La Cámara Alta firmó el dictamen favorable para el proyecto, con el apoyo de todos los bloques que la componen.
Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticara públicamente a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) que acompañaron la media sanción de la ley de regularización dominial para la integración socio urbana de barrios populares, la Cámara de Senadores dio un paso clave hacia la aprobación definitiva de la iniciativa al firmar dictamen favorable con el apoyo de todos los bloques que la componen.
Dicha aprobación se dio en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que recibió a la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño; a la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la misma cartera, Fernanda García Monticelli y al padre y referente pastoral de las villas, Gustavo Carrara.
“Hay una situación de pobreza en Argentina, con 5 millones de pobres, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes y esta ley permite que nosotros demandemos al Estado una presencia inteligente, que dialogue con la comunidad y, establecer así, una política pública consensuada desde los diferentes espacios”, sostuvo el religioso. A su turno, Monticelli celebró el respaldo de todas la fuerzas políticas hacia el proyecto que entre otros aspectos prorroga la suspensión por 10 años los desalojos en los barrios de emergencia.
Al mismo tiempo, la funcionaria valoró la rapidez con que se pudo avanzar en el Senado “ya que el próximo 28 de octubre vencen los 4 años (de plazo para la suspensión de desalojos) de esta ley”. Y agregó sobre la normativa: “Nos permitirá seguir trabajando, llegar a más barrios, continuar con la integración sociourbana y poder llevar más servicios. Permitirá protegerlos del desalojo y anotarlos en programas, como por ejemplo, el Mi Pieza, que es una asistencia económica a mujeres para la mejora y/o ampliaciones de viviendas”.
En la Cámara de Diputados, la iniciativa quedó aprobada con 227 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Fue en ese momento que la exministra de Seguridad, Bullrich, apuntó contra sus propios diputados en redes sociales: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”.
Más allá de la crítica, es importante recordar que la ley de integración socio urbana de barrios populares -que con esta reforma amplía su alcance y prorroga la suspensión de desalojos-, fue sancionada originalmente durante el Gobierno de Cambiemos en 2018, con el apoyo del Poder Ejecutivo liderado por el expresidente Mauricio Macri. Al momento de la aprobación en aquel momento, se llevaban registrados 4.416 barrios y con la nueva modificación se llegaría a 5.687.
De Juntos por el Cambio, el único que votó en contra fue el neuquino Francisco Sánchez, autor de los dichos por los cuales pedía pena de muerte para autores de delitos de corrupción; mientras que Gustavo Hein (Entre Ríos) y Marilú Quiroz (Chaco) decidieron abstenerse. Camila Crescimbeni, Fernando Iglesias, Florencia Klipauka, Gerardo MIllman, Gustavo Santos, Alfredo Schiavoni, María Sotolano y Héctor Stefani se ausentaron durante la sesión.
Mientras que, por otro lado, diputados y diputadas que responden directamente a la titular del partido como Gerardo Milman, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado, votaron a favor.
El objetivo de la ley es urbanizar esos barrios, a través de “la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.
También se declara la emergencia socioambiental de los barrios populares con el objeto de agilizar los procesos administrativos para llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los distintos programas de urbanización.
