Se le imputan al ministro de Seguridad de CABA en uso de licencia los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado. Además, se involucraron a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales y a Silvia Majdalani, ex 2 de la AFI de Cambiemos
El gobierno nacional denunció penalmente a Marcelo D’Alessandro por los presuntos chats. Se le imputan al ministro de Seguridad de CABA en uso de licencia los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado. Además, se involucraron a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales y a Silvia Majdalani, ex 2 de la AFI macrista.
La denuncia la hizo el ministro de Justicia nacional, Martín Soria. “Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros”, tuiteó.
El escrito presentado plantea que de confirmarse las revelaciones periodísticas “demostrarían una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, incompatibles con un Estado de Derecho”.
Allí pide investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados a uno de los “emblemas de la gestión” del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como lo es el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.
El escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.
Además, resalta la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.
Al igual que la denuncia del gobernador Ricardo Quintela (La Rioja), se reclamó por el secuestro del celular de Marcelo D’Alessandro y la realización una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa.
Para esta denuncia, el ministro de Justicia de la Nación requirió la habilitación de la feria judicial para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes.
Se pide investigar también el presunto “arreglo” de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad por parte del Ministro porteño denunciado y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
En un comunicado publicado por la Casa Rosada, el gobierno nacional afirma que la “promiscuidad entre sectores del poder político, sectores de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”.
