Por: Roberto Candelaresi
Introducción: El desmantelamiento del Estado
Con escaso tiempo para un necesario debate democrático profundo por la temática que trata, mediante un “mega” DNU [70/23] de dudosa constitucionalidad, y un proyecto de «Ley ómnibus» enviado al congreso, el Poder Ejecutivo argentino, en cabeza del liberto-anarco Javier Milei, plantea recortes presupuestarios y desmantelamiento de instituciones del Estado.
Más allá del resultado legislativo final y la revisión judicial, el espíritu del gobierno quedó plasmado elocuentemente. Esencialmente el objetivo es quitar del medio al Estado, árbitro por antonomasia dentro de las relaciones sociales y de poder, para evitar ulteriormente la defensa (por parte de ese gran actor) de derechos de las mayorías (conquistas históricas – y así ampliar el poder de las corporaciones.
La máxima no declarada del neoliberalismo, desconcientizar a los individuos de su condición de ciudadanos, y como tal, partícipes de las decisiones colectivas, para transformarlos en meros consumidores y recursos de producción, se acerca aún más a su concreción. Por ello es necesario desarticular el Estado social de derecho, aunque este esté plasmado en el texto constitucional.
El cometido del gobierno ultraliberal en lo económico, sería la culminación de un desguace del Estado que comenzó tímidamente en la dictadura militar, tuvo un auge durante el menemato, y una etapa combinada durante el gobierno de Cambiemos. En esta ocasión, la perspectiva anárquica del presidente, se plasma en actitudes y actividades atentatorias contra la soberanía nacional y el cuidado del ambiente. La pretensión en este retorno de la derecha al poder institucional, bajo la excusa de su mal funcionamiento actual, es destruir en vez de reparar. Para Milei, el origen de todos los males es el Estado.
Como sentenció en Davos, la justicia social «es injusta», porque es «violenta», ya que «el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva». [Como hacen todos los países del mundo conforme al contrato social civilizatorio, y sin perjuicio del régimen político que sostengan, agregaríamos nosotros].
En su percepción –que convirtió en prédica anti-Estado–, los burócratas que administran derechos de minorías o promueven las agendas reivindicativas de esos colectivos, por ejemplo, serían superfluos, pues no aportan nada a la sociedad y sí, entorpecen al proceso económico. Por ello deben erradicarse esas estructuras estatales [Mrio. de la Mujer, por ejemplo]
En el marco de un mundo globalizado, dominado en occidente por un sistema financiero abusivo, en el que los Estados nacionales ven limitada su capacidad para gobernar la vertiginosa dinámica de las relaciones financieras y comerciales internacionales, el presidente argentino defiende los procesos de concentración económica; monopolios, oligopolios, cárteles, porque aumentan la ‘productividad’, lo que redunda en un nuevo debilitamiento del poder del Estado frente a los actores económicos magnos, cuyos intereses son incluso contradictorios con el interés de bienestar de cualquier comunidad. «Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes» (sic).
Desde la Historia
Una de las consignas centrales de la dictadura genocida fue: “Achicar el Estado para agrandar la Nación”, o su premisa: el Estado es demasiado grande, una sentencia que sin referencias o consideraciones acerca de sus propósitos, resulta en una falacia, pero constituye un planteo político de ciertos actores en el juego del poder.
Mucha de la incidencia que supo tener el Estado en la economía, fue menguando por los ciclos de desprendimiento patrimonial, hasta ser hoy solo relevante en algunos sectores puntuales y estratégicos.
El Estado, como organización política estable de la sociedad, es una herramienta clave para impulsar políticas de dependencia o de liberación. En nuestra oscilante historia, hemos tenido experiencias por décadas en uno u otro sentido. El mayor grado de autonomía siempre se logró con gobiernos populares, y contrariamente, hubo alineamientos (subordinación) automáticos con gestiones liberales en lo económico y conservadoras en lo social.
La verdadera disputa – que no siempre está superficializada – no es, el tamaño en sí de la burocracia estatal, sino en que manos estará el rol de distribuidor, planificador o estímulo de ciertas producciones. Es decir, como instrumento, el Estado fue capaz de proteger, estimular y equilibrar las relaciones socioeconómicas, pero también para endeudar lo público, nacionalizar la deuda privada, entregar explotaciones y recursos estratégicos a multinacionales, etc. O sea, comprometer negativamente mediante “negociados” a toda la sociedad.
La modernización, es otro argumento que se utiliza para reformar al Estado sin declararlo. Tanto como la reingeniería de eficiencia que debe rendir el aparato estatal. Se presenta el cambio a introducir, con esas tesis que nadie parece estar dispuesto (o en capacidad) de rebatir. La opinión pública compra.
Téngase presente que el Estado es el único estamento de poder en que se expresa la sociedad, los otros son los poderes ocultos; las corporaciones reaccionarias, los intereses económicos trasnacionales, los poderes de la tierra rentística, las mega empresas nacionales, etc. En un mundo globalizado, y bajo la guía de capitales híper concentrados, la inserción en la esfera de la producción depende mucho de las reglas de intercambio que imponen los poderosos, con los que hay que negociar, y no meramente someterse a tal división del trabajo, para acomodarse sin defender intereses locales y ‘no levantar olas’.
El discurso de que el Estado no sirve, no funciona, hay que privatizar, los servicios no andan, la burocracia y todas esas cuestiones, han ganado adeptos y cierto consenso social. Pero nadie expone o discute a la luz, que la esfera estatal es el único ámbito para planificar políticas sociales, fijar las reglas, las condiciones, la fiscalización, el control, la programación, la adjudicación del crédito. Ese debería ser el debate de fondo. Para que sirve o puede servir la herramienta «Estado».
Volvió el esquema de endeudamiento y profundización de la dependencia seguido durante el Proceso, pero que se originó en la ruptura del Pacto Social en 1974. Y ello respondiendo a una teoría de dominación basada en el endeudamiento, inestabilidad política, fragmentación del campo popular y represión. Una democracia formal como la actual, pero con rasgos muy autoritarios. La inflación se volvió a convertir en variable económica fundamental, como antesala del nuevo proyecto monetarista [Dolarización, o no].
Libertades individuales, pero no colectivas, seguridad personal pero no seguridad social, con un programa económico asentado sobre las mismas bases, privatizaciones, endeudamiento y renegociación del endeudamiento y la misma política de precios y salarios y de reducción del gasto.
En definitiva, lo sustantivo es el modelo económico, que vuelve a aplicarse. Las corporaciones favorecidas por el endeudamiento y fuga, llenas de privilegios, hoy suministran agentes y discuten el programa económico en Hacienda con Caputo.
La duda mayúscula surge con los grandes empresarios (conspicuos aportantes de campaña) de los llamados de la “patria contratista”, con la prometida caída de la inversión en obras públicas. Seguramente activarán sus aceitados y bien relacionados lobistas para influir en las decisiones del Gasto en el futuro. En tanto otros proveedores pymes, corren el riesgo de desaparecer, ya que los servicios y provisiones facturados al Estado, a veces es lo que los mantiene en el mercado.
El problema del Gasto
Aunque es una constante de le derecha atacar al empleo público, por sobredimensionado, por caro o por innecesario, la plantilla de los salarios estatales no es el principal gasto público, ni es alto proporcionalmente a los salarios medios de la actividad privada.
Lo que nunca esa misma derecha admite, que una gran incidencia en el presupuesto de la nación, son los intereses por las deudas que cíclicamente toman los mismos gobiernos de ese signo. Por otra parte, debilitando al Estado, es decir, limitando su ya escaso poder de control y fiscalización y, aplicando medidas recesivas, como la libertad de precios y el aletargamiento de los salarios, lo que logran los gestores “liberales” es una caída en el nivel general de recaudación. Naturalmente, al caer los ingresos, las partidas de gasto fijas, parecen estar creciendo, tienen mayor incidencia en el egreso total del Estado.
Dicho esto, no podemos soslayar la necesidad de una verdadera reforma impositiva, anunciada tantas veces como postergada. Se trata de modificar el sistema tributario regresivo por otro progresivo, donde ante las fabulosas ganancias de algunos podrían bien equilibrar el saldo financiero del país, sin que tenga que empobrecer a muchos (subiendo tarifas, por ejemplo).
¿Ineficiencia?
Hay ineficiencia toda vez que el Estado solo defiende a intereses minoritarios [léase grandes corporaciones económicas], que, además, gracias a la protección que reciben de sus políticas, logran réditos muy jugosos y, al mismo tiempo, disminuyen o limitan las prestaciones de asistencia social o de protección, que interesa a grandes mayorías.
El ‘mal funcionamiento’ de la burocracia estatal, muchas veces recae en un grupo de tecnócratas que, para diagnosticar, no considera las decisiones políticas que dimanan de los responsables de las respectivas carteras, el manejo presupuestario, el cambio de planes, la mala asignación de recursos humanos para ciertas funciones, etc. A veces, eso es motivado por un connubio entre funcionarios y empresarios de ciertos sectores que se benefician con la salida del Estado o el incumplimiento de servicios (o bienes públicos), que estos últimos se encargan de proveer a su provecho.
Amen de la evasión impositiva que es muy significativa, tanto que se estima que se podría recaudar el 50% más, de cumplir con una fiscalización eficaz (idónea y bien dotada), el problema de la falta de control en áreas sensibles como los puertos, privan al país de ingentes recursos, que se apropian muchos corruptos de la actividad privada. En un país, con una cultura de un tercio (1/3) de la economía “en negro”, es absurdo que el comercio exterior, la extracción minera, la pesca, la silvicultura, y muchas otras actividades económicas, informen de “buena fe” las cuantías de su producto, incluyendo los que egresan del país. El contrabando en Argentina está facilitado, especialmente en gestiones liberales, ya que solo exigen al capital privado “declaraciones juradas”, para la estadística y eventual cobro de gabelas.
La modernización de los instrumentos informáticos es una meta constante, pero una manera de caer en la ineficiencia pagando un doble costo, es aceptar las sugerencias de organismos crediticios multinacionales, o, de consultores locales, que suelen proponer la adquisición de la “última tecnología” para dar solución a tal o cual proceso. Sin embargo, la prudencia aconseja estudiar lo más adecuado, no lo más actualizado necesariamente.
Reflotemos un apotegma que reza que la única forma de hacer eficiente al Estado es saber adónde se dirige, quién es destinatario de lo que se hace. Grupos económicos o el conjunto del pueblo. El proyecto político que controla el Estado define el destino. Tengamos presente que los ultraliberales y anarcos-libertarios no creen en nacionalismos, por tanto, su concepción del interés nacional y del interés social es por lo menos difusa. Este es un problema estratégico, de seguridad nacional, es también un problema de soberanía.
Cerrando el acápite y aclarando lo conceptual, digamos que la eficiencia está más asociada a lo tecnocrático, a la rentabilidad económica; eficiente es lo que deja una ganancia. En tanto que la eficacia está más relacionada, para nosotros, con el interés social. En ese orden, el Estado, en su concepción social cumple el rol de garantizar determinados bienes y servicios que el sector privado no le interesa ocupar, por falta de lucro.
De élites y “buena gente”
Dada la característica conformación de nuestra avara clase dominante, tributaria de los antiguos contrabandistas apátridas y latifundistas de ocasión, la racionalidad en el manejo del Estado suele estar ausente, pues su prisma enfoca a la órbita de los negocios, y su mira es siempre de corto alcance, hasta que un gobierno popular y fuerte (que no siempre se da, léase gestión Alberto F.) despliega nutrida intervención, con arreglo a una planificación.
A diferencia de otros países de la región, el bloque social hegemónico argentino, expresado por la derecha conservadora y los pseudo libertarios, desestiman la continuidad del Estado como principio jurídico-político internacional, y, por otra parte, se desinteresan por la independencia del país, toda vez que sus intereses sean concomitantes con quienes pretendan colonizarlo.
De hecho, sus mandatarios practican los cambios bruscos en las administraciones estatales, de reprogramar las operaciones, a veces con un sentido antagónico que el anterior, por ejemplo, la derecha suele cortar los vínculos de diversas áreas estatales con colectivos sociales, por el prejuicio de que esa ligazón. es corporativismo o mero clientelismo electoral, sin auditar el status de las causas que le dieron lugar.
El Estado Benefactor que nunca fue y el Desarrollo
La época en que el presidente R. Nixon dijo: “somos todos keynesianos”, ha quedado sin duda atrás. El neoliberalismo avanzó demasiado en la cultura sociopolítica como para anular –o desvalorizar– esas expresiones. El pensamiento hegemónico global, hoy reniega de la expansión del gasto público y cierto rol intervencionista del Estado para ayudar el crecimiento. Pero aclaremos; ello solo en el plano ideológico, pues en la realidad, hasta las principales economías del mundo, actúan directamente estimulando el desarrollo.
Como sea, resulta evidente que, frente a una redefinición del capitalismo, el Estado también debe ser repensado desde una perspectiva filosófica y política, para reacomodarse frente a la realidad, plagada de virtualidad y predominancia de la tecnológica, donde la calificada como “de punta”, es el arma de dominación de los poderosos.
Conclusión
El Estado social, árbitro no colonizado por élites, en nombre de la democracia, debe ser apto para ejecutar eficazmente propuestas audaces – y ello, de cualquier ideología –, pero debería tener sus propios filtros y frenos normativos para no actuar en contra de los intereses generales. El Estado bobo es deseable solo para los autócratas. No importa parecer ‘moderno’, las propuestas viables para un Estado apto para el desarrollo, solo son las genuinas, aunque sean revolucionarias. No olvidemos que el modelo de desarrollo económico es una parte de la estrategia de poder.
Tomar conciencia de que solo un Estado presente y fuerte, es capaz de equilibrar el poder ante las nuevas formas de la construcción social, tal como se verifican hoy en el país (y en el mundo, en rigor), y que el individualismo consumista es un enorme obstáculo para el bienestar de la comunidad, es un deber que tienen las fuerzas políticas hoy opositoras, para facilitar al resto de la sociedad.
Las fuerzas democráticas populares, deben poner esta temática en la Agenda Política, pues lo que ocurre en la actualidad es el progresivo deterioro del Estado, a través de quita sucesivas de sus tradicionales facultades, mermando su intervención en distintos campos, y atando sus manos para no estimular actividades [económicas, culturales, educativas, etc.] y, todo ello, sin discutir su perfil o su estructura deseable ante la sociedad, solo su cercenamiento silencioso.
