El titular del organismo, Ricardo Nissen, afirmó que “el 11 de abril de este año la IGJ dictó una resolución” donde realizaron una “evaluación concreta sobre lo que había sido el fideicomiso ciego” declarado por Macri y se registraron “enormes violaciones a la ley”.
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, consideró este jueves que el ex presidente Mauricio Macri incurrió en “enormes violaciones a la ley” y tuvo un “aumento de capital” que “se mantuvo absolutamente clandestino”, al referirse al informe del organismo en el cual se base la denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) contra el ex mandatario.
“En el año 2013 hay un aumento de capital de la empresa Agro G, (en la cual Macri era accionista). La firma emite acciones, a estas las llaman preferidas. Esta emisión nueva nunca fue registrada en los libros de la sociedad y tampoco el aumento de capital fue inscripto en el Registro Público de Comercio a cargo de la IGJ. Es algo que se mantuvo absolutamente clandestino”, indicó Nissen en declaraciones a Radio 10.
El titular de la IGJ explicó que el delito que se le imputa a Macri es por la firma Agro G, “una sociedad de familia en la que no se hacia las asambleas en forma presencial, no se distribuían dividendos porque se capitalizaba todo, y ni los administradores, que eran los hijos del dueño del emprendimiento que se llama José Uriburu, cobraban honorarios como directores. Algunas veces tenían pérdidas, otras veces ganancias pero estas no se repartían”.
Nissen aseguró que también se constató que incluso cuando Agro G tuvo pérdidas “no obstante le pagaron una suma muy importante” a Macri mientras “los accionistas resignaban dividendos”.
Nissen aseguró que también se constató que incluso cuando Agro G tuvo pérdidas “no obstante le pagaron una suma muy importante” a Macri mientras “los accionistas resignaban dividendos”.
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este jueves penalmente a Macri por presunto ocultamiento malicioso de parte de su patrimonio y lo acusó de haber protagonizado movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar apariencia de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.
La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia, alerta sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según surge de la presentación.
La maniobra denunciada por la OA que encabeza Felix Crous hace referencia a movimientos accionarios que involucran a las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y hasta al Fideicomiso Ciego de Administración que Macri suscribió con la firma Seguridad Fiduciaria S.A. cuando asumió la presidencia para desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio.
Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de AGRO G cuando en realidad tenía el 20 por ciento y omitió además haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que quedó en evidencia cuando sin haber declarado previamente su titularidad las transfirió al fideicomiso ciego.
Se detalla en la denuncia de la Oficina Anticorrupción que Macri se alzó con la suma de 54.286.824 pesos “resultando el único socio de Agro G, que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”.
“Lo cierto es que al fideicomiso ciego nada más le aportó las acciones de cuatro sociedades anónimas y la participación en un fideicomiso Caminito, uno que también está lleno de irregularidades”, subrayó Nissen.
La Cámara Federal decide procesamientos por espionaje ilegal dictados en primera instancia
La Cámara Federal porteña convocó para el próximo jueves 24 de junio a una audiencia previa, para resolver si confirma o no la última tanda de procesamientos dictados por la justicia de Lomas de Zamora, en la causa por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, uno de los jueces designado para intervenir, Pablo Bertuzzi, fue recusado por el abogado de Amado Boudou, Alejandro Rúa, querellante por el espionaje ilegal del que fue víctima el exvicepresidente en la cárcel de Ezeiza, durante su detención en la causa Ciccone, informaron a Télam fuentes judiciales.
La Cámara tiene que decidir además si concede pedidos de prórroga presentados por distintos abogados o confirma la fecha de la convocatoria.
La sala II del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 quedó a cargo de revisar estos 38 procesamientos firmados el 21 de febrero pasado por el ahora ex juez del caso, el federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, tras el pase de la pesquisa al fuero porteño.
Entre los procesados por asociación ilícita y maniobras de espionaje ilegal a políticos, funcionarios, referentes sociales, gremialistas y también a detenidos en cárceles federales están los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y el ex titular del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco.
Por otra parte, está apelada la falta de mérito que dictó Augé al ex secretario privado de Macri, Darío Nieto.
Los jueces que quedaron como integrantes de la Sala para esta causa, tras distintas recusaciones y apartamientos, son Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Pero ahora Boudou como querellante reclamó apartar a Bertuzzi “en resguardo de la garantía de imparcialidad”, según el escrito.
Bertuzzi integró el Tribunal Oral Federal 4 que juzgó y condenó a Boudou en la causa Ciccone y ordenó el “encarcelamiento” del ex Vicepresidente, se recordó en la presentación.
“Desde el mismo gobierno que lo promoviera, produjeron además las maniobras de espionaje de las que se ocupa la causa” que ahora debe revisar como miembro subrogante de la Cámara, se recordó en el escrito en el que se aludió a una “negociación indebida” con la “asociación ilícita” investigada.
Ante ello hay “graves sospechas” que “dan sustento” al temor de pérdida de imparcialidad invocado, agregó Rúa.
Paralelamente a la llegada del caso a la Cámara Federal, el nuevo juez de instrucción Marcelo Martínez De Giorgi tiene que resolver un planteo de nulidad de toda la pesquisa presentado por la defensa de dos exagentes de la AFI procesados, Facundo Melo y Leandro Araque.
