El organismo identificó más de 300 personas y sociedades con inconsistencias fiscales que realizaron operaciones con bonos y acciones por u$s 402 millones durante los últimos dos meses de 2020.
La información fue remitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y le permitió a la AFIP detectar operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos. La DGI comenzó a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos.
Entre las irregularidades se detectó a contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre de 2020 vendieron más de u$s 1 millón a través de contado con liquidación (CCL) o dólar MEP. Ese universo está compuesto por 32 contribuyentes que se dolarizaron por un total de u$s 72,4 millones en dicho mes.
También se identificó un universo de contribuyentes que tenían la calificación de apócrifos y que realizaron operaciones de venta de valores negociables vía CCL o MEP; a monotributistas que realizaron ventas superiores a u$s 14.000 (equivalentes a unos $ 2 millones en noviembre de 2020) que, a priori, no poseen capacidad económica suficiente. Alrededor de 250 monotributistas hicieron operaciones en CCL o MEP por un total aproximado de u$s 59 millones y no presentan una Declaración Jurada de Bienes personales.
Se identificaron, además, 29 personas que emiten factura M y que operaron a través del CCL o el MEP. En todos los casos se informó que se está avanzando con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad económica y financiera, y evaluar el origen de los fondos.
La información requerida a los contribuyentes que están siendo fiscalizados contempla el detalle de operaciones de compraventa de títulos públicos y acciones, dólar MEP y CCL, durante el período involucrado con el aporte de documentación respaldatoria, como pueden ser extractos bancarios o comprobantes de compraventas, entre otros. También deberán presentar una justificación que avale la operatoria de compraventa del punto precedente y una nota con carácter de declaración jurada que indique las cuentas (bancarias y comitentes) en el país y en el exterior con las que opera; tarjetas de crédito en el país y en el exterior en las cuales sea titular y/o adicional; indicar las cuentas que posee en relación a medios electrónicos de pagos; actividad que desarrolla; información del o de los agentes de liquidación intervinientes.
Las tareas de fiscalización de las operaciones financieras (CCL y MEP) impulsadas por la DGI y la CNV se suman a las verificaciones electrónicas realizadas por la AFIP durante 2020. Entre octubre y diciembre el organismo realizó controles sobre distintas bases de datos que le permitieron iniciar más de 36.300 fiscalizaciones electrónicas (controles y verificaciones no presenciales que se tramitan íntegramente online). El mecanismo de fiscalización arrojó en sus primeros tres meses de vigencia ingresos por más de $ 1100 millones en impuestos adeudados.
Las fiscalizaciones electrónicas fueron iniciadas por subvaluaciones de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales, utilización de facturas apócrifas (cómputo indebido de crédito fiscal), tenencias declaradas como exentas en Bienes Personales (FCI y ONs), rendimientos originados en aportes a SGR que no fueron declarados en Ganancias y falta de presentación del impuesto cedular.
Fuente: El Cronista
