Por NICHOLAS STERN y JOSEPH E. STIGLITZ*
El presidente norteamericano, Joe Biden, merece felicitaciones por comprometer a Estados Unidos a sumarse nuevamente a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Pero Estados Unidos y el mundo deben responder al desafío de manera eficiente. En este sentido, la orden ejecutiva del 20 de enero de Biden que estableció un Grupo de Trabajo Interagencial sobre el Costo Social de los Gases de Efecto Invernadero es un paso especialmente importante.
La tarea del grupo consiste en diseñar una mejor estimación del costo en dólares para la sociedad (y el planeta) de cada tonelada de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. La cantidad, a la que se conoce como el costo social del carbono (CSC), les brinda a los responsables de las políticas y a las agencias gubernamentales una base para evaluar los beneficios de los proyectos y regulaciones públicos diseñados para reducir las emisiones de CO2 -o de cualquier otro proyecto o regulación que pudiera afectar indirectamente las emisiones.
Si el grupo de trabajo fija una cantidad baja, muchos proyectos y regulaciones destinados a reducir las emisiones no avanzarán, porque sus precios excederán los beneficios climáticos estimados. De manera que es vital dar con el número correcto –y cuando decimos correcto nos referimos a más alto de lo que ha sido en el pasado.
En términos generales, existen dos maneras de descifrar este costo. Un método, empleado por la administración del presidente Barack Obama, consiste en intentar estimar directamente el daño futuro como resultado de emitir una unidad extra de carbono.
Desafortunadamente, implementar bien esta técnica es extraordinariamente difícil. La manera en que lo hizo la administración Obama estaba plagada de errores, lo que condujo a un CSC estimado que era demasiado bajo, en 50 dólares por tonelada para 2030 (en dólares de 2007). Por lo tanto, inclusive antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente, el mundo –y Estados Unidos en particular- estaba en vías de hacer demasiado poco sobre el cambio climático.
El problema era el uso de modelos de evaluación integrada de la administración Obama que, como su nombre lo indica, integran la economía y las ciencias ambientales para calcular el curso de la economía y el clima en el próximo siglo o más. Integrar la economía y el medio ambiente tiene un sentido obvio, pero el diablo está en los detalles. Estos modelos han demostrado ser poco confiables, al generar rangos ampliamente variados de estimaciones que son sumamente sensibles a determinadas presunciones.
Por ejemplo, un resultado prominente de una versión popular de estos modelos es que deberíamos aceptar un calentamiento global de 3,5 grados Celsius en relación a los niveles preindustriales. Esto es muy superior al límite de 1,5-2°C que adoptó la comunidad internacional en el acuerdo de París de 2015. De hecho, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha destacado que los riesgos asociados con un calentamiento global de 2°C eran mucho mayores que con 1,5°C, de modo que los riesgos con 3,5°C obviamente son muy superiores.
El incremento de temperatura de 3,5°C resulta de las presunciones hechas en el modelo, incluida la peligrosa incapacidad de tomar en serio los riesgos extremos que un cambio climático descontrolado plantea a nuestro medio ambiente, a nuestras vidas y a nuestra economía. Asimismo, los modelos de evaluación integrada no reconocen de manera adecuada el potencial papel de la innovación y los rendimientos crecientes a escala en materia de acción climática.
Otro problema con la metodología de Obama es que perjudicó a las generaciones futuras. Gran parte del beneficio de reducir las emisiones ahora reside en evitar el riesgo de un cambio climático peligroso dentro de algunas décadas. Eso significa que tenemos que preguntarnos cuánto nos importan nuestros hijos y nietos. Si la respuesta es “no mucho”, entonces no necesitamos hacer demasiado. Pero si ellos sí nos importan, eso tiene que reflejarse de manera apropiada en nuestros cálculos.
Formalmente, la metodología de la era Obama abordaba esta cuestión haciendo presunciones sobre descuentos, demostrando cuánto menos valdría un dólar el año próximo (y al año siguiente) comparado con hoy. La administración Obama utilizó una tasa anual de descuento del 3%, lo que implica que, para ahorrar un dólar en 50 años, estaríamos dispuestos a gastar sólo 22 centavos hoy; para ahorrar 1 dólar en 100 años, estaríamos dispuestos a gastar menos de cinco centavos.
No existe ninguna justificación ética para darle tan poco peso al bienestar de las generaciones futuras. Pero ni siquiera existe un razonamiento económico cuando tomamos en cuenta el riesgo.
Después de todo, pagamos primas de seguro hoy para evitar pérdidas mañana –en otras palabras, para mitigar el riesgo-. Por lo general pagamos, por ejemplo, 1,20 dólares para recuperar 1 dólar el año próximo en promedio, porque la compañía de seguros ofrece el dinero cuando lo necesitamos –como después de un accidente automovilístico o del incendio de una vivienda-. Dado que el gasto reduce los riesgos futuros, la tasa de descuento apropiada es baja o puede ser negativa, como en este ejemplo, cuando los efectos potenciales podrían implicar una inmensa destrucción.
Gastar dinero hoy en una acción climática es como comprar una póliza de seguro, porque reduce el riesgo de futuros desastres climáticos. De manera que el riesgo se traduce en una tasa de descuento inferior y un precio del carbono superior.
Ahora que la administración Biden se ha comprometido con el objetivo internacional de limitar el calentamiento global a 1,5-2°C, debería adoptar una segunda manera más confiable de calcular el CSC. Es simplemente el precio en el que podremos reducir lo suficiente las emisiones como para impedir que el mundo se recaliente peligrosamente.
Este es el precio que alentará las inversiones e innovaciones de bajo consumo de carbono que necesitamos, y que ayudará a que nuestras ciudades estén menos congestionadas y contaminadas. Serán necesarias muchas otras políticas complementarias, incluidas inversiones y regulaciones del gobierno. Como destacó la comisión internacional sobre los precios del carbono en su informe de 2017, cuanto más exitosas sean estas políticas a la hora de reducir las emisiones de CO2, más bajo podría ser el precio del carbono en el futuro. Pero el probable CSC estaría más cerca de 100 dólares por tonelada para 2030 que los 50 dólares estimados por la administración Obama (con una tasa de descuento del 3%). Un CSC en el extremo superior del rango de 50-100 dólares que sugerimos en 2017 es absolutamente adecuado, dado que los objetivos del acuerdo de París se han vuelto, y con razón, más ambiciosos –un límite de 1,5°C para el calentamiento y cero emisiones netas en 2050.
Éstas pueden parecer cuestiones técnicas que sería mejor dejar en manos de los expertos. Pero son demasiados los expertos que no han sabido explicar lo suficiente la magnitud de los riesgos climáticos, el bienestar de las futuras generaciones y las oportunidades para una acción climática dados los incentivos correctos.
La administración Biden debe pagar un precio lo suficiente alto sobre la contaminación con carbono para fomentar la escala y la urgencia de la acción necesaria para cumplir con los compromisos que asumió con los norteamericanos y el resto del mundo. El futuro de nuestro planeta depende de eso.
