El 57,1% son mujeres, la mitad son jóvenes de hasta 29 años de edad y el 61% no completó los estudios obligatorios. Los datos oficiales surgen del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que tiene más de 2 millones de inscriptos.
El 57,1% son mujeres, la mitad son jóvenes de hasta 29 años de edad y el 61% no completó los estudios obligatorios. Son los datos más destacados del primer informe oficial sobre el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), presentado este lunes, que entre julio de 2020 y febrero de este año recibió un total de 2.093.850 inscripciones.
Esa mayoría femenina se incrementa en aquellas ramas de actividad y ocupaciones vinculadas a los cuidados, y disminuye en las ramas de ocupaciones que históricamente están asociadas al trabajo masculino.
Son las más excluidas del empleo formal, donde las mujeres representan el 33% del total, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
“Es decir que al interior de la economía popular registrada se reproduce la misma división sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, ratificando la desigualdad de géneros que existe en la sociedad en su conjunto”, expresa el informe.
La gran mayoría de los inscriptos son jóvenes y personas de mediana edad. El 50,6% del total tiene hasta 29 años (el 34,8% están entre los 25 y 35; el 29,5% tienen entre 18 y 24).
Por lo tanto, más de la mitad de los inscriptos corresponde al sector más golpeado por la falta de oportunidades, con serias dificultades para ingresar al mercado formal del trabajo, con ocupaciones en condiciones de gran precariedad e informalidad.
Además, el análisis oficial de los datos destaca que “en términos educativos se observa que la mayoría no ha podido culminar los estudios obligatorios, es decir no tiene completado el nivel secundario, establecido por ley como obligatorio para toda la población”.
Por definición, el sector está compuesto por la población trabajadora que desarrolla su actividad económica de manera independiente y que, por no estar inscripta en relaciones asalariadas tradicionales, por el tipo de trabajo o la forma de organización que adopta, no es reconocida como tal. En el gobierno nacional y las organizaciones sociales consideran que “conocer y visibilizar a este sector es el primer paso para su formalización”.
El registro es producto de años de lucha, organización y reivindicación de los movimientos populares que, a fines del 2016, con Mauricio Macri en la presidencia, logró la sanción de la Ley de Emergencia Social 27.345, considerada un punto de inflexión.
Pone en escena a la masa de desplazados del mercado de trabajo asalariado, que encontró en la economía popular un rebusque de supervivencia, en el amplio mundo de trabajadores sin patrones.
En la última semana, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) dio otro paso importante hacia la representación formal del sector al presentar de manera oficial las autoridades del sindicato de la economía popular.
El informe fue presentado por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por medio de una videoconferencia.
Arroyo explicó que “nuestro verdadero objetivo es recuperar una idea central: gobernar es generar trabajo. Para eso necesitamos cruzar a la economía popular con acceso a derechos y movilidad económica, siempre pensando que la mejor forma de reconstruir la Argentina es por el lado del trabajo y la producción”.
Por su parte, Pérsico destacó que el “principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el ReNaTEP es un inicio para eso; es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. Más de 4.5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociéndolos”.
“El ReNaTEP es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales”, destacó Pérsico, referente nacional del Movimiento Evita.
También expusieron el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, y la directora del Registro Nacional de Efectores, Sonia Lombardo.
Según aseguran las autoridades del ministerio, la inscripción abre la posibilidad para quienes se inscriben de ser incorporados al monotributo social, y de esa forma tener una factura para producir y vender y, al mismo tiempo, acceder a instrumentos de y cobertura de la seguridad social.
En relación a la organización del trabajo, la información refleja una paridad entre personas que trabajan de forma individual y las que lo hacen de manera colectiva, entre las que se destacan, al menos en el registro, un predominio de las organizaciones sociales y comunitarias sobre el resto de las formas organizativas.
En cuanto a la distribución territorial de las inscripciones, el informe destaca que se concentran en la provincia de Buenos Aires -35,7% del total-, las provincias de Chaco -con un 5,6%-, Tucumán -con un 5,5 %- y Salta -con un 5,2% de las inscripciones-.
Cuando se analiza la estadística por rama de la actividad de los inscriptos, se observa amplio predominio de la de Servicios Socio Comunitarios y la de Servicios Personales y Otros Oficios, que concentran entre ambas el 60% de las inscripciones.
El informe analiza que el número está relacionado con la emergencia social y alimentaria luego de un “proceso de recesión económica sostenida desde mediados del año 2018 y profundizada -en términos económicos, sociales y sanitarios- por los efectos de la pandemia de Covid-19”.
