El juez federal Alejo Ramos Padilla avanzó en la causa de espionaje ilegal en la que están acusados Stornelli, Santoro y D’Alessio.
El juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dio por cerrada la investigación en la causa de espionaje ilegal contra el fiscal federal porteño, Carlos Stornelli, el falso abogado, Marcelo D’Alessio, y el periodista, Daniel Santoro. Del mismo modo, decidió ampliar el procesamiento y el juicio oral está cada vez más cerca. Mirá las pruebas que figuran en el expediente que incriminan a los acusados.
Entonces, el magistrado dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral.
En el capítulo que refiere a Daniel Santoro, la resolución judicial confirmó que ahora “se ha comprobado” su “participación dolosa” en “numerosos planes y operaciones de inteligencia ilegal”.
Asimismo, detalla: “En algunos casos incluyeron coacciones, extorsiones, exhibición de armas de fuego, ‘puestas en pánico’, ‘guionamientos’ o direccionamientos de personas ‘arrepentidas’, testigos o denunciantes, espionaje mediante uso de drones, obtención de datos de acceso restringido mediante la colaboración ilegal de funcionarios públicos y magistrados y, en definitiva, su participación en las múltiples operaciones ilegales que fueron desarrolladas en forma organizada, sostenida y reiterada a lo largo de varios años, por un grupo de personas que cumplían diferentes roles y funciones”.
En ese aspecto, “se pudo probar que D’Alessio y Santoro planificaron en forma conjunta una maniobra a largo plazo que buscaba presentar en una causa judicial información obtenida y producida ilegalmente. Para ello, fue necesario que Daniel Santoro se ocupara de que el fiscal Carlos Stornelli recibiera y le tomara declaración a D’Alessio. El fiscal declaró que así ocurrió, y que Santoro se lo presentó como un agente vinculado a la Embajada de EE.UU., perteneciente a la DEA o la NSA”.
El fallo, explicó que “esta relación se sostuvo en el tiempo, desde el año 2016 y hasta que fue desbaratada la organización. Incluso luego de haber sido denunciados ambos, primero judicialmente por el empresario aduanero Gabriel Traficante en 2016 y, luego, por el empresario Claudio Codina en 2018 –en este último caso ante un editor de Clarín–“;
Entre los ejemplos múltiples que señala la causa, citan al caso de la “Mafia de la Aduana” en el que Gabriel Traficante denunció a D’Alessio y Santoro por el delito de extorsión. Allí, el periodista realizó una entrevista en el estudio jurídico de Rodrigo González que se emitió en Animales Sueltos y la misma “sería filmada por el hijo –menor de edad– del espía Marcelo D’Alessio y en presencia de este último”.
También figura el proceso de “espionaje ilegal y extorsión” a Mario Víctor Cifuentes en la que se “trató de una articulación dirigida a forzar al empresario a vender su empresa de servicios petroleros OPS, y lograr, de forma extorsiva, que éste abonara la cifra de 1.2 millones de dólares”.
En la causa se constató que en una reunión “D’Alessio exhibió armas de fuego, refirió ser ‘delegado de la DEA en Argentina’ y le manifestó que se encargaría de hacerle los arreglos económicos con los jueces, ponerle abogados, y que le cobraría un 10% en concepto de honorarios”.
En esa sintonía, en encuentros posteriores el falso abogado “no sólo volvería a exhibir armas, sirenas policiales, informes de inteligencia, sino además, para aumentar el poder coactivo de la maniobra que llevaba a cabo, haría expresa gala de su vínculo con el periodista Daniel Santoro. Le exhibiría fotos con él y le refería que los jueces le temían más a dicho periodista que al Consejo de la Magistratura”.
Además, se reflejan “maniobras vinculadas a la operación Porcaro” en la que dentro del material secuestrado en la vivienda de D’Alessio se encontró una carpeta con 20 archivos digitales, “entre los que se observan diversas imágenes y videos que ilustran lo que pretende mostrarse como una propiedad o vivienda de Roberto Porcaro” en la localidad bonaerense de Necochea.
En esta ocasión, se “hace hincapié en las vinculaciones políticas, relaciones familiares, negocios, etc. del nombrado. Especialmente, se denota un énfasis en la supuesta relación existente entre el ex vicepresidente Amado Boudou y Roberto Porcaro, así como otras personalidades de la política y el mundo empresarial que habían visitado la casa de aquél”.
El espiado ilegalmente declaró ante el tribunal y “refirió que fue objeto de investigaciones ilegales en virtud de su pertenencia política” ya que lo ligaban al kirchnerismo. A su vez, aseguró que las imágenes “no pertenecían a una de su propiedad sino que se trataba de la casa de un vecino suyo, es decir, a dos casas de distancia de la suya”.
Para el juez Ramos Padilla “las publicaciones de Santoro resultaban necesarias para los fines buscados por la asociación. No sólo para motorizar extorsiones, sino que las mismas publicaciones eran uno de los objetivos buscados por la asociación ilícita y condición necesaria para el desarrollo de las operaciones”.
La participación de Santoro, sostiene el fallo, “permitía hacer públicas las actividades desarrolladas contra un dirigente político opositor y esto habilitaba a que dichas actividades pudieran ser incorporadas –como en otras ocasiones– en un entramado de causas judiciales que existían en relación con él y a las que se buscaba ‘aportar’ del modo señalado”.
Por su parte, Carlos Stornelli también se encuentra más que comprometido en la causa que ya cuenta con el procesamiento por el delito de asociación ilícita e incumplimiento de deberes legales de funcionario público.
“Carlos Stornelli reconocía a Marcelo D´Alessio como una persona vinculada a los servicios de inteligencia y, pese a ello y por fuera de todo marco legal, reclamaba y recibía sus ‘informes’, ‘camaras ocultas’ e incluso a los supuestos ‘arrepentidos’ o denunciantes que éste le llevaba como un ‘paquete’ a su Fiscalía”, asegura el expediente.
Sobre la relación con D´Alessio, se constató que “si bien Stornelli había reconocido conocerlo desde –al menos– fines de octubre o principios de noviembre de 2018, existían distintos elementos objetivos que permitían dudar de esa afirmación, tales como que D´Alessio lo tenía agendado desde el año 2017”.
El fallo de Ramos Padilla expresó que “incluso durante el breve lapso de relación que reconoció el fiscal, se constataron al menos 8 operaciones, 5 encuentros personales, multiplicidad de conversaciones y gran cantidad de mensajes de texto y audio, que vinculaban a Stornelli con las actividades llevadas a cabo por la organización”.
En cuanto a la operación contra Pablo Erasmo Barreiro, el ex secretario privado de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras “la compulsa de la prueba digital hallada en los dispositivos electrónicos del espía, permitió conocer nuevas comunicaciones entre varios miembros de la organización criminal que coordinaban entre sí los distintos pasos de la maniobra y en las que expresamente señalaban estar siguiendo ‘instrucciones de Stornelli’.
“Esta valoración conjunta de la prueba es especialmente relevante en la operación Barreiro–CFK pues se trata, cronológicamente, de la primera en la que se observa la participación de Stornelli en el seno de la asociación delictiva dedicada al espionaje y aquella sucedida antes de, según Stornelli, conocer personalmente a Marcelo D´Alessio”, confirmó el fallo.
Entonces, Ramos Padilla en el fallo ordenó ampliar el procesamiento de Stornelli “en orden a estos hechos que perjudicaron a Pablo Barreiro y que encuadran en la figura de extorsión en grado de tentativa, en carácter de coautor, el que deberá concurrir de forma real con el delito de asociación ilícita vinculada con la inteligencia ilegal en cuyo marco se cometió y demás conductas penales por las que ya ha sido procesado”.
Fuente: InfoCielo
