Los jóvenes presos políticos por la dictadura de Alejandro Lanusse fueron engañados y asesinados por las fuerzas armadas. El plan de escape que falló y el plan de exterminio que extendió a escala masiva durante la última dictadura.
Este lunes se cumplen 50 años de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 16 prisioneros políticos ocurrido el 22 de agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Lanusse y que se convirtió en la antesala el terrorismo de Estado que se extendió a escala masiva durante la última dictadura (1976-83). Según el historiador Norberto Galasso, la Masacre de Trelew, hace 50 años, fue una de las peores páginas de nuestra historia.
Era 15 de agosto de 1972 cuando 25 jóvenes que formaban parte del grupo de presos políticos -entre ellos integrantes del ERP, FAR y Montoneros- lograron escapar de la cárcel U6 de Rawson con el objetivo de entrar a Chile en un avión desde el aeropuerto de Trelew, próximo a Rawson, la capital de la provincia de Chubut. Sin embargo, el plan no salió bien y el avión despegó con sólo seis de ellos que salieron antes en vehículos desde la cárcel y alcanzaron a abordarlo. Entre ellos se encuentran: Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna (ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros).
Ya cercados por la Armada, los 19 militantes que llegaron más tarde al aeropuerto, aceptaron rendirse tras pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías, en una negociación presenciada por un juez, abogados y periodistas. Sin embargo, el pacto fue incumplido y los presos fueron trasladados a la base Almirante Zar de la Armada, donde días después, el 22 de agosto a la madrugada, fueron fusilados.
Luego del acuerdo incumplido, transcurría la madrugada cuando los 16 jóvenes prisioneros políticos fueron asesinados y otros tres sobrevivieron con graves heridas al fusilamiento seguido por disparos de gracia en la base naval Almirante Zar de Trelew. La dictadura de entonces presentó el hecho como resultado de un “intento de fuga”.
“Es en este punto en que se despliega el odio oligárquico, el odio que todavía a veces reaparece con guillotinas en la Plaza de Mayo. Les aplican la ley de fuga y una noche los sacan de la cárcel y prácticamente los fusilan. De los 19 detenidos, 16 caen bajo las balas represoras oligarcas”, expresa Galasso.
En esos hechos murieron Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos Del Rey, Alfredo Kohon, Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana Villarreal de Santucho.
María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Reneé Haidar lograron sobrevivir con graves heridas. Fueron ellos que dieron su testimonio sobre estos crímenes para el libro “La patria fusilada” de Francisco Urondo, durante su encarcelamiento en la cárcel porteña de Villa Devoto. Berger, Camps y Haidar, igual que Urondo, fueron asesinados más tarde durante la última dictadura.
El historiador relata en su podcast que en aquel momento “se vivía una época compleja, luego que la dictadura que había derrocado al gobierno de Arturo Umberto Illia en 1966”. “De a poco comenzó el enfrentamiento con los militares, con el gobierno de facto, y empieza a hacerse más que evidentemente con el ‘Cordobazo’ en 1969, ese gran movimiento donde prácticamente un día y medio el pueblo fue dueño de la ciudad de Córdoba. ‘Rosariazos’, ‘Cordobazos’, ‘Mendozazos’…”, detalló.
El autor agrega que “se vivía el ingreso de la política armada de sectores juveniles, que constituían un permanente peligro para los militares, aunque con un poco de anarquismo, en cuanto a la concepción de creer que el atentado individual puede dar resultados políticos”. “Los enfrentamientos continuaban y en ese marco se produjo una represión muy fuerte, que da lugar a que sean detenidos en la cárcel de Rawson una cantidad importante de muchachos que se habían lanzado a la guerrilla contra el gobierno militar. Corría el año 1972”, relató.
La justicia de aquel momento en complicidad con las fuerzas armadas ocultaron durante nueve meses, las identidades de los autores materiales de la masacre. Sin embargo, durante una larga entrevista del escritor Francisco “Paco” Urondo a Camps, Haidar y Berger –realizada el 25 de mayo de 1973 en la cárcel de Villa Devoto, unas horas antes de la amnistía a los presos políticos rubricada por el flamante presidente Héctor Cámpora–, los asesinos finalmente tuvieron nombre y apellido. Ellos eran el suboficial, Carlos Morandino, de los capitanes Emilio Del Real y Emilio Sosa, además del teniente Roberto Guillermo Bravo.
Pero cuando se supo sus identidades, Del Real y Morandino fueron escondidos en la base de Puerto Belgrano. Mientras que Sosa y Bravo, ocultos en las embajadas argentinas de Santiago de Chile y Washington como agregados navales. Recién en la otra década, en 2005, gracias a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la causa judicial por los fusilamientos de Trelew se reactivó, sin embargo, los genocidas seguían sin rastros. Sus ausencias se prolongaron hasta el 2 de febrero de 2008.
Finalmente, ese año, Sosa fue detenido en una inmobiliaria de Recoleta bajo la orden de captura firmada por el juez federal Hugo Sastre. Mientras que, el paradero del teniente Bravo continuaba siendo un secreto hasta que una investigación del diario Página/12 lo ubicó en los Estados Unidos, donde se convirtió en un empresario que brindaba servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericana.
El 15 de octubre de 2012, a 40 años de la Masacre, finalmente, Sosa, Morandino y Del Real fueron condenados a cadena perpetua por el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia. Todos murieron presos. Pero, aún la historia no termina y la justicia sigue en deuda.
El teniente Bravo aún no paga su condena. Hasta el día de hoy, familiares de las víctimas aún aguardan que el marino Roberto Bravo, quien reside en Estados Unidos, donde recibió una condena civil por su responsabilidad en los fusilamientos, sea finalmente extraditado a Argentina.
La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión, y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina para dar cuenta de los crímenes de los que se lo acusa. En paralelo, el Cels y el Center for Justice Accountability (CJA) -un organismo de derechos humanos de los Estados Unidos- iniciaron un juicio civil contra Bravo en una corte del Estado de Florida.
El 1 de julio pasado, el represor fue encontrado responsable de los crímenes cometidos en Trelew y condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros se basó en un acto defensa personal cuando estaba siendo atacado en el contexto de un intento de fuga. Para los familiares, esa sentencia estableció un importante precedente para que el exmarino sea finalmente extraditado a Argentina.
