La ley fue aprobada por 177 votos a favor y 172 en contra. Beneficiará a independentistas encausados por el proceso de autodeterminación de Cataluña.
El Congreso español hizo efectivo el compromiso de Pedro Sánchez, que le permitió renovar su mandato: aprobó la ley de amnistía para los independentistas de Cataluña. La ley fue aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra. El visto bueno lo pusieron los partidos que integran el Gobierno de coalición de izquierda, como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, además de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Junts; mientras que se opusieron la derecha tradicional congregada en el Partido Popular (PP) junto con sus aliados de la ultraderecha Vox. La norma entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial.
Con este paso, España comenzó a trazar un camino para dejar atrás las consecuencias de la declaración unilateral de independencia de 2017, sostuvieron desde el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, una vez que pasen dos meses de entrada en vigencia de la normativa, las decisiones quedarán en manos de los jueces que deberán aplicarla. El proceso no es automático ni generalizado.
“En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, publicó Sánchez en X. Mientras, la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, desde Suiza, adonde huyó de la Justicia española, coincidió en que “el gran reto” es su aplicación, “que depende de cada juez”.
En espera de lo que suceda, el secretario general de Junts, Jordi Turull, consideró “una gran victoria para el independentismo” esta acción. Ambas agrupaciones consideraron que el siguiente pasado será una referéndum de autodeterminación en Cataluña. Ambos partidos jugaron un rol clave en la investidura de Sánchez como presidente, luego de las elecciones adelantadas.
Junts es el partido del expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española desde la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017, quien podría volver a España con la amnistía.
La ley elimina toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentistas catalán desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023, lo que incluye las consultas sobre la independencia celebradas en 2014 y 2017 en Cataluña.
La amnistía no incluye delitos calificados como terrorismo de acuerdo con la legislación europea, entre otros. Puigdemont y otros políticos catalanes son investigados por este delito por un juez en España, en relación a una serie de disturbios ocurridos tras aquella declaración.
En tanto, respecto a la ley, es probable que su aplicación se demore: la oposición ya anunció que acudirá al Tribunal Constitucional. En esa línea, el conservador (PP) Alberto Núñez Feijóo, consdieró que “no es un buen día para la democracia” española y fue él quien adelantó que “será cuestión de los tribunales la derrota de la ley”, en alusión a la posibilidad de que quede en suspenso si los jueces presentan una cuestión de constitucionalidad en España o ante la Justicia europea sobre su compatibilidad con la legislación comunitaria.
Para ello, el fiscal general del Estado en España, Álvaro García Ortiz, tiene previsto reunirse esta jornada con los fiscales competentes en procesos que pueden verse afectados, para fijar posiciones y evitar criterios dispares en la aplicación.
