lo psicológico. Canalizan el dolor en la lucha y ahí estamos nosotras para bancar lo que decidan, siempre tratando de llevarlos por el camino de la batalla en la calle”.
Fabiola cuenta que una de sus principales causas actuales es apoyar a la familia de Nancy Montiel: una mamá cabeza de familia acusada de haber asesinado al presunto violador de su hijo. “Se la acusa por defender a su hijo, no hay pruebas que la incriminen”, dice. Dice que “a Nancy la metieron presa por mujer, por pobre y por las dudas”.
Sobre la doble vara judicial: “Acá si sos víctima de femicidio, sos un número más, y si te defendés, vas presa. Si tus hijos son víctimas de femicidios, abusos, vas presa por mala madre. Nos quieren acorralar, sin embargo, somos madres que decidimos no quedarnos, no dejarnos apretar y seguir adelante, sacando cada palo que nos pongan en la rueda”. “No estamos dispuestas a entregar a nuestros hijxs, ni la lucha –dice convencida–. Ponemos el cuerpo hasta donde sea, a costilla de nuestra salud también”.
El caso de Cinthia Balbi también moviliza a las mujeres empoderadas de Moreno.
A Cinthia, en 2019, la imputaron por homicidio en grado de tentativa por defenderse con un cuchillo de su agresor, Miguel Ariel Silva. Ella alegó defensa propia. Sin embargo, estuvo tres meses encerrada en una comisaría de Las Catonas. La golpearon y la trataron como a una delincuente. Quisieron darle de 8 a 15 años de cárcel. En la casa de su mamá cumplió prisión domiciliaria, le permitían ver a su hija sólo dos veces por semana.
Pasó más de un año.
Cinthia recuperó su libertad pero la causa está parada y todavía no le restituyen a su hija de seis años. “Jamás robé, jamás hice algo que no tenía que hacer –plantea–. Siempre fui una persona que luchó para que mi hija esté bien”. Habla del intrincado laberinto estatal: “Desde el 2017 que sufro violencia de género. Tengo perimetrales hechas, denuncias civiles y penales contra el papá de mi hija. Él estuvo preso por homicidio. Mi hija fue vulnerada en el domicilio de mi ex marido y su esposa. Gracias a las compañeras, salieron a la luz las pruebas. Me cansé de hacer llamadas al 144. Es inútil, la Policía llegaba y me decía que no podía hacer nada si el agresor no estaba en ese momento. ¿Pero cómo iba a estar si él me pegaba, cruzaba la calle y se metía en su casa?”.
La pregunta de Cinthia queda flotando en el aire.
Unidas y organizadas
Entre algunas razones, la falta de mecanismos judiciales y estatales en materia de género llevó a diferentes organizaciones del distrito –con distintos recorridos, posturas políticas e ideológicas– a conformar la Red Feminista de Moreno.
“Logramos atravesar esas diferencias y reclamar en conjunto porque todas tenemos trabajo territorial y conocemos cuáles con las principales demandas, las cosas que no están funcionando desde el poder ejecutivo local, judicial y legislativo”, dice Anahí Sanchetta. “Exigimos que nos escuchen, que nos convoquen para discutir políticas públicas integrales con perspectivas de género, articulación real entre las áreas de niñez y género; ahí siempre hay una delgada línea para no revictimizar a las mujeres”.
¿Qué rol ha jugado la intendenta de Moreno? “Llegó al Gobierno abrazando la bandera de un feminismo popular, y sin embargo tuvimos que salir a las calles para exigirle que nos escuche y reciba. Cuando ocupás cargos políticos te olvidás de los recorridos como militante, de los reclamos genuinos. La burocracia te termina achanchando”.
A fines de octubre, algunas de las mujeres que integran la Red –tras largas horas de espera y tensión frente a la Municipalidad– consiguieron reunirse cara a cara con Fernández. A la intendenta le entregaron en mano el petitorio que redactaron las más de 12 agrupaciones que conforman este colectivo.
Un informe sobre un presupuesto real en políticas de género y sobre su ejecución; recursos de protección, botón antipánico y perimetrales inmediatas a la evaluación de riesgo; plan de acción comunitario diseñado junto con organizaciones; refugios y casas de abrigo para la protección de las mujeres y niñes, como medida transitoria; son algunos de los puntos a los que hace referencia el documento.
¿Qué les respondió la intendenta? Anahí: “Dice que no hay presupuesto. Reconoce el error político de no haber articulado con las organizaciones sociales, y nos pide ayuda para abordar en conjunto la problemática”. ¿Hubo avances? “Logramos que se cree un Comité de Crisis en materia de violencia de género, que comenzará a trabajar en 15 días. Además, se va a lanzar la creación de la Secretaría de Géneros de Moreno. Consideramos que es un avance”.
¿Serán soluciones reales, o simples formalidades de escritorio lo que ofrecen quienes manejan la política en Moreno? Algo es seguro: a estas mujeres las mueve el dolor, la bronca y la urgencia. Están cansadas de contar muertas.
