Por Sergio De Piero
En principio sin disidencias el macrismo ha dicho que rechaza el proyecto de reformas sobre el Poder Judicial, que propuso esta semana el Presidente de la Nación. Algunos miembros de la coalición con algo más de práctica política afirmaron luego que leerían el proyecto, pero la promesa fue la de ejercer una oposición intransigente.
¿Es curioso que se defina, incluso con algunos argumentos, una posición antes de conocer la propuesta? Si y no. Lo es porque uno creería que para definirse sobre algo, muy particularmente sobre reformas legales, es imprescindible conocer su contenido. Pero no lo es si nos referimos al macrismo como partido conservador, no en cuanto a la metodología de rechazar de plano, sino al tema en cuestión, el Poder Judicial.
Los partidos políticos podrán haber vuelto difusas sus fronteras, algo ambiguas sus identidades y ya renunciado a las plataformas, pero la pertenencia persiste. No son meros envases, aun cuando dentro de ellos convivas corrientes distantes. Los partidos y sus líderes están anclados en algunas pertenecías y sus seguidores, o al menos parte de ellos los más activos, valoran ese reconocimiento que se expresa muy particularmente en los discursos públicos.
Entonces los votantes de Juntos por el Cambio esperaban que sus representantes rechazaran de plano la propuesta. Desde luego no solo el votante aislado, ya que los medios concentrados y diversos factores de poder, ya habían adelantado que rechazaban cualquier tipo de reforma sobre el ámbito judicial.
El argumento esgrimido no es muy complejo y por lo tanto de fácil comunicación: todo remite a la voluntad de Cristina Fernández y su búsqueda de impunidad Pero no deja de ser exitosa: los votantes de JxC están casi todos convencidos que este argumento es cierto; aun cuando ocuparon durante cuatro años la Casa de Gobierno y con varios jueces dispuestos a “colaborar” no consiguieron ni una sola condena en contra de la ex presidenta.
Hecho que abre una pregunta también simple: ¿será que no tienen nada? ¿Será que el movimiento judicial ya es parte constitutivo de las acciones estrictamente políticas? Bueno eso tiene nombre en la región y se denomina lawfare. Todos los líderes del “giro a la izquierda” han sido perseguidos por los sistemas judiciales.
Por eso plantear reformas en el sistema judicial, es retomar la senda de la política clásica: proponer medidas, someterlas a discusión y luego a votación del Congreso. Diría es optar por la política “normal”. Por ello también es casi insólito que la oposición le cuestione al Presidente a quienes convoca a un consejo asesor sobre modificaciones en la composición de la Corte Suprema de Justicia y en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
¿Por qué el presidente tendría que crear un consejo asesor a gusto de la oposición? Y sin embargo leyendo los apellidos convocados, uno descubre que su conformación no es pluralista, incluyendo figuras cercanas al macrismo.. Todos y todas con una trayectoria relevante en el ámbito del derecho y con posiciones políticas diversas; no habría otra condición relevante para pensar un consejo. Pero el macrismo hace rato que canceló el debate; ganado por la pereza argumentativa, todo es atravesado por una sola dimensión: Cristina. Acompañado por numerosos columnistas, todos los días intentan imponer la idea respecto a que este gobierno, el presidido por Alberto Fernández, en realidad no existe: es solo una proyección de los deseos de la ex presidenta, reducidos a sortear causas judiciales.
Solo es eso, parece que no tiene otro objetivo para un gobierno que ganó las elecciones por el 48% y que por lo tanto deberá responder a ese electorado, el que uno tiende a creer que no se conforme si no recibe respuestas a sus demandas. Esta construcción discursiva es algo que no había sucedido desde el retorno democrático: negarle a un gobierno su misma existencia y en el fondo cuestionar su legitimidad.
Afirmar que las reformas en el Poder Judicial solo persiguen los intereses de una persona, es el modo más simple de evitar una discusión que la democracia no termina de asumir, y es el de lograr un aparato judicial eficaz, transparente y abierto a las demandas sociales; no deja de llamar la atención que sea el poder público que menos reformas ha tenido en las últimas décadas. Al mismo tiempo, esta semana el Senado convirtió en ley el proyecto que regula el teletrabajo. El bloque de JxC votó en contra argumentando que estas regulaciones “desincentivan el empleo” que “se perderán oportunidades” y frases de ese tipo que solemos escuchar.
El mismo día el senador Esteban Bullrich afirmó en un programa de TV que su bloque ya tenía firmado un proyecto de ley para reducir salarios en todo el sector público, como medida frente a la crisis económica. En una sola semana se condensó los principios centrales de este conservadurismo liberal que expresa la coalición: defensa incondicional del Poder Judicial, oposición a toda ley que proteja a los trabajadores, ataque al Estado.
Casi una plataforma política que reconoce una larga tradición en Argentina y que el macrismo vino a ordenar y contener en los últimos años. Porque al interior del espacio conviven varias tradiciones. Puede verse el conservadurismo elitista, ya sin rastro de pretensiones populares, conviviendo con el liberalismo económico especulativo y globalizado.
El macrismo eligió dejar en el camino otros componentes que hacen a la tradición conservadora (como lo fueron las experiencias populares de la primera parte del siglo XX o las defensoras del Estado nacional en el siglo XIX) para optar únicamente por ser un partido defensor del staus quo, representado en el mercado y esta porción del Estado, el Poder Judicial. El cambio que sigue proponiendo el macrismo es, justamente, recuperar la sociedad conservadora y jerárquica que el peronismo altera sin cesar desde su aparición.