El presidente Alberto Fernández firmó la derogación de las medidas migratorias dispuestas por anterior gobierno, que ya habían sido objetadas por Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno nacional derogó por inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.
Este cambio sobre política migratoria, se posiciona al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto previo publicado en 2017.
Del mismo modo, la norma restituye “la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017” y dispone la creación de una “Comisión Asesora de Política Migratoria” que deberá “proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871”.
La iniciativa puesta en marcha por el gobierno de Juntos por el Cambio en su momento, había sido largamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas (ONU), que le habían pedido al Estado argentino dar marcha atrás con ella por tratarse de un retroceso en materia de política migratoria.
n solo dos años de vigencia, el gobierno macrista expulsó del país a 3 mil inmigrantes y limitó el ingreso a la Argentina de muchos más que contaban con antecedentes penales. Estas medidas habían sido tomadas en clara sintonía con la política restrictiva de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Sobre este punto señalan desde el Gobierno actual que “distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto” y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU “han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”.
En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio”.
En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía “impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”.
“El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia”, señaló AI en aquella oportunidad, e indicó que la normativa “amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes”.
La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.
El decreto derogado “modificó aspectos sustanciales” de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.
Así se restituyó la vigencia de la normativa que había sido modificada de manera unilateral y con criterios discriminatorios, y creó además una Comisión Asesora de Política Migratoria que deberá “proponer medidas no vinculantes” relativa a la Ley de Migraciones.
Entre las modificaciones se citan “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
En tanto, las autoridades nacionales añaden en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron “exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.
Luego de que el decreto derogatorio fuera publicado en el Boletín Oficial, el Centro de Estudios Legales y Técnicos (CELS) celebró la decisión del Gobierno del Frente de Todos. Fue “un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos”, destacó la organización.
El DNU de Macri ” fue parte de una política de exclusión social que vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos, y que argumentó que, por eso, había que expulsarles de manera inmediata”, explicó el organismo a través de un hilo de Twitter.
El CELS explicó que desde que el macrismo hizo esa modificación en la legislación migratoria “se vulneraron derechos y garantías: separó a madres de sus hijes, y a miles se les sometió a una inminente expulsión, atada a la suerte de los escasos recursos legales que ofrecía la norma”.
También ” significó un giro en el rol que Argentina venía teniendo a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004″ y “formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes”.
Por eso, añadió, “celebramos la decisión del Poder Ejecutivo” de derogar esa norma “cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años”.
En este sentido, la decisión del gobierno de Alberto Fernández dio “un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar”.
