A un año de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aumentaron un 30% los centros de salud que llevan a cabo la práctica en todo el país. No obstante, un reporte del Proyecto Mirar evidenció que hay fuertes desigualdades para su acceso según cada provincia.
En el 2021, el primer año del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, las políticas sanitarias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se encuentran entre los avances más significativos en salud sexual y reproductiva, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. 1243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su salud reproductiva.
Desde el 30 de diciembre de 2020, fecha de sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria, el ministerio de Salud de la Nación lleva adelante una construcción federal y continua con cada provincia para avanzar en su implementación, difundiendo los derechos asociados a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y desarrollando políticas para garantizar su cumplimiento.
En esta línea, fueron realizadas 32.758 interrupciones de embarazos en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021, según el informe de la cartera que dirige Carla Vizzotti que recolecta información del programa ImplementAR IVE/ILE. A su vez, se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la IVE/ILE, en los casos de violación y en la atención posaborto y se desarrolló una línea de formación en abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años.
Durante 2021 se amplió la capacidad de respuesta y en la actualidad un total de 1.243 centros de salud y hospitales públicos de todo el país garantizan el acceso a la IVE/ILE. A diciembre de 2020, garantizaban interrupciones legales un total de 903 hospitales y centros de salud. El incremento fue superior al 37% en un año.
Según plantea el Ministerio de Salud, las líneas centrales de política pública en materia de interrupción legal y voluntaria del embarazo parten del fortalecimiento de la capacidad de resolución del sistema sanitario, la remoción de las barreras, la capacitación de los equipos de salud, la publicación de protocolos y la provisión de dos insumos clave como el misoprostol y el equipamiento para la Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
Cabe señalar que la cartera incrementó cinco veces la compra del medicamento indicado para garantizar la interrupción del embarazo en forma segura. Y se incrementó un 150 por ciento su distribución. Mientras en 2020 se distribuyeron 18.590 tratamientos (12 comprimidos) de misoprostol 200 mcg, en 2021 se llevan distribuidos 46.283 a todo el país.
También se gestionó la donación de 250 equipos para la aspiración manual endouterina (AMEU) que se remitieron a las provincias en el segundo semestre 2021. Éste es el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la evacuación uterina en forma quirúrgica, en contraposición al legrado uterino evacuador, desaconsejado por tener un mayor índice de complicaciones como sangrado y perforación, entre otras.
Una de las dos vías principales de respuesta a la demanda de la población de acceso a la IVE/ILE es el asesoramiento y derivación a través de la línea de Salud Sexual 0800 222 3444 del ministerio de Salud de la Nación, que entre enero y el 30 de noviembre de 2021 recibió 19 mil consultas sobre interrupción del embarazo. Esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los diez años previos, ya que entre 2010 y 2020 la línea respondió 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal.
La desigualdad que convive con el país
A un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se publicó un reporte con los primeros datos que arrojó el monitoreo de proyecto mirar de CEDES. Este proyecto recopiló datos y testimonios sobre la aplicación de la Ley 27.610 en Argentina y evidenció que se observan fuertes desigualdades entre distintas provincias a lo largo y ancho del país en materia de acceso al aborto legal. El informe cuenta con información reunida del primer semestre de 2021, comparable con datos de 2020 y 2019.
Proyecto mirar analizó el entorno normativo, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de cada persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive (IVE), sin tener que compartir motivos, y a partir de las semana quince en los casos en los que se cumple alguna de las causales previstas (Interrupción Legal del Embarazo – ILE).
Allí, diagnosticaron que durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público.
En el mismo período, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
Según el monitoreo de Proyecto Mirar, desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas. Al mismo tiempo, siguieron su curso procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.
Un dato relevante es que la cantidad de insumos (misoprostol) para proveer un aborto seguro que fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente.
Una de las marcas más contundentes de los datos son las desigualdades entre las provincias: por ejemplo, las cifras de mortalidad materna en Formosa, Tucumán, Salta y Chaco superan ampliamente el promedio nacional. También se destacan las brechas en el acceso al aborto legal entre jurisdicciones, como sucede entre Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La tasa del aborto, que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco (0.9) y Formosa (0.6) esa tasa es sensiblemente menor.
La nacional se ubicó en 3.2. “Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”, explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES.
El informe completo se pueden consultar en proyectomirar.org.ar.
